ANDRES MESTRE. EXIGIMOS JUSTICIA

Sin Olvido 87

ANDRES MESTRE

Memoria y Justicia

Hace 12 años con la desaparición forzada y asesinato de ANDRES MESTRE ESQUIVEL, el 29 de agosto de 1995 en un caserío ubicado a menos de 5 minutos del perímetro urbano de Turbo se inició la burla, la mofa y la presión a su familia, en particular a su esposa DOLORES GUERRA. Todo es parte de una dinámica tendiente a asegurar la impunidad y el encubrimiento del Estado.

Hace 12 años, en horas de la mañana de ese día de zozobra, de angustia y de dolor, el último día de la presencia física de ANDRES, ella DOLORES con el alma desgarrada creyó que el Estado existía. En su transparencia luego de ver que su marido era llevado por un grupo de paramilitares, que en ese momento se hacían llamar de las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”, después cambiaron de nombre, y de oponerse infructuosamente a que se lo llevaran se dirigió a Turbo buscando las autoridades para que hicieran algo. DOLORES llegó a la personería y allí se encontró con la burla socarrona e irónica de la policía de Turbo, y así, pasaron las horas buscando en una puerta y otra puerta, y lo único que encontraba era el silencio, la frialdad o la risa de las instituciones. Con el paso de las horas y de los días comprendió que el Estado no es el garante, ni el árbitro que dice ser, sino una serie de cuerpos atrapados en las redes criminales o de la criminalidad.

Poco a poco en la región del Urabá Antioqueño se han desnudado los tentáculos de la interacción de la estrategia paramilitar con la Brigadas, los batallones y con las empresas. Existen testigos que muestran como alrededor de este crimen, y los que sucedieron en este caserío se iba adelantando un proceso de apropiación de fincas con producción bananera, se trataba de controlar tierra para la producción exportadora. Decisión en la que participan los empresarios tradicionales y los nuevos sectores de ricos que ofrecen además seguridad, bajo la estrategia paramilitar consentida por las Fuerzas Militares. Por eso, durante la detención, desaparición forzada de ANDRES muchos de los pobladores observaron la presencia de militares en el entorno del escenario de impunidad y todos han sido víctimas de la concentración de la tierra en pocas manos para el agronegocio bananero.

Desde hace 12 años por todos los medios a su alcance la familia de ANDRES ha transitado de despacho en despacho, ha aportado pruebas, ha ido tejiendo versiones e indicios que han ido esclareciendo lo que sucedió hace 12 años. Gracias a su persistencia se logró ubicar el lugar donde los paramilitares del Bloque Bananero enterraron a su esposo cerca de la pequeña parcela. Ella misma con prendas de ropa de su marido logró mostrar, no solo con las muestras de sangre, que los restos eran los de su compañero con quien desde los 16 vivió el amor.

Poco a poco, como inspirada en la bella mujer de la operación sirirí, ha ido desenterrando la verdad a pesar de que los circuitos de la impunidad se amplían. Lo que un día empezó en Turbo se ha trasladado a Medellín y a Bogotá en papeles y un expediente que destila negligencia, inoperancia, ineficacia. Hoy como la frialdad del guerrero el ente investigador continúa actuando, sin ubicarse en el lugar de la víctima, protegiendo a los victimarios, algunos de los cuales están a punto de ser extraditados por tráfico de drogas. Los investigadores, amantes de la facilidad, para llenar la formalidad se protegen tratando de que ella individualice a los responsables, no escatiman esfuerzos para desestimar el valor de DOLORES.

Y entonces, los justicieros que ofician como guerreros la acusan de haber acudido a la Comisión Interamericana solo con el propósito de desprestigiar a la justicia y buscar dinero. Ellos juzgan con su mirada mercantil porque creen que la justicia es algo que se compra y se vende, o porque creen que el amor es algo que tiene precio.

“Que voy a estar pensando en el dinero, cuando sueño con mi marido él está ahí, compartiendo su afecto, su abrazo, aún en las noches que pasan como una eterna soledad. Dice la fiscal que yo estoy buscando es plata porque demande internacionalmente el caso, pero quieren olvidar de un tajo que nunca tuve respuesta del e Estado colombiano o mejor si, que ahora con las declaraciones de los paramilitares, nos damos cuenta que es cierto mi pensamiento y los del resto de la comunidad atropellada por la misma causa. .Mi proyecto de vida que tenía construido junto a mi esposo y a mis hijos se desintegró; mis hijos no pudieron seguir estudiando, yo sufrí traumas; mientras que los actores del hecho que destruyó mi vida, la de mi esposo y la de mis hijos, junto con sus familiares gozan de trabajos, estudios y subsidios; lo que queda en claro es que los victimarios somos nosotros y las víctimas son ellos”

ANDRES está ahí, en noches de espera, en los sueños que lo evocan y lo traen, en el espacio de la intimidad, en el tiempo del amor, ese amor que suscita desenredar la maraña de la impunidad, que conmueve y que transforma, que exhuma la verdad, que afirma la justicia , que hace de los dolores esperanza y alegría.

Bogotá, D.C. 29 de agosto de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Medellin, un laboratorio optimo de las "chuzadas" telefonicas

La interceptación ilegal de líneas telefónicas por parte de las agencias estatales de seguridad es una práctica que ha hecho carrera en Colombia y, en el pasado, convirtió a Medellín y el Valle de Aburrá en un laboratorio óptimo.

Por Juan Diego Restrepo E

Escuchar las conversaciones con medios técnicos no se puede considerar como un hecho aislado del contexto de guerra que rodea al país ni del afán del Estado por restringir las libertades civiles y los derechos individuales en aras de imponer su concepción de seguridad democrática.

La piedra del último escándalo, que da cuenta de conversaciones de ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia) que evidencian sus actividades delictivas, y de por lo menos 94 personas más, entre funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas, miembros de la Iglesia Católica y periodistas, no es la única interceptación masiva que ha ocurrido en el país.

Medellín vivió entre diciembre de 1997 y febrero de 2001 una verdadera ‘feria’ de interceptaciones ilegales de líneas telefónicas, muchas de ellas de diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. En total, se ‘chuzaron’ 1.808 líneas utilizando firmas falsas de fiscales.

Al proceso de investigación penal y disciplinario fueron vinculados un funcionario de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y seis miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien se desempeñó entre 1997 y 1999 como comandante del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Pese a su incierta situación jurídica, fue nombrado en agosto de 2002 por el presidente Álvaro Uribe Vélez como Secretario de Seguridad de la Casa de Nariño.

Ambas situaciones revelan la fragilidad de la madurez política de las esferas del Estado relacionadas con la seguridad nacional y las flaquezas del Estado de Derecho. No sólo se violan garantías mínimas como el derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, reconocidos en la Constitución Política, sino que se pasan por encima las normas legales que regulan las interceptaciones telefónicas que se aplican en casos de investigación penal, y la impunidad protege a los responsables de estas acciones delictivas.

Sin lugar a dudas, con estas interceptaciones se están socavando las condiciones esenciales para que la democracia se afiance en el país, así se esté argumentando, como lo ha hecho el general (r) Guillermo Chávez, ex director de Inteligencia de la Policía, que esos procedimientos tienen sustento en la Constitución Política colombiana.

Las ‘chuzadas’ de Medellín

A finales de noviembre de 2000, una serie de hechos, todos fatales, le permitieron establecer a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que en la capital antioqueña algo estaba ocurriendo con las líneas telefónicas, en especial la de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

El primero de ellos fue la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, ocurrida la noche del viernes 6 de octubre del año 2000.

En el proceso de investigación que buscaba dar con el paradero de ambos defensores de derechos humanos, se descubrió que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida. Los investigadores quisieron constatar qué autoridad había dado la orden de interceptación dado que una línea telefónica sólo puede ser interceptada de manera legal si hay autorización del fiscal de conocimiento y la aprobación de la Dirección Nacional de Fiscalías.

Tras una visita a la central telefónica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), miembros del CTI solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de Asfaddes. La documentación entregada por los funcionarios de EPM demostraba que las órdenes estaban en regla: aparecían diligenciados y firmados, tal cual lo indican los protocolos judiciales, y en papel membreteado de la Fiscalía.

Las pesquisas posteriores demostraron que de la documentación entregada por EPM no había copias en la Fiscalía; además, al confrontar las firmas y letras de las órdenes con la del fiscal delegado ante el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se constató que eran falsas.

Esta sucesión de hechos irregulares llevó a los investigadores del CTI a revisar órdenes similares y se encontraron cientos de órdenes de interceptación telefónicas falsas, elaboradas y enviadas desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo y la sede del Gaula de la Policía. En total, se hallaron 1.808 líneas interceptadas por órdenes expedidas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, discriminadas así: en 1997, 39 líneas; en 1998, 682 líneas; en 1999, 718 líneas; en 2000, 339 líneas, y en 2001, 30 líneas.

Ante estas evidencias, el 18 de abril del 2001 la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los coroneles Mauricio Santoyo Velasco y Germán Eduardo Flórez Sánchez, ex comandantes del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al capitán Nelson Baracaldo Caballero, los sargentos José Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango, el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez y un supervisor del área de seguridad de EPM, Rodrigo Bastidas Abril, por su presunta participación en la interceptación de líneas telefónicas en forma ilegal.
En declaraciones a la prensa en esa época, el general Jorge Daniel Castro Castro, quien para esos años de desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseveró que “estas personas se han distinguido por ser unos luchadores contra el secuestro, como les consta a todos los ciudadanos de Medellín. Han sido unos hombres que han entregado lo más valioso de su carrera profesional en aras del rescate y de evitar tanto secuestro y extorsión. Por eso es que nosotros esperaremos el desarrollo de la investigación y que ellos salgan bien librados de este problema”.

Tras escucharlos en indagatoria y comprobar que no existió “indicio grave de responsabilidad”, el 30 de mayo de ese año la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de proferir medida de aseguramiento a favor de Santoyo Velasco y Flórez Sánchez. Los demás sindicados seguirían vinculados a la investigación. En agosto 29 de 2003, el ente acusador los absolvió por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación.

Para nada sirvió la solicitud de un agente de la Policía adscrito al Gaula de Medellín, quien de manera anónima le expuso al Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, la situación que venía ocurriendo en la institución dedicada a combatir la extorsión y el secuestro mediante una carta fechada el 16 de abril de 2001.

“Soy un agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula Urbano de la ciudad de Medellín. Las irregularidades que se viene presentando al interior de esta dependencia son muchas”, escribió el agente. “Todo viene desde que estuvo como jefe el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco y subjefe el señor capitán Grijalva Suárez, quien de forma abierta y directa le colaboraba a la banda la Terraza y a los paramilitares...”.

“La colaboración –explicó– se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG que tuvieran que ver con la subversión”.

Hacia la impunidad

En el proceso de investigación fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez, agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en calidad de analista de la sala técnica. Su función allí consistía en escuchar y grabar las llamadas telefónicas de las líneas intervenidas, relacionarlas, archivarlas y reportarlas a sus superiores.

El homicidio ocurrió en la mañana 4 de abril de 2001 a pocos metros de la puerta de ingreso a la Escuela de Carabineros Carlos Holguín. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo alcanzaron y le dieron muerte de trece impactos de bala. Ceballos Gómez había sido citado para el 6 de abril dentro del proceso de las interceptaciones ilegales por la Procuraduría General de la Nación para que compareciera ante el procurador de derechos humanos Jorge Eliécer Gaitán Peña. Su testimonio era valioso por cuanto había sido identificado como la persona que entregaba en EPM las órdenes que daban vía libre a la interceptación ilegal de las líneas telefónicas.

Pero no bastó asegurar su silencio con su muerte. Durante un allanamiento a su residencia, realizado por la fiscal Marilyn Monsalve, se pretendía buscar información que aportara pruebas de las interceptaciones ilegales. Hallaron una caja con papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. El material implicaba aún más a quienes comandaron el Gaula de la Policía en los años de las interceptaciones, pero en un descuido de la fiscal las pruebas desaparecieron del lugar de la inspección. Nadie sabe cómo.

Pese a todas las adversidades y a la decisión de la Fiscalía a favor de los oficiales Santoyo Velasco y Flórez Sánchez, la Procuraduría General de la Nación persistió en sus investigaciones y el 9 de octubre de 2003 profiere un fallo sancionatorio contra los seis miembros de la Policía Nacional, consistente en la destitución y en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.

En su decisión, la Procuraduría argumentó que las conductas atribuidas al coronel Santoyo Velasco “se endilgan a título de dolo, pues él conocía con suficiencia cuál era el procedimiento legal para la interceptación de teléfonos y los requisitos sustanciales y formales que se debían atender previamente”.

“Aun así –continúa el Ministerio Público– consciente de la ilegalidad de su proceder, consintió y aprobó la realización de las interceptaciones por fuera del marco constitucional y legal. Además, con su conducta interfirió de manera arbitraria e injusta en la vida privada de las personas afectando con ello un servicio de naturaleza esencial, como lo es el de justicia, poniendo en riesgo el principio de transparencia y lealtad, toda vez que con su actuar por fuera de la ley, pretendió entre otros fines, lograr éxitos en las investigaciones confiadas al Gaula (...) sacrificando derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia”.

El mismo día de conocido el fallo, la Casa de Nariño expidió un corto comunicado en el que afirmó que “ante la decisión de la Procuraduría, el coronel Mauricio Santoyo interpondrá el recurso de reposición, al que hay lugar en este caso. La Presidencia de la República esperará el fallo definitivo de la Procuraduría”.

Lo que vino después fue una cadena de decisiones que favorecieron a Santoyo Velasco. La primera de ellas fue la del Consejo de Estado, que determinó que el oficial podrá seguir en el servicio activo mientras se resuelve su petición de nulidad del fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación. Luego, el Ministerio de Defensa, mediante el Decreto 2635 de diciembre de 2006 ordenó el reintegro provisional del ex comandante del Gaula de Medellín. Y, como si fuera poco, en ese mismo mes, la junta asesora de la Policía Nacional lo llamó a adelantar, durante 2007, el Curso Integral de Defensa Nacional, con el cual será promovido al grado de Brigadier General.

Caminos contradictorios

Es paradójico el camino recorrido por el coronel Santoyo Velasco si compara su caso con el de los 11 generales llamados a retiro el 14 de mayo pasado, entre ellos el general Jorge Daniel Castro Castro, director de la Policía Nacional, cuando se conocieron las grabaciones de las conversaciones de varios ex jefes paramilitares de las AUC recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, quienes, según las evidencias continúan delinquiendo desde el penal.

De acuerdo con el propio Gobierno Nacional, las grabaciones y la filtración fueron realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); además admitió que las grabaciones se venían haciendo desde hacía más de dos años a personas que no estaban siendo objeto de investigación alguna, entre quienes se encuentran miembros del propio Gobierno, congresistas y periodistas.

Pero ante la filtración de estas conversaciones, la reacción del Gobierno Nacional no fue la de esperar resultados de investigaciones, tal como se le aplicó al caso del ex comandante del Gaula en Medellín, sino la de considerar las interceptaciones telefónicas como “un procedimiento totalmente inaceptable, ilegal y contrario a la política del gobierno, a las instrucciones que en tal sentido han impartido el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, y al buen comportamiento y nombre de una institución tan cara y tan importante para los colombianos, como es la Policía Nacional”.

De inmediato, el Presidente de la República dio la orden a sus nuevos oficiales para que se adelantara una investigación interna “para dar con los responsables de estos hechos tan deplorables y sancionarlos ejemplarmente”.

Y justo el martes 29 de mayo, en el Congreso de la República, el general Oscar Naranjo, nuevo director de la Policía Nacional, explicó que lo ocurrido con las grabaciones no fue propiamente una ‘chuzada’ masiva de líneas telefónicas sino un ‘monitoreo’ de las comunicaciones en el espectro electromagnético de zonas específicas donde, se presumía, se estarían coordinando actividades ilegales. En particular, se referenciaron durante los últimos dos años Santa Fe de Ralito, sitio inicial de concentración de los jefes de las AUC desmovilizados y, posteriormente, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

En esencia, y contrario a las reacciones iniciales del Gobierno Nacional, el procedimiento mediante el cual se obtuvieron esas grabaciones no es ilegal, puesto que, de acuerdo con el general Naranjo y el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, es una labor de inteligencia a través de un manejo técnico del espectro electromagnético que captaba y almacenaba la información o comunicaciones que salían y entraban de algunos sitios del país.

Lo que sí fue considerado ‘ilegal’ por las propias autoridades fue la filtración de las grabaciones a la revista Semana, un acto que le permitió al país darse cuenta que el respeto a las libertades civiles y los derechos individuales, sobre todo los relacionados con la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no son tan sólidos cuando se trata de consolidar la seguridad democrática.

Además, este nuevo escándalo permite establecer que cuando se trata de obtener beneficios mediante estos mecanismos antidemocráticos, el Estado puede buscar las alternativas para proteger a quienes infringieron la ley, como en el caso del coronel Mauricio Santoyo Velasco, o de someter al escarnio público a todo un cuerpo de generales, como ocurrió la mañana del 15 mayo. Todo depende, en esencia, del interés político del momento.

Agencia de Prensa IPC de Medellín, Colombia.
(57 4) 284 90 35
http://www.ipc.org.co/

40 AÑOS DE CARCEL A MILITARES COLOMBIANOS POR ASESINATO DE SINDICALISTAS

Bogotá, agosto 28 (Novacolombia). Un subteniente y tres soldados colombianos fueron condenados a penas de 40 años de cárcel por el asesinato de tres dirigentes sindicales en el departamento de Arauca hace tres años, informaron hoy fuentes judiciales.

Durante el juicio se demostró que el Subteniente Juan Pablo Ordoñez y los soldados Jhon Jairo Hernández, Walter Loaiza y Oscar Saúl Cuta, fueron los responsables del homicidio de los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chapucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez.

Asimismo fue condenado a igual pena Daniel Caballero Rozo, Alias Patilla, desertor de un grupo insurgente, quien fue el encargado de realizar un montaje contra los tres líderes, al acusarlos de ser cooperantes de los grupos guerrilleros.

La muerte de los dirigentes sindicales, ocurrida en el caserío Caño Seco, del municipio de Saravena, fue muy controvertida en su momento, pues las autoridades trataron de tergiversar la situación.

En su momento, incluso el vicepresidente del gobierno, Francisco Santos, dijo que eran guerrilleros, mientras que las fuerzas militares insistieron en que habían sido muertos en combate.

Sin embargo, las pruebas de balística y declaraciones de testigos demostraron que las víctimas fueron muertas por disparos hechos a corta distancia y que estaban aparentemente en estado de indefensión.

Los militares, adscritos al Batallón Reveiz Pizarro con sede en el municipio de Saravena, en la actualidad se encuentran presos en el centro de reclusión militar de la localidad de Tolemaida.
El fallo ordena además continuar la investigación con el fin de establecer otros presuntos responsables, incluyendo a altos mandos militares.

CAPTURAN EN RUSIA A YAIR KLEIN, MERCENARIO ISRAELI QUE ENTRENO A LOS PARAMILITARES

Bogotá, agosto 28 (Revista Semana). Se trata del hombre que enseñó a matar a civiles en operaciones de comandos de asalto. Trabajó para el narcotraficante José González Rodríguez Gacha, alias ‘El Mejicano’ aunque el dice que llegó a Colombia traído por la Fuerza Pública. Se inician los trámites de su extradición.

El recuerdo más nítido de las acciones del mercenario israelí Yair Klein está en viejas imágenes de noticieros de televisión cuando se veían a hombres armados disparar desde sus camionetas a blancos que simulaban personas. Los colombianos empezaron a rumorar que algo malo se estaba cocinando en ese simulacro que se realizaba en lujosas haciendas del Magdalena Medio.
En efecto, a los pocos días el rosario de masacres contra civiles indefensos empezó a llenar de dolor el país. Segovia, San Carlos, Urabá. Eran crimines similares en poblaciones antioqueñas que luego se fueron multiplicando en el resto del país. Detrás de esos jóvenes sicarios estaba la mano “formadora” del este mercenario, al que pagó el narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha. Eran las bandas de sicarios que luego crecieron hasta convertirse en una federación agrupada en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ese hombre que les dio la instrucción militar fue capturado en Moscú. La INTERPOL avisó a su similar de Colombia que de inmediato reportó la noticia al Gobierno.

El presidente Álvaro Uribe al informarse del hecho –según confirmó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, exigió de inmediato su extradición, tramite que ya se inició. El saliente director del DAS, Andrés Peñate, lo califica de “terrorista y bandido, entrenador de grupos de sicarios formadora”. Y anunció que su extradición puede tardarse entre 60 días y un año.
Las últimas noticias que conoció Colombia sobre el mercenario israelí Yair Klein se dieron en 2002. En ese año, el Tribunal Superior de Manizales lo condenó a 10 años y ocho meses de prisión y a pagar una multa de 22 salarios mínimos. El motivo era su participación en el fortalecimiento y adiestramiento en prácticas de guerra a grupos paramilitares. Aunque nunca fue capturado, parecía que su historia con Colombia había terminado. Ahora podrá terminar aquí sus días en una cárcel de Máxima Seguridad.

Recientemente, el programa ‘Hablando claro con la prensa’, del Canal Caracol, emitió una entrevista con el tristemente célebre personaje. En ella, critica el proceso de desmovilización de los paramilitares. “Es una estupidez y una falta de liderazgo desarticular a los paramilitares sin haber acabado con la guerrilla. Ahí hay presiones extranjeras porque el gobierno colombiano no puede ser tan tonto para ello”, dijo.

En sus declaraciones al programa, Klein advirtió que volvería a Colombia si lo necesitaran para acabar con la guerrilla, que era la importante tarea que inició en el país en 1987 y que no se ha concluido. Volvería para exterminar a la guerrilla y porque “el mejor capítulo de mi vida fue mi paso por Colombia”, de acuerdo con sus declaraciones.

Personaje siniestro

El siniestro personaje dice que se lamenta de no haber podido hacer más para claudicar aquella meta y que la causa de la guerra era válida en aquel entonces y lo sigue siendo ahora. Tal y como lo ha venido sosteniendo desde su primera llegada a Colombia, en el espacio de televisión volvió a ratificar que el primer contacto con este país fue con el Gobierno.
Su versión es que vino en el 87 para lograr que la Policía contratara su empresa Speardhead para entrenar a sus miembros en asuntos de defensa y seguridad personales. Klein había dicho en años pasados que en ese primer viaje se entrevistó con el general de la policía Carlos Arturo Casadiego y con representantes de la empresa Atlas Seguridad. En 1988 y 1989 hizo nuevas visitas al país “porque fue cuando me contrataron para dictar cursos en Puerto Boyacá”, según le declaró a SEMANA en el 2002.

Cuando llegó a aquel sitio, estuvo en un encuentro “con unos ganaderos de Acdegam que estaban asediados por las guerrillas. Y fue así como llegué a esta región a preparar grupos de autodefensa. Eran ganaderos y campesinos que no aguantaban más a la guerrilla”, dijo en aquel entonces y lo sigue diciendo ahora. La razón era que el Ejército no podía defender sus derechos, entonces les tocaba asumir la seguridad por sus propios medios. Según sus palabras, los entrenamientos eran militares y de defensa y de ninguna manera de crímenes o asesinatos.
Fidel Castaño, uno de sus alumnos

Su invento se volvió un monstruo. De aquel grupo de 60 hombres que adiestró en aquel entonces, salieron temidos asesinos que sirvieron para manchar de más sangre la historia de Colombia. Un testimonio que rindió uno de aquellos hombres ante la Fiscalía en 1993, cuenta que “recibimos entrenamiento en la finca Las Tangas. Allá nos enseñaron a manejar armas, explosivos y a diseñar y montar planes para asesinar gente”.

El jefe de aquel grupo era, ni más ni menos, que Fidel Castaño, uno de los padres del paramilitarismo. Según aquel combatiente, la consigna del jefe era tajante: “acabar con la delincuencia del país”. Y, al finalizar el entrenamiento con Klein, les dijo que “por el trabajo que van a hacer, recibirán una paga de 150 mil pesos mensuales y una bonificación de 200 mil pesos por cada h.p. guerrillero y campesino torcido que maten”.

Entre aquel grupo de 60 combatientes, se encontraba el temido Alonso de Jesús Baquero, conocido en la guerra con el alias de ‘Negro Vladimir’. Además de su apodo, cargaba con el meritorio calificativo de ser el mejor alumno de Klein. Entre 1987 y 1989, asesinó a más de 100 personas. De aquellos años de preparación con el mercenario israelí, ‘Vladimir’ guardó el recuerdo de haber recibido lecciones sobre la táctica inglesa y la alemana. “Consistía en que al enemigo hay que exterminarlo de raíz”, comentaba en 1997. Y erradicarlo significaba había que disparar ante cualquier sospecha.

Tiempos de sangre

“Nos dijeron que un guerrillero o un auxiliador de la guerrilla, ubicado en un sitio clave, nos podía hacer mucho daño. Entonces salimos a perseguir a los colabores y al brazo armado de las Farc. Y les dimos muy duro. Al que detectábamos, le dábamos. Fue apasionante ser alumno de Klein”, comentó ‘Vladimir’ en una entrevista con SEMANA.

Seis meses después del primer entrenamiento con Klein, un grupo de 40 hombres pasó a la finca La Isla, en Puerto Boyacá. Aquella era propiedad de José Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mejicano’, uno de los más sangrientos capos del Cartel de Medellín. Su interés era formar un grupo de protectores armados que cuidaran sus extensas propiedades en aquella región.

De nuevo, el instructor sería Klein, que esta vez se encargó de convertir a aquellos aprendices en expertos en explosivos, en tácticas de asalto y en técnicas de asesinato. Como parte del curso, había una lección consistente en armar y desarmar un carro bomba en menos de dos horas, según lo recordó en 1993 uno de los alumnos. De esos 40 seleccionados, sólo 20 aprobaron el curso. Entre ellos estaba ‘Vladimir’. Con el paso de los años, se supo de la responsabilidad de aquellos hombres en las muertes del procurador Carlos Mauro Hoyos, el cantante de vallenatos Rafael Orozco y los hermanos Jairo y Alex Durán.

Su origen

Estas son sólo algunas de las huellas que dejó el paso de Klein, un monstruo salido de las propias entrañas del ejército israelí. Desde su adolescencia, como ocurre con la mayoría de sus compatriotas, ingresó a la carrera militar. Sus méritos lo llevaron a ser seleccionado para conformar los grupos especiales de asalto. Fue así como se familiarizó con todos los secretos de la defensa militar de su país y participó en acciones tan audaces como la que en 1972 permitió rescatar a decenas de rehenes cautivos en un avión libio, en el aeropuerto de Lod, en Tel Aviv.
Para que no quedaran dudas de su eficiencia, a Yair y a sus sicarios sólo les tomó siete y medio segundos ingresar a la nave y neutralizar a los terroristas. Por el estilo fueron muchas de sus actuaciones posteriores. Con apenas 36 años de edad y con una vasta experiencia en el campo militar, en 1978 decidió dejar el ejército. Fue entonces cuando se dedicó a los negocios. Primero montó una bomba de gasolina y luego un restaurante. En ambos fracasó.

Comprendió entonces que la paz no era su negocio y se enlistó en las Fuerzas Militares de su país y llegó a comandar un batallón y una brigada de infantería que peleó en la guerra del Líbano. Esta segunda experiencia militar le duró hasta 1983, cuando entró a engrosar las filas de los casi 100 oficiales de reserva y a crear, como muchos de ellos, su propia firma de asesorías en seguridad, la Hod Halanit, una empresa mediana que funciona en una oficina de Tel Aviv. La decisión de poner los conocimientos militares al servicio de los negocios es muy común en un país como Israel, donde el servicio militar es obligatorio. "Si usted toma a un tipo que crece en una granja y va al ejercito, cuando sale, sabe dos cosas: cultivar tomates y hacer la guerra. Y hay mucho más dinero en la guerra”, dice Aharon Klieman, profesor de ciencia política de la Universidad de Tel Aviv.

El primer cliente de la Hod Halanit fue un contacto hecho durante el conflicto del Líbano, la milicia de la Falange Cristiana, el grupo responsable de las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila. “La Falange necesitaba cinturones, cascos y equipo personal”, dijo Klein. El negocio fue sustancioso. Recibió dos millones de dólares por la venta de armas y equipo. Desde entonces, se dedicó a enseñar y promover el arte de la guerra por todo el mundo. Entonces llegó a Colombia y ayudó a formar el germen de un monstruo que con el tiempo bañaría en sangre a todo el país. Luego se marchó y reapareció en el programa de televisión. Hasta hoy cuando trascendió de su captura en Rusia. De donde debe ser extraditado a Colombia para que responda por sus sangrientas acciones.

UN ASESINATO ENCUBIERTO

El Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán fue asesinado por el Ejército Nacional en 1985.

El magistrado Carlos Horacio Urán fue asesinado por agentes del orden tras la toma del Palacio de justicia en 1985. De eso ya no cabe la menor duda. Y esta no fue la primera ni la última vez que la que las Fuerzas Armadas recurrieron al crimen y al asesinato de personas en estado de indefensión para protegerse de investigaciones que los señalaban como violadores de los derechos humanos, para desaparecer testigos o para silenciar opositores al régimen que tantos beneficios y garantías les otorgaba.

El reciente hallazgo de un video que enseña sin lugar a equívocos el instante en el cual el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán abandona el Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985, tras la operación Rastrillo ejecutada por las Fuerzas Armadas de Colombia, en respuesta a la toma del Palacio perpetrada por el comando Iván Marino Ospina del M-19, sólo confirma lo que ya se sabía: que no sólo guerrilleros fueron ejecutados con tiros de gracia por las fuerzas del orden, sino que civiles y magistrados también fueron asesinados por efectivos de la Policía y el Ejército Nacional y no como resultado de un cruce de fuegos, sino de modo intencional.

Ya en 1989 el informe que presentó Medicina Legal y que reprodujo el Juzgado Treinta de Instrucción Criminal, y cuyo aparte publicamos en el libro “Prohibido Olvidar. Dos miradas sobre la toma del palacio de Justicia”, escrito a cuatro manos con el senador Gustavo Petro (ver página 281) se afirmaba que el magistrado Urán había muerto fuera del baño a causa de una laceración cerebral producida por un proyectil de arma de fuego de 9 mm (como el que le costó la vida al presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía pero que a diferencia de Urán se encontró en su tórax parcialmente calcinado).

Carlos Horacio Urán recibió un disparo a contacto, es decir que la persona que le disparó se encontraba a menos de 30 centímetros de distancia, lo que indica que el objetivo del disparo era asesinarlo. Urán era un hombre de avanzada, un demócrata en el estricto sentido de la palabra, un genio de la jurisprudencia colombiana, había militado en la ANAPO, por eso conocía a Andrés Almarales, y como el mismo Manuel Gaona Cruz se había puesto del lado de la justicia y los derechos humanos, posiciones imperdonables por unas fuerzas militares adiestradas en el esquema del Cono Sur bajo el fantasma de la guerra fría.

La Corte de Justicia y el Consejo estaban emitiendo fallos condenatorias contra las fuerzas armadas por el caso de Olga López de Roldán y de miles de civiles y guerrilleros torturados y asesinados en batallones militares, y por ello junto a las amenazas de los extraditables, también habían recibido un “Réquiem para un Consejo de Estado”, en el que se les acusaban de títeres del comunismo. ES DECIR QUE LOS MAGISTRADOS ERAN VISTOS COMO ENEMIGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, Y A ESTAS COMO ES OBVIO SUPONER NO LES INTERESABA SU SEGURIDAD, MENOS SU SUPERVIVENCIA Y POR EL CONTRARIO ANSIABAN SU MUERTE. LA ACCIÓN DEL M-19 LES DIO LA OPORTUNIDAD.

Hoy se revela al país a través de los medios de comunicación, que el magistrado Carlos Horacio Urán salió con vida del Palacio y que al igual que el comandante del operativo “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, Andrés Almarales Manga, y el conductor José Eduardo Medina Garavito, visto con vida en la Casa del Florero por varios testigos, fue ejecutado fuera del Palacio, después de ser identificado por supuesto, y su cadáver regresado al Palacio para ser sacado posteriormente entre los muertos.

Los magistrados José Eduardo Gnecco Correa, Horacio Montoya Gil, Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona Cruz entre otros, las auxiliares Aura Nieto de Navarrete[1], Luz Estela Bernal Marín, y muchos más, murieron como lo detalla Medicina Legal por armas de fuego del Ejército Nacional. Incluso en los casos de las mencionadas auxiliares se consideró que habían sido ejecutadas con tiros a contacto porque los disparos efectivamente se realizaron a muy corta distancia y no fue a causa de las balas que entraron a través del boquete del baño como se quiso hacer creer; boquete que entre otras, fue abierto por el Ejército tras declarar como consta en las grabaciones de las comunicaciones interceptadas: Imposible que haya tanta gente en un baño. Vuélenlo, después les hacemos un monumento). El sobreviviente Gabriel Salóm Becerra resultó gravemente herido por fragmentación del revestimiento metálico de un proyectil utilizado en la demolición de una pared, un rocket ATN 72 o granada de 90 mm disparada por un tanque; luego fue víctima de intento de secuestro cuando una ambulancia fantasma quiso sacarlo de Cajanal, y encima fue amenazado y tuvo que exiliarse del país.

Las “nuevas” evidencias que no son nuevas, y que vienen sacudiendo al país desde hace algunos meses atrás, sólo demuestran que nunca existió voluntad política por aclarar lo que sucedió, que desde las altas esferas del poder nacional, se trato de cerrar el caso achacándole toda responsabilidad al M-19 y asegurando larga e impune vida a la cúpula militar y a los mandos medios que con “carreras pulcras” y sin investigaciones de ningún tipo en su contra, se convirtieron en generales de la República.

No obstante, llama la atención que sea durante los últimos meses que se encuentren en las bóvedas del B-2 los papeles personales de Urán, que en la oficina del entonces coronel Plazas Vega se descubra el video que demuestra claramente que la cajera Cristina del Pilar Guarín, salió con vida, y que un anónimo remita el video donde se distingue a Carlos Rodríguez el administrador de la cafetería; y llama la atención porque todo este es material viejo de archivo inexplicablemente nunca fue investigado seriamente por las autoridades, pese a las denuncias sobre desapariciones forzadas, a las decenas de testigos que los vieron primero salir con vida del Palacio y luego muertos, es decir que afuera fueron asesinados y sus cadáveres posteriormente regresados como en los casos arriba citados. ¿Para qué? La orden era fumigar, matar y matar, que nadie saliera con vida, que nadie pudiera contar lo que allí se vivió, que nadie pudiera atestiguar después sobre el horror padecido y los crímenes que intencionalmente ejecutaron las fuerzas del orden. Había que tapar evidencias, esconder los cadáveres asesinados y ejecutados, incluso había que calcinarlos, lavar el lugar, evitar la oportuna llegada de médicos forenses y luego, al abrazo del gobierno cómplice, vender la imagen de un ejercito triunfal en defensa de las instituciones y la vida.

El engaño perduró es verdad, lograron que muchos testigos se silenciaran, muchos fueron y siguen siendo amenazados, desaparecieron muchas evidencias, retardaron procesos, provocaron la preclusión de varios, pero no lograron el olvido ni la eterna impunidad. Los militares asesinos que aún viven tienen una cuenta pendiente con la justicia y con el país, y al parecer la cuenta de cobro al fin llegó.

Es hora de recordar como bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala se instaló el militarismo salvaje bajo el estatuto de seguridad, como los civiles eran procesados por tribunales penales militares, como fueron torturadas cerca de 10 mil personas en las escuelas y batallones militares, como muchos fueron desaparecidos en la Charry Solano (en un lago de pirañas, se especula) y en la Escuela de Caballería, y como los valientes magistrados en 1985, llevaron 1800 procesos contra la Fuerzas Armadas por torturas y violaciones a los derechos humanos y habían dictado sentencia en junio de ese año, contra el ex ministro de Defensa Luis Carlos Camacho Leyva, contra el ex presidente Turbay y contra el entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, llamado por Betancur, como el ministro de la Paz.

Colombia después de la toma nunca volvió a ser la misma, y seguramente después de que rueden las cabezas del general Jesús Armando Arias Cabrales, del Mayor Carlos Fracica Naranjo, del Coronel Rafael Hernández López, del Mayor Joaquín Téllez Posada, del general Rafael Samudio Molina, Miguel Ángel Cárdenas, Guillermo León Vallejo, del oficial Luis Carlos Savdonick Sánchez del los tenientes coroneles Gabriel Arbeláez Muñoz y Pedro Antonio Herrera Miranda quienes mintieron para justificar el abrupto retiro de las urgentes medidas de seguridad impuestas en el edificio, y quienes en vez de ser sancionados fueron ascendidos, incluso del responsable del fatal operativo del cuarto piso, el general Víctor Delgado Mallarino y del también responsable de la seguridad del Palacio, Miguel Alfredo Maza Márquez, ex director del DAS, señalado también de perpetrar torturas pero sin acusaciones formales en su contra y de Belisario Betancur entre otros tantos; la justicia volverá a ocupar el lugar que la masacre le arrebató y ahí si, se abrirán genuinos caminos de esperanza y reconciliación.
[1] Ver en el libro Prohibido Olvidar. Página 297.

SOS
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
CONTINUA RACHA DE CRIMENES DEL EJERCITO CONTRA CAMPESINOS DEL
SUR DEL TOLIMA


Las comunidades campesinas del sur del Tolima, Colombia. Se permiten informar a la opinión pública nacional e internacional que:

1. El día jueves 23 de agosto de 2007, a las 6 de la mañana, llegó un grupo de militares a la casa del campesino RUBEN DARIO LUNA TRIANA, de 48 años de edad, padre de 6 hijos, habitante de la finca Las Delicias, ubicada en la vereda San Pablo Hermosas, municipio de Chaparral, al señor Rubén lo hicieron salir hacia el patio de la casa, lo llevaron hacia el beneficiadero de café y allí en presencia de su esposa e hijos, en un acto de sevicia uno de los militares después de torturarlo, prosiguió abriéndole el pecho y el estómago con una puñaleta y luego lo remató con un tiro de pistola en la cabeza.

2. A la casa del señor Ruben Darío Luna Triana, llegó el Ejército acompañado por un antisocial de nombre Nilson Medina Cometa, apodado “Maseta”, conocido en la región por sus conductas delincuenciales, éste sujeto iba uniformado, armado y con pasamontañas.

3. Este antisocial, quien había salido de la región años atrás ante el rechazo de la comunidad por su conducta delincuencial, aparece ahora trabajando al servicio del Batallón José Domingo Caicedo como informante.

4. Existe un Plan criminal dirigido por el ejército para matar campesinos en la región y para ello está utilizando delincuentes pagos, quienes señalan y ordenan directamente a quienes deben matar, como fue el caso del señor Ruben Darío Luna Triana, asesinado por orden del antisocial Nilson Medina Cometa.

5. Este crimen no es casual, hace parte de un plan siniestro diseñado por el ejército para asesinar campesinos y presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate y mostrar así resultados ante la permanente presión del señor Uribe y la cúpula militar de mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia armada, así sea a costa de masacrar a inocentes campesinos.

6. En los últimos 10 meses han caído muertos víctimas del terrorismo oficial, en Rioblanco y Chaparral los campesinos Miguel Ipus Medina, asesinado el 20 de Noviembre de 2006 en la vereda La Pradera, municipio de Rioblanco, Heremildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero y Abelino Rada Vargas, asesinados el 29 de Noviembre de 2006 en la vereda Maracaibo, municipio de Rioblanco, Hersai Yate Urbano, asesinado el 20 de Mayo de 2007 entre las veredas La Cristalina y El Cambrin, Rioblanco, Camilo Avilez Morales y Jesús María Riaño, asesinados el 19 de Julio de 2007 en la vereda Espíritu Santo, Chaparral, Isaul Buitrago Ospina, asesinado el 7 de Agosto en Gaitán, Municipio de Rioblanco.

7. Rechazamos las declaraciones peligrosas e incendiarias del Coronel Iván Pineda, comandante de la Brigada Móvil No 8, aparecidas en el diario el Nuevo Día (jueves 16 de agosto de 2007), cuando señala, “Para nadie es un secreto que en esta región nacieron los grupos armados ilegales, que quienes decidieron quedarse fueron únicamente aquellos que comulgaban con sus actuaciones, entonces la presencia del ejército allí ha chocado con lo que ellos han venido haciendo”. Con esta tesis que no es autoría exclusivamente del Coronel Pineda, el ejército pretende legitimar y justificar los crímenes atroces que vienen cometiendo y pretenden continuar. El hecho de haber nacido y criado en esta hermosa región de lo cual nos sentimos orgullosos no quieren decir que seamos guerrilleros, vivimos y trabajamos de manera pacífica allí porque la agricultura es nuestro único medio de subsistencia. La existencia del movimiento guerrillero no es responsabilidad de los campesinos e indígenas, tampoco la existencia del conflicto armado interno, este es un problema del estado que se niega a resolverlo y por el contrario lo profundiza.

8. Rechazamos la actitud demagógica e irresponsable con la que se viene manejando la crítica situación de violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Tolima, prueba de ello es que después del crimen de los campesinos Camilo Avilez Morales y Jesús María Riaño en Chaparral, hecho acontecido el 19 de julio y después de la marcha de protesta del 3 de agosto, el Gobernador Fernando Osorio Cuenca, instaló una mesa de “Convivencia” que no es más que una burla a las comunidades, pues a los campesinos los siguen matando en cumplimiento de los planes orquestados por los mismos comandantes militares que llegan a la mesa de “Convivencia” en forma burlona y arrogante a justificar sus crímenes.

9. Con la mesa de “convivencia” pretenden descrestar a ilusos líderes que creen en la demagogia gubernamental que los inmovilizan con falsas promesas para que no protesten ni exijan la plena vigencia de los Derechos Humanos en la región.

Solo la movilización organizada de las comunidades logrará detener la política criminal de la seguridad democrática que tiñe de luto y dolor las familias campesinas del Tolima.

Hacemos un llamado a todas comunidades campesinas e indígenas, obreras, estudiantiles, defensoras de Derechos Humanos del Tolima, de Colombia y el mundo a cerrar filas contra la barbarie y el terror agenciados por el Gobierno Nacional.


COMUNIDADES CAMPESINAS SUR DEL TOLIMA
Agosto 24 de Agosto de 2007


APOYA ESTE PRONUNCIAMIENTO LA RED DE PROMOTORES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL TOLIMA

COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS
C. N. D.
“PARA NUNCA MAS ESTAR SOLOS”

DENUNCIA PÚBLICA No. 2
PERSECUCIÓN POLÍTICA, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y ALLANAMIENTOS ILEGALES EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS
-C.N.D-

La Coordinación Nacional de Desplazados -C.N.D-, es un Espacio de Unidad de Acción donde convergen un sinnúmero de distintas expresiones organizativas de población desplazada a nivel local, regional y nacional, con asiento en diferentes partes del país. Teniendo como propósito articular esfuerzos para exigir el cumplimiento de garantías para el ejercicio de sus derechos, frente a las políticas públicas adoptadas por el Estado para su atención, sin descuidar el análisis de los factores que alimentan el conflicto armado y socioeconómico que vive el país y que toman el Desplazamiento Forzado como una estrategia de guerra y muerte, ponen en conocimiento de la comunidad nacional e internacional el allanamiento ilegal a la oficina principal de nuestra organización.

Durante el fin de semana comprendido entre el día sábado 18 al día lunes 20 de agosto de 2007, la sede principal de la C.N.D fue presuntamente asaltada; llevándose el disco duro de uno de los equipos, información digital contenida en discos compactos, diskettes, carpetas con copias de denuncias; los cuales contenían información de nuestra labor como Defensores de las Víctimas del Desplazamiento Forzado. La información sustraída tenía el carácter confidencial, lo cual pone en peligro a Dirigentes de organizaciones de desplazados y sus afiliados en todo el país.

El edificio en donde se encuentra la sede de la C.N.D no registra ningún tipo de entrada al piso, y la seguridad que poseemos para el ingreso a nuestra oficina es una puerta de seguridad la cual fue entregada en el pasado como esquema de seguridad a otra organización defensora de derechos humanos.

Vemos con preocupación la persecución política que como organización se ha venido realizando en las últimas semanas, lo cual nos pone en dificultades para continuar con nuestro trabajo en Defensa de los Derechos de la Población Víctima de Desplazamiento Forzado en Colombia.

Este hecho se presenta en una oleada sistemática de agresiones como organización y en contra de nuestros dirigentes, lo que nos llena de profunda inquietud de la utilización que a esta información se le pueda dar y de la persecución que puedan ser sometidos nuestros dirigentes, de posibles detenciones y montajes, para impedir que se conozca la Verdad de lo que ha venido sucediendo en cada una de las regiones del país con relación al Desplazamiento Forzado, de sus responsables y cadena de impunidad propiciada por el Estado.

Nuestro compromiso como organización, siguen siendo cada una de la Víctimas del Desplazamiento Forzado por el conflicto interno de nuestro país y por ello reafirmamos la decisión de continuar en el proceso organizativo a favor de estas.

Pedimos de todas las Organizaciones Naciones e Internacionales; Sociales, Sindicales, Políticas y de Derechos Humanos su pronunciamiento para rechazar unánimemente la Persecución, Intimidación y Hostigamientos en contra de quienes bandelfouscamos la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas, en medio de la impunidad del actual proceso de negociación con el paramilitarismo en Colombia.

Responsabilizamos al Estado Colombiano por todo lo que acontezca en contra de la C.N.D y de sus Dirigentes.


Bogotá D.C, Agosto 24 de 2007.

Sindicalistas, Defensores de los Derechos de los Pueblos

Asesinados por el Ejército Colombiano 5 de agosto de 2004

MEMORIA Y JUSTICIA

5 de Agosto de 2004, fueron asesinados por el ejército Colombiano, tres carismáticos líderes sindicales y de las organizaciones sociales del departamento de Arauca LEONEL GOYENECHE, HECTOR ALIRIO MARTINEZ Y JORGE PRIETO. De raíces campesinas, arraigados a la vida con dignidad y a la libertad fueron asesinados en estado de indefensión, sus victimarios poco conocen del honor, de la hidalguía, de la dignidad, del respeto a la vida.

Ese día una patrulla militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al grupo Mecanizado Revéis Pizarro, con sede en Saravena al mando del subteniente Juan Pablo Ordoñez, conducidos por un informante, falaz, Daniel Caballero Rozo, alías “Patilla”, les sacó violentamente de sus viviendas en Caño Seco, Municipio de Fortúl en Arauca, para luego asesinarlos.

En el mismo operativo, con la pretensión de hacer callar, lo evidente, de acabar con las palabras de dignidad SAMUEL MORALES Y RAQUEL MORA fueron detenidos por las mismas estructuras criminales, acusados falsamente de ser colaboradores de la guerrilla, tan falsa acusación como la argumentación utilizada por los victimarios expresando que LEONEL, ALIRIO y JORGE fueron asesinados en combate, donde nunca hubo un arma en manos de ellos. Un año más tarde, los sobrevivientes persisten enfrentados a la persecución judicial de la seguridad estatal.

Los asesinatos de LEONEL, ALIRIO y JORGE son la práctica de unas políticas de control y de represión que conciben a quien disiente, a quien opina diferente, a quien construye alternativas a la imposición de un modelo de Sociedad y de Estado como terrorista.

ALIRIO presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ,ADUC; LEONEL directivo de la Confederación Unitaria de Trabajadores,CUT Arauca; y JORGE Directivo de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, Anthoc son memoria de dignidad, de resistencia. SAMUEL dirigente de la CUT y RAQUEL docente signos de la persistencia, de la resilencia ante la persecución

El asesinato de LEONEL, ALIRIO, JORGE traen el pasado al presente. Los asesinatos de campesinos por bombardeos indiscriminados de las Fuerzas Militares, las desapariciones, los asesinatos, las torturas, los accesos carnales violentos a mujeres, los descuartizamientos, los constantes señalamientos, las detenciones masivas, las acusaciones infundadas por Rebelión y los posteriores procesos judiciales amañados adelantados por la Fiscalía – cuyas instalaciones se encuentran dentro de la Brigada XVIII del ejército. El asesinato de LEONEL, ALIRIO, JORGE traen el presente, un año de nuevos asesinatos directos o encubiertos a través de la estrategia militar-paramilitar, los abusos y las violaciones que continúan, las detenciones arbitrarias que no cesan.

Pero la memoria es terca, persistente, está ahí en cada rincón, en medio de esa militarización del terror. Se hace ritual de la esperanza como hace unos días en un encuentro del mundo en Arauca, lágrimas, abrazos, y esperanzas desplegadas entre la maquinaria de muerte e impunidad. Primer año de memoria que se abre camino en la afirmación de la justicia. Memoria como la ternura de los pueblos, como los amores de siempre, los eternos, imperecederos, indelebles, con los rastros profundos en el alma, en el pensamiento, en los sueños, en el cuerpo en la vida. Al fin solo es el amor, la pasión lo que existe, lo que vive, lo que permite los sueños, aún cuando se cree que el amor ha muerto.

Hoy sus amigos hacen memoria de sus vidas y luchas, a continuación el texto de uno de ellos, desde la distancia del exilio…

“ALIRIO, LA DIGNIDAD DEL LLANO

El 5 de agosto se cumplieron tres años del asesinato de mi amigo Alirio Martínez , un dirigente campesino que luchaba por la justicia social para su región, Arauca, tierra petrolera colonizada por labriegos andinos, ubicada en los llanos orientales de Colombia, muy cerca de Venezuela.

Conocí a Alirio en 1990 cuando organizaba a su comunidad por Saravena, la capital del Sarare. Llegó puntual al rancho donde lo esperábamos. Venía sudoroso, con su sombrero alón, el poncho al hombro y el bordón de arriero, aunque viajaba en moto. Solía hacer bromas. Esa vez Alirio recostó un taburete de cuero contra la pared de barro, se atusó el bigote y mientras nos repasaba con sus ojos chinos dijo muy serio: “Buenos días señores. Les manda a decir el gerente de la petrolera que ya se resolvió el problema. Los terratenientes van a repartir sus tierras, la petrolera plata y el ejército… el ejército repartirá plomo al que no la reciba”. Y soltó una carcajada tremenda.

La población araucana está muy organizada y Alirio fue un motor de ese proceso. Las asociaciones y sindicatos se extendieron por la sabana con la consigna de la autogestión comunitaria. Hicieron acueductos, puentes, escuelas, puestos de salud, todo lo que les negaba el estado. Así construyeron lo colectivo. Campesinos, comerciantes, transportadores, jóvenes, obreros funcionarios, maestros, habían comprendido la necesidad de no esperar más para desarrollar su región y superar la pobreza, la politiquería, el centralismo que los tenía marginados desde los albores de la república.

Pero este proceso asociacionista era –y es- visto con recelo por los politiqueros, acostumbrados a saquear el erario público y por la cúpula militar del Ejército Nacional, intoxicada por la doctrina del enemigo interno aprendida de instructores gringos en la Escuela de Guerra de las Américas. También veían mal tanta organización las multinacionales petroleras recién llegadas al llano, acostumbras a saquear y a humillar con migajas a otros pueblos.

A los araucanos les inquietaba la alianza evidente entre los ricos criollos y los empresarios extranjeros, unidos por una avaricia disfrazada de progreso, bien apoyados por la tropa oficial y por sus aliados paramilitares. Esa alianza podía hacer abortar -mediante la violencia- los procesos de organización de la gente y eso preocupaba a Alirio. Lo dijo en otra asamblea campesina y se auto replicó “La cosa está muy jodida, toca seguir pa’lante y el que tenga miedo… que se compre un perro”. No era exagerado que advirtiera el peligro. Es habitual que las tropas irrumpan con violencia en las asambleas de los sectores populares, sobre todo donde ven campesinos y obreros.

Esa tarde de hace tres años, la reunión había terminado, caía la noche sobre el caserío de Caño Seco. Alirio acompañado por los sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Leonel, Jorge, Samuel y Raquel, decidió pasar la noche en la casa de un amigo. A las cinco de la madrugada los perros ladraron con furia y unos golpes como patadas en la puerta despertaron a todos. La violencia y los gritos de que salieran con las manos arriba hicieron llorar a los niños. Alirio, Leonel y Jorge salieron manos arriba, semidesnudos, descalzos. La tropa los empujó hacia un prado a pocos metros de la casa y los obligó a ponerse de rodillas, luego los asesinó a mansalva. Según la Fiscalía "fueron colocados en situación de indefensión e inferioridad por los militares antes de dispararles por la espalda. Actuaron con propósitos criminales amparados por su investidura”.

Pocas horas después de la masacre el gobierno de Uribe Vélez difundía por los medios un comunicado del Ejército reportando otro éxito militar de la seguridad democrática. Habían dado de baja en combate a tres guerrilleros y apresado a dos más, Samuel y Raquel. Pero el gobierno no pudo sostener por mucho tiempo el montaje. Tuvo que reconocer, ante las evidencias, que los tres eran sindicalistas, no eran guerrilleros, estaban desarmados y no hubo ni resistencia, ni combate. Fue una ejecución extrajudicial de representantes de los trabajadores, opositores civiles de la democradura colombiana.

Muchas noches en la llanura araucana campea el terror, ladran los perros…se oyen ráfagas a los lejos… La gente se encierra en sus casas y apaga la luz. ¿A quién, a cuántos habrán matado esta noche? El ruido de las botas, los tiros, los carros de guerra, se acercan… pongámonos contra la pared… no llores hijo, no hagas ruido…no pasa nada… quieto…mientras se reza temblando “Dios, que los golpes esta noche no sean en la puerta de mi casa… que pasen de largo, que mañana sigamos juntos y veamos la luz del sol”.

Alirio era un hombre que no tenía precio, como Jorge Prieto y Leonel Goyeneche. La broma de Alirio no la cumplieron los latifundistas, que acapararon más tierras, ni las petroleras que escatiman cada peso para el desarrollo de la región. Pero el batallón mecanizado Gabriel Revéis Pizarro, prestando un “servicio a la patria” cumplió por los dos, repartiendo plomo a tres sindicalistas, defendiendo intereses mezquinos.

Tres años después Marina, esposa de Alirio y sus cuatro hijos lo siguen extrañando. También su organización campesina. Raquel Castro, maestra, sindicalista y testigo de la masacre, sigue presa en la cárcel de mujeres de El Buen Pastor en Bogotá, sindicada -mediante otro montaje- de rebelión. Samuel Morales, Presidente de la CUT , recuperó la libertad hace pocos días, pero le negaron la visa para salir de Colombia y recibir un merecido premio internacional por su valor en la defensa de los derechos humanos.

Tres años después los caminos del llano guardan los pasos de Alirio, las gentes araucanas siguen organizadas, resistiendo con dignidad el terror, luchando por la vida con su ejemplo y su memoria.

Javier Orozco Peñaranda.

Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”.”

ALIRIO, JORGE, LEONEL…. En la Memoria

ALIRIO, JORGE, LEONEL…. SIN OLVIDO

Bogotá, D.C Agosto 5 de 2007

Comision Intereclesial de Justicia y Paz

LA CONGRESISTA KARELLY PATRICIA LARA VENCE ES CAPTURADA POR VINCULOS CON LOS PARAMILITARES

Tomado de Semana

La Corte Suprema de Justicia la acusa de tener nexos con ‘Jorge 40’, ex jefe del Bloque Norte de las AUC. La dirigente es miembro de la coalición uribista de Gobierno.

La representante a la Cámara, Karelly Patricia Lara Vence, fue detenida este jueves por orden de la Corte Suprema de Justicia que la acusa de haberse aliado con los paramilitares para obtener beneficios electorales durante las elecciones que la llevaron a la alcaldía de Fundación ( Magdalena) y las de Congreso de 2006.

Lara Vence, nacida el 6 de noviembre de 1965 en Fundación, inició su vida política en su un pueblo natal, uno de los bastiones más importantes del país en cuanto a la producción de banano de exportación y ubicado en la zona estratégica para la comunicación del sur del departamento con las salidas al Mar Caribe. Comenzó como concejal (1998-2000) y luego fue alcaldesa. Su cargo como máxima autoridad del municipio –entre los años 2001-2003– coincidió con el dominio absoluto de los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’. Tras la purga de comienzos de 2006 a las listas uribistas que aspiraban a llegar al Congreso, en marzo de ese año, el nombre de la legisladora comenzó a sonar con insistencia entre los de los nuevos aliados de los paramilitares. Incluso se llegó a mencionar que sostuvo una relación sentimental con uno de los negociadores de las autodefensas.

Sin embargo Lara adoptó un perfil bajo en el Congreso que le permitió irse posicionando hasta convertirse en vocera de Cambio Radical, partido que hizo alianza con el Movimiento de Renovación y Acción Laboral, Moral, por el cual salió elegida. Moral era dirigido por el senador Miguel Pinedo Vidal y fue el mismo partido que avaló cuatro años antes la candidatura de Mario Uribe -el primo del presidente Álvaro Uribe- quien hoy es otro de los senadores vinculados por la Corte al escándalo por la ‘parapolìtica’. Curiosamente, para las elecciones de 2006 Uribe creó su propio partido (Colombia Democrática), Lara fue respaldada por el de Pinedo (Moral) y éste último se inscribió por Cambio Radical, que orienta Germán Vargas Lleras. Pero el mismo Vargas Lleras prendió las alertas en la campaña de 2006 al expulsar de Cambio Radical a Jorge Luis Caballero y Jorge Castro, ambos del Magdalena. Tras la reacomodación de listas los purgados buscaron cabida en otros partidos y de todas formas se presentaron a elecciones. La mayoría logró curul, pero otros dieron el paso a congresistas nuevos como Lara, de quien de todas formas ya se hablaba en la región como una de las nuevas congresistas cercanas a los paramilitares.

Nada de eso se le probó y ni siquiera fue investigado hasta que la Corte decidió llamarla a indagatoria tras una declaración de Rafael García, el testigo estrella en el proceso, hoy condenado por nexos con los ‘paras’. Sin embargo algunas investigaciones de politólogos como Claudia López señalaron en su momento que “en los dominios de Jorge 40 la estrategia de aplazar la desmovilización hasta asegurar el control territorial y la influencia política parece que funcionó. En Cesar salió reelegido Mauricio Pimiento por la U y Alas reeligió a Álvaro Araujo y eligió a Jorge Ballesteros en la Guajira con alianzas en las Cámaras. Tres expulsados de la U y Cambio Radical se reeligieron: Dieb Maloof por Colombia Viva en el Atlántico, y en el Magdalena, Luis Eduardo Vives por Convergencia Ciudadana al Senado y Jorge Caballero y su segundo, Rodrigo Roncallo. Karelly Lara Vence también obtuvo una curul por Moral, el partido que inscribió la vez pasada a Mario Uribe”. En orden de votación, Magdalena eligió ese año como representantes a la Cámara a Jorge Luis Caballero (hoy prófugo de la justicia y con orden de captura de INTERPOL), Rodrigo Roncallo, Alfonso Campo (preso por la parapolítica), Karelly Lara (capturada este jueves) y Fuad Rapag.

La captura La captura de Lara fue confirmada en Bogotá por el presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfredo Gómez Quintero, quien aseguró que la parlamentaria habría incurrido en el delito de concierto para delinquir. “Efectivamente, se le impuso medida de aseguramiento al definir la situación jurídica a la congresista Karelly Patricia Lara Vence imputándole el delito concierto para delinquir agravado disponiendo su captura en la tarde de hoy (jueves)”, explicó el funcionario. La medida fue ejecutada por miembros del CTI, quienes encontraron a la congresista de la Comisión Cuarta en Santa Marta. De inmediato fue trasladada a Bogotá en donde permanecerá en un centro de reclusión para mujeres.

Por el escándalo de vínculos con las autodefensas hay ahora quince congresistas y más de media docena de ex congresistas presos. En Idéntica situación se encuentran dos gobernadores y dos ex gobernadores. Además de Caballero también huyen de la justicia el ex congresista Álvaro Araújo (padre del detenido senador del mismo nombre y de la ex canciller María Consuelo Araújo) y el ex gobernador de sucre Salvador Arana, también buscado por Interpol. En cuanto al caso por la penetración paramilitar en este último departamento la Fiscalía General de la Nación le pidió este jueves a la Procuraduría y a los Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investiguen al gobernador de Sucre, Jorge Anaya. Según las pesquisas de la Fiscalía, el funcionario también se habría beneficiado electoralmente de la presión armada de los paramilitares. Anaya pertenece al mismo grupo del senador Álvaro García, llamado a juicio por nexos con los paramilitares y coautor de la masacre de Macayepo, Bolívar.

Fondo para la Reparación de las Víctimas:Presupuesto para victimarios, no para las víctimas

Bogotá, agosto 23 (CCAJAR). Mientras que el gobierno nacional ha venido implementando desde el 2005 cientos de proyectos productivos, cursos de capacitación, fondos de becas, convenios con grupos económicos, con el fin de facilitar la reinserción de los paramilitares desmovilizados, miles de víctimas del paramilitarismo, esperan pacientemente la lejana posibilidad de ser reparados económicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus seres queridos, mediante el recién puesto en funcionamiento Fondo para la Reparación de las Víctimas.

No obstante dicho Fondo, administrado por la Agencia Presidencial Acción Social, no tiene con qué responder no sólo por que los paramilitares mismos a sabiendas que “únicamente tienen que entregar o denunciar sus bienes de procedencia ilícita” han realizado todo tipo de maniobras jurídicas, entre ellas el testaferrato, el ofrecimiento de bienes no saneados jurídicamente y la devolución de propiedades con proyectos productivos a favor de desmovilizados, sino porque a fecha de 26 de julio, el Fondo para Reparación de las Víctimas “únicamente ha recibido bienes del desmovilizado señor Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata””, lo que corresponde a dos fincas, una de 910 hectáreas, otra de 995, tres lotes de 200 metros cuadrados cada uno, tres camperos, 152 toros criollos y dos caballos.

De igual manera, a la fecha el Fondo no ha tenido ninguna entrada por donación extranjera, como tampoco de recursos provenientes del presupuesto nacional para su mantenimiento, como si lo tiene paradójicamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de los Grupos y Personas Alzadas en Armas, que según su director, Frank Joseph Pearl González, tiene un presupuesto de $294.000 millones de pesos, así como 40 proyectos con apoyo del sector privado, y la posibilidad que Estados Unidos comprometa US$51 millones en los próximos tres años.

Según el Alto Consejero, a 31 de enero de este año, el Sistema de Acompañamiento indicaba que de un total de 31.521 desmovilizados de las autodefensas, 26.790 recibía algún tipo de beneficio, entre estos una ayuda humanitaria correspondiente a 358 mil pesos mensuales, aún cuando no asistiera a talleres o a cursos. Del resto, es decir 4.731, no se conocía su paradero.

Y aunque ya se habla de un fracaso total del proceso de reinserción, ya que al parecer parte de los primeros 5.276 millones de pesos invertidos en este proceso, se perdieron, lo cierto es que desde el 2005, el gobierno nacional ha venido implementando lo que en su momento llamo Proyectos Productivos por la Paz, como parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se presentaron desmovilizaciones masivas, a saber, Uraba, Suroeste antioqueño, Cundinamarca, Tibú (Norte de Santander), Palmira, Córdoba y el sur del Magdalena.

En efecto, hoy día, de los 2.624 desmovilizados de las autodefensas que debían estar empleados en 41 proyectos económicos en 9 departamentos, menos de la cuarta parte siguen vinculados a ellos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que a pesar que el gobierno desembolsará 600 millones de pesos para trescientos ex paramilitares pertenecientes al bloque de Hernán Giraldo para producir estevia, a julio de este año, quedaban apenas 5 desmovilizados cultivando el endulzante natural.

Así las cosas, resulta inaudito que mientras las víctimas de grupos paramilitares no cuentan con una real asistencia psicológica, o alguna ayuda humanitaria para poder viajar y asistir a las versiones libres de sus verdugos, se debaten entre conseguir el dinero para la manutención de sus familias, el desplazamiento forzado que les ha tocado asumir dadas las amenazas y persecuciones, los paramilitares desmovilizados sigan recibiendo, a pesar del fracaso rotundo del proceso, además de miles de millones de pesos que solo han traído perdidas, asesoría, información en materia de salud, educación, atención psicosocial, capacitación laboral, en cualquiera de los Centros de Referencia dispuestos por el gobierno para tal fin, como en el caso del departamento de Antioquia.

De tal manera, queda claro una vez más que los únicos beneficiados por las decisiones del gobierno con la implementación de la Ley de Justicia y Paz son los paramilitares, mientras las víctimas siguen siendo afectadas y revictimizadas, además que solo serán beneficiarias del Fondo, si logran participar directamente en el incidente de reparación, si pueden acudir y probar que el jefe paramilitar o bloque fue quien cometió el crimen, si el caso en particular tuvo sentencia y claro, si el fondo de reparación llega a conseguir dinero para poder repararlas.
Bien lo decía Mancuso, en una entrevista concedida al Espectador en el 2005 “los proyectos productivos y la vinculación plena a la civilidad de los desmovilizados, nos generan un caudal disponible para cuando lo queramos utilizar como trampolín político”.

En conclusión a la fecha no hay un solo peso para reparar a las victimas, el fondo es una entelequia y un fraude más que sumado a la falta de verdad y de justicia allanará el camino para que las víctimas acudan a la Corte Penal Internacional o a otras instancias para buscar verdad, justicia y reparación.

Versiones Libres: El Descaro y la Impunidad siguen su Rumbo

Desmovilizado jefe paramilitar 'Carlos Tijeras' reconoció 21 crímenes

Tomado de El Tiempo

Foto: Alfonso Cervantes / EL TIEMPO

José Gregorio Mangones Lugo, que actuó en la zona bananera de Magdalena, dice que reparó con obras públicas.

Para José Gregorio Mangones Lugo su accionar en las autodefensas fue un trabajo "común y corriente", por el cual devengaba un salario que oscilaba entre 5 y 6 millones de pesos mensuales.

En su presentación de ayer ante la Fiscalía de Justicia y Paz dijo en forma cruda que durante su paso por las Auc todo el que estaba en contra de su ideología era objetivo militar.

-¿En qué consiste ser objetivo militar?, le preguntó la fiscal Deicy Jaramillo.

-Significa darles muerte, respondió sin rodeos.

En la audiencia del pasado viernes, 'Tijeras' reconoció 21 crímenes del frente 'William Rivas', que tenía bajo su mando, el cual dependía del 'Bloque Norte', bajo el mando de Rodrigo Tovar, 'Jorge 40'.

De ese rosario de crímenes admitió haber 'ejecutado' personalmente siete, según el reporte que entregó la Fiscalía al concluir la diligencia.

En la audiencia de ayer. 'Tijeras' respondió afirmativamente cuando la fiscal le preguntó si las acciones que ellos llamaban de "limpieza social" se enmarcaban también como objetivos militares.

"Viciosos y bandidos, delincuencia común y colaboradores de la subversión es la misma cosa", agregó.

-Explique qué son los viciosos, intervino la representante del Ministerio Público, Diana Cadena Lozano.

-Los que consumen alucinógenos, que se convierten en desechables, que le hacen mucho daño a la sociedad, contestó.

Para la reparación a las víctimas dijo contar con una camioneta Montero avaluada en 80 millones de pesos, que está inmovilizada por la Fiscalía, y que compró, según dijo, con el producto de su " trabajo y su "sueldo en las Auc".

"Mi reparación ya está en la región donde ejercí influencia y fui líder -Zona Bananera del Magdalena-, pues allí instalé redes eléctricas, abrimos muchas vías y dejé obras como parques, puestos de salud y hasta una iglesia. Además no le hice daño a nadie, no robé tierras ni desplacé a nadie", subrayó.

Hablando en tono alto y firme, y mirando a todos los que se encontraban en su entorno, 'Tijeras' se ufanó de la aceptación que según él tuvo entre la gente donde transcurrió su vida de paramilitar.

"Tuve tanta autoridad que hasta reemplacé al Bienestar Familiar en las peleas de esposos. Ahora, algunos nos consideran unos monstruos".

Reconoció los homicidios del ex alcalde del municipio de Zona Bananera Jesús Alberto Avendaño Miranda y su conductor José De Jesús Polo Pérez, así como de cuatro contratistas de Electricaribe.