5 DE OCTUBRE: UNA REIVINDICACION DE LA MEMORIA

Bogotá, octubre 6 de 2007

"no porque hayas caído
tu luz es menos alta”

Nicolás Guillen

El 5 de octubre se conmemoró un año del vil asesinato del estudiante y amigo Julián Andrés Hurtado Castillo representante ante el consejo académico de la Universidad del Valle, luego de un año este crimen continúa en completa impunidad, así mismo las investigaciones que tienen que esclarecer el asesinato de otros nueve compañeros caídos en los 2 últimos años de seguridad democrática.

En esta batalla contra el olvido, la Asociación conmemoró este primer año con un recorrido simbólico por el centro de Bogotá hacia la plaza de Bolívar, recordando a los compañeros y compañeras asesinados bajo el gobierno Uribe, levantando nuevamente nuestra voz: “por nuestros muertos ni un minuto de silencio”, como un acto por la memoria caminamos con un ataúd y 11 lápidas con los nombres de los compañeros asesinados, siempre tendremos que recordarlos y reivindicarlos, por que fueron estudiantes universitarios que se pensaron su sociedad y creyeron en un futuro mejor para su pueblo, ellos son:

NICOLAS NEIRA, Estudiante de secundaria del Colegio Hermano Miguel, 15 años, asesinado por el ESMAD, el 1 de mayo de 2005 en la ciudad de Bogotá.

JHONNY SILVA, Estudiante universitario de la Universidad del Valle, 21 años, asesinado por el ESMAD, el 22 de septiembre de 2005 en la ciudad de Cali.

OSCAR SALAS, Estudiante universitario de la Universidad Distrital, 20 años, asesinado por el ESMAD, el 8 de marzo de 2006 en la ciudad de Bogotá.

WILLIAM ORTIZ, Estudiante universitario de la Universidad del Valle, 28 años, asesinado por sicarios, el 10 de abril de 2006 en la ciudad de Yumbo.

JULIAN ANDRES HURTADO, Estudiante universitario de la Universidad del Valle, 29 años, asesinado por paramilitares, el 5 de octubre de 2006 en la ciudad de Cali.

MILTON TROYANO, Estudiante universitario de la Universidad del Cauca, 32 años, asesinado por paramilitares, el 19 de octubre de 2006 en la ciudad de Popayán.

YURI MARTINEZ, Estudiante universitario de la Universidad del Atlántico, 26 años, asesinado en un atentado al interior del campus, el 24 de octubre de 2006 en la ciudad de Barranquilla.

GREIVER MELO, Estudiante universitario de la Universidad del Atlántico, 22 años, asesinado en un atentado al interior del campus, el 24 de octubre de 2006 en la ciudad de Barranquilla.

DARWIN PEÑARANDA, Estudiante universitario de la Universidad del Atlántico, 23 años, asesinado en un atentado al interior del campus, el 24 de octubre de 2006 en la ciudad de Barranquilla.
JOSE M. SOBALLE, Estudiante universitario de la Universidad del Atlántico, 19 años, asesinado en un atentado al interior del campus, el 24 de octubre de 2006 en la ciudad de Barranquilla.

KATERINE SOTO, Estudiante universitaria de la Universidad del Valle, 21 años, asesinada por el ejército nacional, el 3 de agosto de 2007 en la ciudad de Buenaventura.

Por la memoria de todos los compañeros es nuestro deber continuar con los puños en alto por la defensa de la educación pública y seguir haciendo eco de sus luchas en las nuestras, en nuestras voces están sus gritos rebeldes. Llamamos a todos y todas a engrosar las filas de combatientes por la memoria, porque los compas mueren cuando nosotros los olvidamos y cuando somos inferiores a nuestro reto transformador.

HASTA SIEMPRE COMPAS…

ACCION URGENTE

INCURSION DE HOMBRES ARMADOS EN VIVIENDA

DE YOLANDA BECERRA

E INTIMIDACIÓN A JACQUELINE ROJAS DE LA OFP Y JUAN CARLOS GALVIS DE SINALTRAINAL

Yolanda BecerraLas organizaciones abajo firmantes, denunciamos, ante la opinión pública nacional e internacional, y los organismos intergubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, los recientes hechos que comprometen los Derechos a la Vida e Integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA, Directora de la Organización Femenina Popular – OFP e integrante del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos Humanos de Barrancabermeja, e intimidación a Jacqueline Rojas de la OFP y Juan Carlos Galvis, Vicepresidente Nacional de Sinaltrainal.

HECHOS

1.

El día de hoy, 4 de Noviembre de 2007, siendo aproximadamente las 7:30 a.m., dos hombres armados, encapuchados y vestidos de civil, ingresaron al apartamento de Yolanda Becerra Vega, en la ciudad de Barrancabermeja.
2.

Momentos antes, dos compañeras de los procesos organizativos acompañados por la OFP, en Cantagallo y San Pablo, se habían marchado del apartamento de Yolanda Becerra Vega.
3.

Cuando los hombres tocan la puerta, Yolanda Becerra Vega piensa que son las mujeres que se han devuelto y abre. Los hombres empujan la puerta y comienzan a golpear a Yolanda, colocándole contra la pared. Uno de ellos la encañonó con un arma de fuego y, entre los dos, le dijeron: “hijueputa el cuento se le acabó, tiene 48 horas para que se vaya, sino, vamos a acabar con su familia, Usted no se nos escapa”.
4.

Durante los 15 minutos que, aproximadamente, los dos hombres permanecen en la residencia de Yolanda Becerra Vega, revolcaron y destruyeron su apartamento y pertenencias. A la salida pretendieron llevarse la CPU del computador, la cual finalmente dejaron abandonada a la entrada del apartamento.
5.

Al indagarse a los vigilantes que custodian el conjunto residencial en el cual vive Yolanda Becerra Vega, éstos manifestaron no haberse percatado del ingreso de los dos hombres armados.
6.

Los hechos que se relatan en esta denuncia, como antecedentes, habían sido transmitidos al Vicepresidente de la República, Dr. Francisco Santos Calderón, desde el día 25 de octubre de 2007, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta alguna frente a estas graves denuncias.
7.

A su vez, siendo aproximadamente las 6:00 de la mañana del día de hoy, 4 de noviembre de 2007, en la residencia de Jacqueline Rojas Castañeda, Directiva de la Organización Femenina Popular –OFP y Juan Carlos Galvis, Vicepresidente Nacional de Sinaltrainal, pudo establecerse que la puerta ubicada en el segundo piso del edificio, había sido abierta.

Adicionalmente, la chapara de la puerta que permite el acceso directo al apartamento donde residen, había sido bloqueada, mediante la introducción de un elemento extraño, que impedía a sus moradores salir del mismo.


ANTECEDENTES

1. El día 7 de julio de 2007, en la sede de la Organización Femenina Popular- OFP fue recibida una amenaza para la OFP, donde también se amenaza a organizaciones sindicales y de Derechos Humanos de la región, así como a varias personas, siendo declarados/as objetivo militar por parte de la estructura paramilitar que actúa bajo la etiqueta de “Águilas Negras”.

En dicha amenaza se expresa: “por tal motivo advertimos a organizaciones como: uso, ofp, asodemuba, andas, PDA, acvc, entre otras, que daremos a conocer pronto y personas como, socorro, david ravelo, gamboa, mario, claudia lines, kike, imat adala, lilia, william, johan, entre muchas más personas que en nuestro próximo comunicado daremos a conocer por ahora estas son las primeras personas y organizaciones que declaramos como objetivo en cualquiera de nuestras regiones de nuestra influencia, y por lo cual les advertimos dejar o retirarse de inmediato de sus actividades izquierdistas o bien llamada proselitismo guerrillero, de lo contrario entraremos a actuar de inmediato”. (resaltado fuera de texto)

2. El 16 de Septiembre de 2007, en la ciudad de Medellín, durante el desarrollo de la diligencia de versión libre del dirigente paramilitar Julián Bolívar, ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, él manifestó:

“Incluso la señora Yolanda Becerra, montada sobre una de las tanquetas de la Policía Nacional, barrio por barrio denunciaba a los guardias de las autodefensas, que ella había conocido, plenamente como guerrilleros. (resaltado fuera de texto)

“¿Esas operaciones de que Usted nos ha hablado en qué consistían?

Nos denunciaban, se montaban a las tanquetas de la policía, iban señalando a los miembros de las autodefensas”.

Resulta ser altamente preocupante que el escenario de las versiones de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, donde el deber ordenado por la Corte Constitucional a quienes se han acogido a la misma, es relatar la verdad, resulte constituyéndose en un nuevo mecanismo para perseguir, estigmatizar y lanzar amenazas veladas en contra de defensores/as de derechos humanos.

3. En medio de la búsqueda de fosas en zona rural de Barrancabermeja por parte de la Fiscalía, un ex - comandante paramilitar manifestó, delante de varios funcionarios y medios de comunicación, que los enemigos del proceso de justicia y paz “eran los hp de Yolanda Becerra y David Ravelo”. (resaltado fuera de texto)

Es inquietante que tanto declaraciones de altos funcionarios públicos, como de integrantes de estructuras paramilitares, coincidan en el sentido de señalar, a quienes hacen una labor de veeduría en este proceso, desde los derechos de las víctimas, como enemigos del mismo.

4. El día 18 de octubre de 2007, fue conocido un texto impreso sin autor, en el cual se hacen señalamientos en contra del sacerdote Francisco de Roux, Director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y Yolanda Becerra Vega, en donde se les asocia con organizaciones guerrilleras.

Llama la atención lo expresado en el escrito: “Recordemos que el curita de la Roux, y la Guerrillera Yolanda Becerra movieron influencias en Bogotá para llamar a calificar servicios al Mayor del ejército y segundo comandante del Batallón Nueva Granada, por haber hecho públicas las Ordenes de Captura por rebelión que dictó la Fiscalía contra la junta directiva de la ACVC, bandidos y narcoguerrilleros que fueron capturados en el mes pasado en Barranca”. (Resaltado fuera de texto)

Estas afirmaciones hacen referencia a las gestiones adelantadas por Yolanda Becerra Vega, como defensora de derechos humanos, frente a la detención de varios directivos de la Asociación del Valle del Cimitarra, las cuales se limitaron a llamar a la Vicepresidencia de la República, y requerirles indagar sobre el paradero de las personas privadas de la libertad, dado que el mismo era ocultado por los captores.

Este conjunto de hechos plantean grave riesgo para la vida e integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA, así como para quienes hacen parte del equipo de trabajo de la Organización Femenina Popular- OFP, razón por la cual demandamos de las autoridades, acciones inmediatas y oportunas, que pongan fin a esta cadena de amenazas que se vierten en la actualidad y garanticen la vigencia de sus derechos.

Responsabilizamos al Estado colombiano, de lo que pueda suceder contra la Vida e Integridad personal de YOLANDA BECERRA VEGA y todos/as los miembros de su familia, así como de cualquier integrante de la Organización Femenina Popular- O.F.P. y la de otras organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja y sindicales, como es el caso de Sinaltrainal.

SOLICITUDES

Les solicitamos dirigirse a la mayor brevedad a las autoridades colombianas, a fin de que les sea exigido:

1.

Sean adoptadas medidas inmediatas, oportunas y adecuadas, de común acuerdo con los afectados, tendientes a proteger la Vida, Libertad e Integridad Personal de YOLANDA BECERRA VEGA, así como de los miembros de su familia y demás integrantes de la Organización Femenina Popular, entre ellos Jacqueline Rojas Castañeda.
2.

Sean detenidamente investigados estos hechos, adoptando las sanciones correspondientes en contra de los responsables de estas amenazas y actos de intimidación y hostigamiento.

Barrancabermeja, Noviembre 4 de 2007


Suscriben,

Organización Femenina Popular - OFP

Espacio de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos Humanos

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos - Sinaltrainal

Red de Defensores de Derechos Humanos – dhColombia

Federación Agrominera del Sur de Bolívar – Fedeagromisbol

Campaña Prohibido Olvidar

Asociación Nomadesc

Casa de la Memoria “Tiberio Fernández”

Sintraunicol – Valle del Cauca

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – Valle del Cauca

Corporación Jurídica Utopía

Corporación Sembrar

Corporación Jurídica Libertad

Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - Codehsel

Fundación Sumapaz

Comité Permanente por los Derechos Humanos “Héctor Abad Gómez”

Asociación Campesina de Antioquia - ACA

Asfaddes – Seccional Antioquia

Comité de Solidaridad con Presos Políticos – Seccional Antioquia

Corporación ECATE

Sintraminercol

S.O.S

POR
LA JULIA -META

LA FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA, “FENSUAGRO – CUT”.

HACE UN LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES A PRONUNCIARSE FRENTE A LA GRAVE SITUACIÓN VIOLATORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO POR LA QUE ATRAVIESAN LOS CAMPESINOS DE LA INSPECCIÓN DE LA JULIA, MUNICIPIO DE URIBE, DEPARTAMENTO DEL META

“El gobierno de Álvaro Uribe Vélez nos esta cobrando vivir en una zona de despeje, por los acuerdos hechos entre el presidente Andrea Pastrana y
las FARC- EP dicen los campesinos de la Inspección de
la Julia del Municipio de Uribe”

HECHOS

El día lunes 29 de octubre de 2007, en horas de la mañana, los habitantes del caserío de la Inspección de La Julia del Municipio de Uribe – Meta, vieron con extrañeza el patrullaje de la policía nacional en el caserío acompañados por hombres encapuchados, quienes llegaron a varias residencias señalando a personas que automáticamente eran detenidos por la Policía Nacional sin ninguna orden Judicial; en esta redada fueron arbitrariamente retenidas 12 personas, que responden a los nombres de JHON FREDDY VELÁSQUEZ, HIPÓLITO CALDERÓN, HUGO JARAMILLO, JOSÉ ANGEL ANGARITA, VICTOR MURCIA FERREIRA, LUIS EFRÉN RAMÍREZ LÓPEZ, NANCY CASTAÑO, ORLANDO AGUIRRE, LUIS HERNANDO SIERRA, JOSÉ DÍAZ CUELLAR, MAURICIO GALLEGO, DARLEY UPEGUI y ELIÉCER SIERRA, quienes fueron trasladadas a la Macarena y posteriormente a Bogotá colocándolas a ordenes de la Fiscalia 16 Especializada del Distrito Capital.

El día 1 de Noviembre de 2007, a las 4:30 p.m. aterrizo un helicóptero en el caserío de la Inspección de La Julia, donde la población civil vio bajar de dicho helicóptero personas vestidas con prendas militares y con el rostro cubierto (encapuchados) viendo esta situación con mucha extrañeza, a las 6 de la tarde según informa las comunidades habían detenidas 5 personas mas.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL

1. Hacer claridad sobre las irregularidades de las acciones que realiza el Ejercito Nacional junto con la Policía Nacional acantonados en la Inspección de La Julia, municipio de Uribe, departamento del Meta.

2. El respeto por la vida e integridad física y psicológica de la población campesina de la Inspección de La Julia, municipio de Uribe, departamento del Meta, como también, el derecho al debido proceso y, a la libertad de organización y asociación.

3. Se garanticen los derechos fundamentales de los campesinos y comunidades que habitan la Inspección de La Julia, municipio de Uribe, departamento del Meta.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
Secretaria de Solidaridad y Derechos Humanos



AIDEE MORENO IBAGUE
Secretaria Nacional de Derechos Humanos
Fensuagro


Secretaria de Solidaridad y Derechos Humanos
Fensuagro
Calle 17 # 10 - 16 of. 104 Telf. 2828871
derechosh_fensuagro@yahoo.es
ddhhfensuagro@yahoo.es

COMUNICADO DE PRENSA

La Red FIC … COMUNICA

Sur occidente de Colombia, 2 de noviembre de 2007



CASO: Uso arbitrario de la fuerza de militares y policías quienes utilizando armas de guerra convencionales y no convencionales reprimen la protesta social



Acciones ilegales y arbitrarias de la seguridad Democrática de Álvaro Uribe.



En el Departamento del Cauca, unidos a la protesta nacional del 10, 11 y 12 de Octubre, miles de manifestantes exigen a Alvaro Uribe Veles que renuncie por ser ilegal e ilegitimo su mandato. Después de soportar las más infames y arbitrarias formas de represión por parte de las fuerzas armadas del estado colombiano, regresan a sus lugares de origen el día domingo 14 habiendo cumplido su objetivo de demostrar al mundo la dictadura que se vive en esta nación.



En desarrollo de la Política de seguridad Democrática, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, avalada y ejecutada por el Gobernador del Departamento del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, y las fuerzas militares y de Policía desde el 10 de octubre hasta el 12 de octubre, Agentes de las Fuerzas especiales de contraguerrillas del Ejercito, la Policía Militar y del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD), por tierra y aire, con armamento de guerra convencional y no convencionales reprimieron brutalmente a los ciudadanos que protestaban valiéndose de gases lacrimógenos, gases lacrimógenos con metralla de vidrio molido, papas explosivas, artefactos explosivos con metralla de vidrios y aluminio, ráfagas y disparos tiro a tiro de proyectil de goma y arma de fuego (Fusiles y Pistolas) y elementos contundentes y corto punzantes sobre los concentrados.



Como resultado de esta acción brutal de las fuerzas militares y de policías quedaron como saldo trágico:

Dieciséis (16) campesinos heridos de gravedad de entre los que se destacan heridos con proyectil de arma larga, proyectil de arma corta, esquirlas de metralla y material explosivo.

Ocho (8) campesinos retenidos arbitraria e ilegalmente, de los cuales dos permanecen retenidos en la cárcel del Municipio de Santander y los otros fueron liberados.



CASO: Retención arbitraria e ilegal de AMADEO LARGO CASO y SAMUEL ULCUE.



El Nuevo Sistema Acusatorio como arma para criminalizar la Protesta Social



El 10 de octubre de 2007, dos humildes campesinos que participaban de la Jornada Nacional de Movilización Agraria y Popular, AMADEO LARGO CASO y SAMUEL ULCUE fueron retenidos arbitraria e ilegalmente por agentes de las Fuerzas especiales de la Policía Colombiana pertenecientes al ESMAD.



AMADEO, un reconocido campesino residente en la Vereda la Cilia del Municipio de Miranda, que con el trabajo de sus manos cultiva su pequeña parcela en la cual vive con su esposa y sus 3 hijos. SAMUEL, un humilde campesino residente en la Vereda Calandaima del Municipio de Miranda, le arranca a su finca el pan de cada día, ambos hoy son presos políticos de este régimen, y EL PUEBLO EXIGE SU LIBERTAD.



Con informes falsos a todas luces, la Fiscal Especializada con sede en Santander de Quilichao CECILIA GOMEZ DE LUNA, coloca a AMADEO LARGO y a SAMUEL URCUE a disposición del Juzgado Primero Penal Municipal de Santander, quien ejerce la función de Juez de Control de Garantías Constitucionales, con el objeto que se declare la legalidad de la captura de los dos campesinos por los delitos de Terrorismo, Lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno. El Ministerio Público representado por la Procuradora MARIA ELENA OROZCO TORRES, avala la petición de la Fiscal.



La defensa pide se declare la ilegalidad de la captura y a pesar de las evidencias probatorias favorables a los detenidos, el juez de control de garantías constitucionales, declara legal la captura. Finalmente la defensa apela el fallo del Juez de Control de Garantías ante el Juez de conocimiento.



El lunes 29 de octubre de 2007, de realiza la audiencia de apelación sobre la legalización de la captura de los campesinos AMADEO y SAMUEL, y el Juez de Conocimiento, ratifica la decisión.



El Estado Colombiano criminaliza la protesta social al detener, juzgar y enjuiciar arbitrariamente a los campesinos AMADEO LARGO CASO y SAMUEL ULCUE por los supuestos delitos de Terrorismo, Lesiones personales agravadas y daño en bien ajeno, en un proceso que por el contenido de los informes de los organismos que realizaron las retenciones y las actuaciones de la procuraduría, la defensoría del pueblo, la fiscalía y el Juez, tiene evidentes signos de parcialización e ilegalidad en el procedimiento judicial.



Pretendiendo de esta forma a través de procesos amañados y funcionarios parcializados (Fiscal, Procuradora y Juez), dándole plena credibilidad a informes de la policía que amañadamente buscan falsos positivos; continuar con la cruzada del Estado Colombiano por la criminalización de la protesta social y judicialización de todo aquel que levante su voz para rechazar el régimen de miseria y terror que afronta la mayoría de colombianos. Y sentando un precedente nocivo para el pueblo Colombiano como lo es la pretensión del Estado de encuadrar típicamente dentro del delito de Terrorismo a todo aquel que participe o haga parte de una movilización popular.



AMADEO LARGO CASO y SAMUEL ULCUE, son presos políticos de este régimen, las comunidades del Suroccidente y el Pueblo Colombiano exigen su liberación, tu solidaridad manifiéstala expresando de mil formas tu rechazo a estas acciones arbitrarias y a las políticas de este régimen que las sustentan.



INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS, ALERTA Y ACTUAR ANTE LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"

2 DE NOVIEMBRE DE 2007

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR

ALVARO URIBE VELEZ

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

auribe@presidencia.gov.co


FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

fsantos@presidencia.gov.co

JUAN MANUEL SANTOS

Ministro de la Defensa

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

CARLOS HOLGUIN SARDI

Ministro del Interior y de Justicia

Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.

Fax. 2221874

ministro@minjusticia.gov.co

MARIO IGUARAN

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.

Fax. 570 20 00

contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

Defensor del Pueblo

Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.

Fax. 640 04 91

defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN

Procurador General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupció n@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO

Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional

Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.

Fax. 337 46 67

cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

SOLIDARIDAD URGENTE

Con líderes agrarios de Sumapaz

Eliberto Poveda Vázquez y Moisés Delgado, dirigentes comunistas y líderes sociales de Sumapaz, localidad rural de Bogotá, han sido detenidos y acusados de rebelión dentro de un nuevo proceso amañado que se ubica dentro de la persecución a que sistemáticamente han sido sometidos en los últimos años los habitantes y dirigentes de esta localidad.

Hechos
El 27 de octubre fueron detenidos en sus lugares de residencia los compañeros Eliberto Poveda y Moisés Delgado mediante un espectacular operativo militar en momentos en que se preparaban las elecciones locales en todo el país.

Eliberto Poveda es Presidente del Sindicato Agrícola de Sumapaz y Moisés Delgado candidato del Polo Democrático Alternativo a la Junta Administradora Local de Sumapaz, siendo elegido para esta corporación edilicia con la más alta votación de todos los candidatos.

Antecedentes
Eliberto Poveda y Moisés Delgado habían sido detenidos en los años 2004 y 2006 y luego de pasar largos meses en prisión fueron exonerados de los cargos y puestos en libertad.

Los habitantes de la localidad de Sumapaz secularmente han sido víctimas de la macartización y la persecución. Detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y asesinatos son algunos de los hechos de persecución y violencia que han sufrido.

Convocatoria
A desplegar la más amplia y urgente solidaridad con los líderes agrarios detenidos y con toda la población de la localidad 20 de Bogotá para que se les respete el derecho a la vida, la libertad y el derecho a la actividad sindical y política.

Partido Comunista Colombiano
Comité Ejecutivo Central

Dirigir sus mensajes a :

Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República
auribe@presidencia.gov.co

Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República
fsantos@presidencia.gov.co
buzon1@presidencia.gov.co

Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dr. Carlos Franco, Director
cefaro@presidencia.gov.co

Fiscalía General de la Nación
Dr. Mario Hernán Iguarán Arana. Fiscal General de la Nación
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo
defensoria@defensoria.org.co

Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón. Procurador General de la Nación
reygon@procuraduria.gov.co
cap@procuraduria.gov.co
quejas@procuraduria.gov.co

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
oacnudh@hchr.org.co

Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad: Llamamiento a la Memoria 2007

Llamamiento a La Memoria 2007

En HIJAS e HIJOS POR LA MEMORIA y CONTRA LA IMPUNIDAD nos agrupamos personas nacidas en la historia olvidada de Colombia, con la intención de ser voces que abogan por el esclarecimiento y la memoria del conflicto político, social y armado que vive nuestro país y que cada día se somete al régimen de la impunidad y el silencio de sus causas como forma de solucionarlo.

En nuestra acción de censura política efectuada el 2 de marzo de 2006, planteamos la necesidad de visibilizar casos de candidaturas y postulaciones a cargos de elección popular con graves indicios de estar comprometidas con el paramilitarismo y los crímenes de Estado. Este ejercicio lejos de tener pretensiones partidistas o intereses proselitistas de algún tipo, pretendía adoptar una posición dignificante de la representación política, en nuestro ya debilitado sistema democrático; amenazado constantemente por intereses ajenos a los del pueblo colombiano y mucho más cercanos a las fuerzas vinculadas con la guerra y la violencia.

Después de los resultados electorales en el 2006 y la derrota de la mayoría de los personajes postulados, se concluyó, en un primer momento, que dichos resultados estaban relacionados con la disminución del poder de incidencia del paramilitarismo en el Congreso de la República. Sin embargo, el proceso apenas empezaba, pronto en el mes de octubre la investigación de Claudia López, la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por Clara López Obregón y las acusaciones hechas por el Senador Gustavo Petro crearon las condiciones para que la Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia ordenaran la apertura de un proceso de esclarecimiento de los nexos entre el paramilitarismo y buena parte del Congreso de la República. Había empezado un proceso judicial sin precedentes en la Nación.

Los primeros implicados en la “parapolítica”, fueron los políticos oficialistas del departamento de Sucre, incluyendo rápidamente a los ex gobernadores Miguel Nule Amín y Salvador Arana, los congresistas Álvaro García, Muriel Benito Rebollo y el hoy detenido presidente de la Asamblea de Sucre, Ángel Daniel Villarreal Barragán.

Muriel Benito Rebollo, quien representaba al partido Cambio Radical, fue investigada por la Fiscalía después de que su nombre apareciera en el computador de “Jorge 40”, como una de las personas a quienes el jefe paramilitar habría apoyado en las elecciones, ella fue capturada en noviembre de 2006 luego de no asistir a una audiencia en la Fiscalía a la que había sido citada con anterioridad. A la fecha de cierre de la redacción de este llamamiento a la memoria, Muriel Benito Rebollo había aceptado los cargos que le imputaba la Corte Suprema de Justicia, con lo que no queda duda de su participación orgánica en el capítulo de terror escrito por los paramilitares en nuestras vidas.

Álvaro García ya en el 2005 había sido acusado por el representante Gustavo Petro de estar vinculado en actos de corrupción que agotaron los recursos públicos del departamento de Sucre y de haber participado en el asesinato del Alcalde de El Roble, Eudaldo León Díaz.

En nuestro Llamamiento a La Memoria aparecían personas como Eleonora Pineda y Rocío Arias, a quienes Mario Uribe, primo hermano e histórico acompañante político del Presidente Álvaro Uribe, mantuvo en la lista de su partido a pesar de conocer sus simpatías con los jefes paramilitares. Eleonora rindió su versión ante la Corte Suprema el día 19 de septiembre del presente año y allí aceptó ser el “brazo político de las autodefensas que comandaba Mancuso en Córdoba”, mientras Rocío Arias trata hoy de interceder ante el gobierno por las condiciones carcelarias de los jefes paramilitares.

Cabe resaltar que el director del partido Colombia Democrática, Mario Uribe, fue llamado a indagatoria por la Sala Penal de la Corte para que se pronunciara sobre sus presuntos nexos con las autodefensas, lo que lo llevó a renunciar a la curul de Senador a principios del mes de octubre d 2007.

También advertíamos los nexos de Dieb Maloof, Habib Merheb y Vicente Blel, (Partido Colombia Democrática) quienes fueron expulsados de las listas del partido de la Unidad Nacional. Los tres están hoy incluidos en las investigaciones que surte la Corte Suprema de Justicia por parapolítica; específicamente Dieb Maloof fue apresado en el mes de febrero, junto a Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo.

Corrió la misma suerte el joven barón electoral Álvaro Araujo del Movimiento Alas Equipo Colombia. Quien fuese beneficiario de la división electoral que impusiera “Jorge 40” en el departamento del Cesar, descubierta luego de que fue encontrado el computador de este jefe paramilitar. Araujo hoy se encuentra detenido, y ha renunciado al fuero de congresista para ser investigado por la Fiscalía.

Incluimos al senador Miguel Pinedo Vidal inscrito por el Movimiento Cambio Radical, llamado en versión libre por nexos non santos con Hernán Giraldo, el jefe paramilitar del bloque Resistencia Tayrona, quien lo incluyó entre los firmantes del acuerdo de Chivolo.

Otro tipo de candidatos censurados por nuestro Llamamiento en marzo de 2006 son miembros y ex-miembros de la Fuerza Pública implicados en la violación de derechos humanos. Por el Movimiento Convergencia Ciudadana aparecía como postulante al Senado el General Rito Alejo del Río. Quién dirigiera en febrero de 1997 en la Región de Urabá la "Operación Génesis"; una estrategia que combinaba la actuación irregular del Ejército Nacional, la conformación y organización de grupos paramilitares, las masacres y el desplazamiento forzado de las comunidades con el fin de implantar en la región empresas palmicultoras pertenecientes a la familia Castaño Gil.

El otro caso fue el del Coronel Plazas Vega, uno de los responsables de la sangrienta retoma del Palacio de Justicia, la fiscalía reveló una serie de nuevas pruebas fílmicas que comprueban casos de desaparición forzada con presunta responsabilidad del Coronel, quien fue capturado el reciente mes de julio por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía.

CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO PARAMILITAR

Las estructuras paramilitares se articulan o componen en diversas categorías, solo una de las cuales se pueden identificar con estructuras militares y otras se han concentrado en el fortalecimiento y financiación del proyecto paramilitar en Colombia, en el que podemos identificar la participación de sectores políticos, económicos nacionales y transnacionales.

Según la Corporación Nuevo Arcoiris[1], 1.845.773 votos obtuvieron los 33 Senadores y 50 Representantes a la Cámara incluidos en las investigaciones por parapolítica, todos ellos aliados estratégicos de la campaña de reelección presidencial del candidato presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta cifra, representa aproximadamente una tercera parte de la votación que fue obtenida por el actual presidente. Sin esta votación hipotéticamente se hubiese forzado una segunda vuelta presidencial lo que deja una carga estrepitosa de ilegitimidad para el actual gobierno.

Este año se presentan casos que públicamente han sido cuestionados por los medios de comunicación, investigadores sociales y autoridades eclesiales. En los departamentos que se quedaron prácticamente sin sus dirigentes oficialistas más importantes se puede observar un relevo político que en muchos casos ha tenido el apoyo público de los dirigentes recluidos en las cárceles, lo que induciría a creer, sin mayor perspicacia, que la “parapolítica” tiene nuevos nombres y que es inminente la intervención de los grupos paramilitares en las próximas elecciones.

Por ejemplo, el mapa de la Misión de Observación Electoral, elaborado por la Universidad de los Andes, la Javeriana, el Rosario y la Fundación Nuevo Arco Iris entre otros, determinó que el 60% de los municipios de Sucre, se encuentran en riesgo para estos comicios, por la corrupción y el clientelismo. En Ciénaga, por ejemplo, ya se investiga el trasteo de 10.000 votos.

Los siguientes son algunos de los candidatos y movimientos políticos que consideramos merecedores de veto político en las elecciones previstas para el mes octubre (candidatos a las gobernaciones de departamento y candidatos a las alcaldías de capitales de departamento). Sus nombres aparecen involucrados en investigaciones judiciales, informes de derechos humanos y escándalos conocidos a través de los medios de comunicación. Su idoneidad ética se encuentra gravemente comprometida por su presunta participación en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, apoyo a grupos paramilitares y actos de corrupción. Recuerde EL ÚLTIMO FILTRO ES USTED:

LLAMAMIENTO A LA MEMORIA.


PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U"
Candidato a la Gobernación de Sucre, Jorge Carlos Barraza Farak “Tuto”: Hombre de Álvaro García, relacionado con la masacre de Macayepo. Cuenta también con el apoyo de la familia Benito-Revollo, de San Onofre.



PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Candidato a la Gobernación de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena: Su campaña política es apoyada por el excongresista Álvaro García y se denunció el aporte económico a organizaciones de autodefensas por su parte.

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U"
Candidato a la Gobernación de Cesar, Arturo Calderón: ex secretario del detenido gobernador Hernando Molina. Calderón es además sobrino de Benjamín Calderón, el hombre que maneja Uniapuestas, es decir, el negocio del chance de Enilce López “la gata” (presa por lavado de activos e importante inversionista en la campaña presidencial de Uribe). Apoyado por el ex gobernador Hernando Molina y los senadores Álvaro Araujo (acusado de secuestro y concierto para delinquir).

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U"
Candidato a la Gobernación del Magdalena, Omar Díaz-Granados: Ex secretario de gobierno de Trino Luna, involucrado en la investigación que se sigue en la Corte Suprema de Justicia y quien actualmente se encuentra privado de la libertad. Su Candidatura está respaldada por el ex representante Alfonso Campo, quien aceptó los cargos formulados por nexos paramilitares, y por el senador Luis Eduardo Vives presos por parapolítica.

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U"
Candidato a la Gobernación del Atlántico, José Name Teheran – se sabe que es paramilitar pero no se sabe por qué. Respaldado por la familia Gerlein, una de las más influyentes de la región en las dinámicas económicas y políticas de la violencia de las autodefensas. Se siente con fuerza en algunos municipios e incluso en Barranquilla, en donde en el mes de septiembre fueron encontrados los cuerpos descuartizados del gerente de la empresa de seguridad Unicat y de una estudiante.
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U"
Candidato a la Gobernación Bolívar, Alfonso López Cossio: Cuestionado por su presunta alianza con los paramilitares concertada en la reunión de Barranco de Loba en 2003, y quien se enorgullece de tener en sus filas a Piedad Zucardi de García Romero; a 'Mandrake', el hijo del 'Perro', y a Héctor Julio Alfonso, el hijo de la 'Gata'.

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Candidato a la Gobernación de Casanare, Efren Antonio Hernández Díaz: La Revista Semana y Noticias Uno, revelaron un comprometedor video en el que aparece este candidato en una fiesta en el “Tabano” con un reconocido paramilitar de la zona.

PARTIDO LIBERAL
Candidata a la Gobernación de Córdoba, Marta del Socorro Sáenz Correa: la apoyan Reginaldo Montes, José de los Santos, Juan Manuel López Cabrales, Zulema Jattin.

PARTIDO COLOMBIA DEMOCRÁTICA
Candidata a la Gobernación de Córdoba, Margarita Rosa Andrade García: La apoya el detenido, De la Espriella y Julio Manssur.

PARTIDO POR UN VALLE SEGURO
Candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo: hijo del ex congresista Juan Carlos Abadía, condenado en el proceso 8.000, además está apoyado por el senador Juan Carlos Martínez, de Convergencia Ciudadana y antes líder del Movimiento Popular Unido, fundado por el ex senador Abadía, del cual también hizo parte Miguel de la Espriella Burgos, hoy procesado por concierto para delinquir con grupos paramilitares.

PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Candidato a la Alcaldía de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta: tiene como gerente de su campaña a Sandra Rubiano, antes mano derecha del detenido Trino Luna. Admitió relaciones con el ex-senador Luis Vives y Alfonso Campos, todos actualmente detenidos e investigados por sus nexos con grupos paramilitares.

TODOS CON LUIS PEREZ
Alcaldía de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez: La Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía con fundamento en las versiones del testigo José Raúl Mira Pérez, en la que asegura que este candidato se reunió con alias “Jota” con el fin de formar grupos paramilitares.

PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO
Candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alex Char Chaljub: apoyado por el congresista David Char, involucrado en el proceso de parapolítica.

PARTIDO COLOMBIA VIVA
Candidato a la Alcaldía de Sincelejo, Antonio Paternina Namur: Alias “el mono papayo”, apoyado por Jorge Carlos Barraza Farak “Tuto”, a quien nos referimos anteriormente.

GRUPO SIGNIFICATIVO ADELANTE VALLEDUPAR
Alcaldía de Valledupar, Rubén Carvajal Riveira: Su candidatura ha sido apoyada por Arturo Calderón y por Álvaro Araujo.

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
Candidato a la Alcaldía de Valledupar, Rubén Darío Carrillo García: se sabe que es paraco, pero no se sabe por qué.

ALFONSO ELJACH MANRIQUE
Candidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique: Hermano de Elkin David Bueno Altahona, ex Alcalde de Barrancabermeja, lo apoya igualmente Julio César Ardila Torre, Alcalde por dos años de Barrancabermeja y conocido por el asesinato del comunicador Emeterio Rivas Rivas. La Iglesia Católica Colombiana insiste en la inconveniencia de esta candidatura.

Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad

[1] PARAPOLÍTICA. La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Corporación Nuevo Arco Iris. Agosto de 2007. Pág. 30.

ACCION URGENTE



Conato de atentado contra miembro del MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO – CAPITULO SAN ONOFRE. A ADIL MELENDEZ.


Hechos:

Los hechos se dieron el día 5 de octubre del 2007, a las 6:30 p, m, cuando ADIL MELENDEZ, se dirigía a su oficina en el centro de la ciudad de Cartagena en compañía de su escolta personal y un amigo.

El escolta observó a un hombre joven que rondaba cerca del Dr ADIL, siguiéndolo y observando sus movimientos en actitud sospechosa, con apariencia particular, ante lo cual le preguntó al amigo del Dr ADIL si conocía a esa persona, ante la respuesta negativa de éste, el escolta procedió rápidamente a llamar a la policía metropolitana.

En ese momento la persona en cuestión al verse descubierto dio la vuelta al edificio y salió corriendo hacia una moto de alto cilindraje que lo esperaba en la esquina del almacén Vivero de donde huyeron.






Hacemos un llamado al Gobierno para que se le brinde las garantías y las medidas de seguridad necesarias, para que Adil Meléndez, pueda ejercer sus actividades sociales, populares y políticas en su región.








COMITÉ DE IMPULSO






Bogota, D, C, Octubre del 2007

AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE LA ABOGADA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS IRENE LÓPEZ, MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO.

Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2.007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND, el día de ayer 15 de octubre de 2.007, en la casa de habitación de la abogada BLANCA IRENE LÓPEZ, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.

Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.

Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no solo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.

Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior, demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional, el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional” la satisfacción de sus derechos a la VERDAD , JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.

Corporación Jurídica Yira Castro
Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2.007.

Valle del Cauca: Florece la resistenciaestudiantil ante la arremetida estatal

Por Jairo Caicedo/Colombia

Cali, octubre 3 (ABP). El Sur occidente Colombiano presenta un panorama preocupante de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Los organismos estatales y paraestatales llevan a cabo continuas acciones en contra del movimiento popular. En el Valle del Cauca específicamente, se han vuelto permanentes los señalamientos y detenciones en contra del movimiento campesino y obrero a la par de las organizaciones populares barrial y cultural.
El ambiente departamental se encuentra signado por la represión hacia todo lo disidente. Es precisamente en este marco donde se inscribe la lucha estudiantil en las universidades del Valle y Nacional de Palmira.
Contra el PND y el recorte a las transferencias:
Las universidades del departamento se sumaron a las jornadas nacionales en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del recorte a las transferencias territoriales, que se generaron en todo el país desde mediados del mes de abril hasta finales del mes de mayo de 2007. Como parte de dichas jornadas, se realizaron reuniones informativas sobre el impacto de esta legislación sobre la educación pública nacional. Las masivas jornadas se vieron acompañadas por los señalamientos y detenciones contra la comunidad universitaria que se sumó a la movilización.
En Palmira, del 29 de mayo al 2 de junio, se realizaron movilizaciones combativas con la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional, de la sede Palmira de Univalle, y de los colegios públicos de la ciudad. La respuesta estatal consistió en inundar las manifestaciones con personajes en motos que provocaban a los marchantes y les tomaban fotos. El 30 de mayo varios de estos sujetos amenazaron a los marchantes con “quebrarlos”, al tiempo que unos supuestos trabajadores de la empresa transportadora Coodetrans, que se encontraban armados con pistolas, transmitían por radio los sucesos de la marcha. Varios grupos de policías filmaron la movilización y transitaron en camioneta por los alrededores de la UN al finalizar las actividades. Posteriormente, con la instalación del campamento estudiantil en el campus de la UN, se incrementaron las intimidaciones y el seguimiento a los líderes estudiantiles quienes fueron intimidados por hombres que se movilizaban en camionetas polarizadas que circulaban por la zona constantemente.
En la Universidad del Valle la situación no fue distinta. Con una coyuntura particular, en la que en poco más de un año han sido asesinados cuatro estudiantes de la institución (Jhonny Silva, William Ortiz, Julián Hurtado y, el 3 de agosto pasado, Katherine Soto), y donde los señalamientos contra líderes estudiantiles y trabajadores se han vuelto una constante, la Univalle logró unificar propuestas en torno a la organización y movilización estudiantil contra el gobierno uribista ilegítimo y su legislación antipopular. Los estudiantes participaron activa y combativamente en la jornada del 23 de mayo, donde miembros de la comunidad universitaria fueron agredidos y señalados por parte de efectivos de la Policía Nacional en inmediaciones del Parque de las Banderas. En el marco de las manifestaciones de inconformismo del movimiento estudiantil en la Avenida Pasoancho, fueron detenidos dos estudiantes acusados falsamente de terrorismo y rebelión. Así mismo el campamento estudiantil que se levantó en el edificio de la Administración Central fue amenazado varias veces a altas horas de la noche por camionetas polarizadas que se situaban en las afueras del campus haciendo en dos ocasiones tiros al aire.
A pesar de la intimidación el movimiento secundarista avanza:
Los estudiantes de secundaria del país respondieron con creces al llamado de FECODE de paro nacional indefinido contra el PND y el recorte a las transferencias. En consecuencia los jóvenes estudiantes lideraron un proceso de amplias perspectivas y le dieron lecciones de combatividad y organización al magisterio e incluso a los estudiantes universitarios. El Valle del Cauca no se quedó atrás: los estudiantes de los principales colegios públicos de Tulúa y Buga, y de la casi totalidad de instituciones de Cali y Palmira realizaron tomas, movilizaciones y mítines que permiten vislumbrar un movimiento estudiantil en formación orientado hacia la lucha y la defensa de la educación pública. Los jóvenes secundaristas supieron enfrentar la represión y el terror oficial, así como la indecisión de gran parte de los maestros que no asumieron las jornadas que ellos mismos convocaron. En Cali los estudiantes del Colegio Santa Librada, del Politécnico, el Ciudad de Cali, el Donald Tafur y el INEM sortearon las continuas amenazas de la Policía Nacional de tomarse las instalaciones de sus colegios. Varios compañeros del movimiento estudiantil fueron presos del señalamiento sistemático de miembros de la fuerza pública. Así mismo las instalaciones tomadas fueron frecuentadas por vehículos polarizados y por gente extraña que preguntaba por la identidad de los ocupantes de los edificios. Las movilizaciones por las calles de la ciudad fueron de gran magnitud, y en ellas se demostró el espíritu revolucionario de la próxima generación del movimiento estudiantil.
¡Compañera Katherine Soto Presente!:
El pasado 3 de agosto de 2007 en horas de la madrugada, en inmediaciones del corregimiento de San Cipriano en el municipio de Buenaventura, fue asesinada por parte de efectivos del ejército Katherine Soto y herido gravemente Rolando Quintero, ambos miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle. Cuatro impactos de fusil dieron fin a la vida de Katherine, quien a sus 21 años de edad era profesora del Liceo Latino, activista comunitaria e ingresaba a séptimo semestre de Ciencias sociales. Rolando recibió tres disparos en una de sus piernas y fue trasladado displicentemente por los militares a un centro de atención donde la inasistencia de sus agresores lo obligó a asumir todos los costos médicos que le dejó el atentado.
Ante las denuncias de la comunidad universitaria y de los medios de comunicación, el general de la Tercera Brigada, Leonardo Gómez (posteriormente inmerso en el escándalo de vínculos con el narcotráfico) “admitió” el “error” de sus tropas y señaló como sospechosa la presencia de los estudiantes a esas horas en el sitio. Familiares de Katherine fueron instados por uniformados a no poner demandas en contra del Estado, que ellos “darían plata” y que estuvieran tranquilos. Con el asesinato de la compañera vemos como en menos de dos años como cuatro estudiantes de la Universidad del Valle fueron eliminados por la sistemática acción de los aparatos estatales y paraestatales de represión. Asistimos entonces a una nueva manifestación del terrorismo de Estado: el “errorismo”, en la cual los asesinos encubren sus crímenes como supuestos errores.
La reacción del estudiantado no se hizo esperar y el 7 de agosto, cuando los oficiales de la Tercera Brigada asistían a la misa que en su honor brinda la Arquidiócesis de Cali en la Plaza de Cayzedo, hicieron sentir su voz de protesta y su rechazo al “errorismo” de Estado. Los estudiantes boicotearon hábilmente el festejo de los genocidas y salpicaron a los asesinos con la sangre que han hecho derramar en su accionar represivo en los campos y ciudades de Colombia.
Infiltración en el campus:
El viernes 21 de septiembre de 2007 a las 10:30 AM, a un día de cumplirse los dos años del asesinato de Jhonny Silva por parte de miembros del ESMAD de la Policía Nacional, fue detenido al interior del campus de Univalle un efectivo de dicho cuerpo homicida que se encontraba de civil tomándole fotos a la comunidad estudiantil y realizando actividades de inteligencia en el marco de la estrategia de infiltración de las universidades públicas del país. Los estudiantes lo detectaron, dándole captura y procediendo a tomar la justicia en sus manos. Trabajadores y administrativos de la Universidad llevaron al policía a la Administración Central para asegurarlo y para indagar sobre el infiltrado. El policía lleva cuatro años en el ESMAD y admitió ante las cámaras de un noticiero regional estar llevando a cabo operaciones de inteligencia dentro del campus. La comunidad universitaria exigió la claridad de la Policía Metropolitana sobre sus políticas de infiltración al interior de la institución educativa.

Un futuro de lucha y organización:
La actividad de los jóvenes revolucionarios del Valle del Cauca no se circunscribe solamente a sus reivindicaciones estudiantiles, desde los colegios y universidades se destacan hombres y mujeres para las luchas populares de nuestro pueblo. Los estudiantes han sido activos forjadores de la unidad popular construyendo organizaciones combativas en los barrios y veredas, participando en las luchas del pueblo trabajador y haciendo suyas las exigencias del movimiento campesino del departamento. La coyuntura actual de las universidades del Valle del Cauca, marcada por la desfinanciación neoliberal y el terrorismo de Estado, permite adivinar un futuro cada vez más combativo y revolucionario donde los estudiantes fortalezcan la unidad patriota y bolivariana contra el gobierno ilegítimo de Uribe Vélez. Desde los círculos de estudio hasta el tropel, desde la asamblea hasta la movilización, los estudiantes están levantando las banderas de oposición al régimen y por la construcción de la Nueva Colombia. Serán, sin lugar a dudas, dignos hijos del Libertador y orgullosos seguidores del camino de Hernando González Acosta.

Sin olvido: Luis Fernando Lalinde Lalinde detenido, torturado, desaparecido en 1984

Bogotá, octubre 4 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Hace 23 años, un miércoles 3 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde Lalinde fue detenido arbitrariamente, torturado, desaparecido forzadamente y ejecutado extrajudicialmente, por efectivos militares adscritos al Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” de la Brigada VIII del ejército, al mando del Capitán Jairo Enrique Piñeros Segura, y de los Subtenientes Jaime Andrés Tejada González, y Samuel Jaimes Soto y el Cabo Segundo Medardo Espinosa Aleiza, durante un operativo realizado en la vereda El Verdúm, del municipio El Jardín, departamento de Antioquia.
Luis Fernando, estudiante de Sociología, de 26 años de edad, militante de un partido de oposición, había salido de su casa en Medellín a realizar una misión humanitaria de auxiliar a un herido. Según testimonios de pobladores de la región, Luis Fernando fue detenido hacia las 5:30 a.m. del 3 de octubre y hacia las 6:00 p.m. fue sacado en un camión del ejército, luego de haber sido torturado.
El ejército negó haberlo detenido y se limitó a reportar la muerte de un supuesto guerrillero no identificado, NN "Jacinto", en hechos ocurridos el 4 de octubre en la vereda El Verdúm, del municipio El Jardín.
El 1 de agosto de 1988, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares afirmó que Luis Fernando Lalinde Lalinde era "Jacinto NN" y que estaba muerto. Hasta ese entonces esta Delegada de la Procuraduría, el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Militares habían negado este hecho. El 16 de septiembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado Colombiano por el "arresto y posterior muerte" de Luis Fernando Lalinde Lalinde.
Debido al profundo amor y a la solidaridad, a la tenacidad, a la persistencia, a la constancia del corazón de su madre, de los sueños compartidos en familia, de la insistencia, de la constancia de Doña Fabiola Lalinde, parte de los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde fueron encontrados años después e inhumados el 19 de noviembre de 1996 en la ciudad de Medellín.
Los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde fueron exhumados finalmente en 1992. A pesar de que Doña Fabiola Lalinde tenía la certeza de que se trataba de su hijo, tuvo que esperar 4 años más a que un análisis de ADN confirmara que los restos de “Nn Jacinto” correspondían a su hijo.
El poder afirmar el derecho a exhumar y el derecho a enterrar no fue nada fácil. Los victimarios crearon múltiples formas de ocultamiento, de tergiversación de la verdad, de las pruebas de su responsabilidad. Desde el 21 de noviembre de 1984 ya se había realizado la primera “exhumación”, en un paraje solitario de la vereda Ventanas del municipio de Riosucio, departamento de Caldas. La primera “necropsia”, con resultado poco confiables porque fue practicada por los mismos victimarios, realizada por el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar, quienes después volvieron a enterrar los restos de Luis Fernando.
Solo hasta el 18 de noviembre de 1996, 12 años después, la Brigada VIII del ejército entregó los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde a la familia.
Doña Fabiola es hoy el sentido de la perseverancia, el principio de la esperanza, a pesar de las presiones, de las mentiras, de los hostigamientos, de las pretensiones de los victimarios de quebrarla moralmente, ella se mantuvo y se mantiene firme como un roble, como esos arbustos en que encontró a su hijo, en apariencia débiles pero forjados en dignidad exigiendo aún justicia.
Ella y su familia son memoria viviente de la dignidad, de la bella obra de arte que es la vida humana, los sueños de democracia, de vida y libertad para todas y todos. Hoy Luis Fernando está presente en cada encuentro de familiares de víctimas, en cada lugar donde se afirma el derecho a la Memoria, a la justicia integral, al derecho a saber, a la reparación integral. Hoy Luis Fernando Lalinde Lalinde está en cada lugar donde Doña Fabiola está presente compartiendo su experiencia en la búsqueda de su hijo, compartiendo su tenacidad en la afirmación de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por ello...
Luis Fernando... en la Memoria. Luis Fernando... Sin Olvido.

SIN OLVIDO: PABLO EMILIO CORDOBA MADRIGAL

Bogotá, octubre 2 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Hace 20 años, un miércoles 30 de septiembre de 1987, hombres armados de la estrategia militar encubierta denominada Muerte A Secuestradores – MAS, asesinaron al sindicalista Pablo Emilio Córdoba Madrigal, en el corregimiento La Sierra, jurisdicción del municipio de Puerto Nare, departamento de Antioquia.

Pablo Emilio, hombre trabajador de la población de Puerto Nare, miembro de la junta directiva del sindicato de COLCARBUROS y directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de materiales de la Construcción -SUTIMAC-, había recibido amenazas contra su vida, por su labor sindical y posteriormente por su militancia política en la Unión Patriótica, con la cual llegó a una curul en el consejo municipal.

Pablo Emilio, como dirigente sindical realizó una permanente exigencia ante las directivas de la empresa de Cementos Nare, para que evitaran la continuación de asesinatos de sindicalistas, ya que el propio Gerente de la Empresa de Cementos Nare, Germán Freud, había afirmado públicamente ante los trabajadores sindicalizados que realizaron una protesta en el mes de octubre de 1986, que: "Ustedes rían ahora, que después del 5 de diciembre de este año llorarán" (publicado en el periódico VOZ, en Diciembre de 1988.)

Pablo Emilio denunció ante las autoridades regionales y nacionales las violaciones a los derechos humanos de que eran victimas sindicalistas, pobladores de Puerto Nare y su zona rural, al igual que los miembros de la Unión Patriótica.

Entre las decenas de asesinados y desaparecidos desde 1986, se encuentran Julio Cesar Uribe Rúa, asesinado el 8 de diciembre de 1986, Luis Antonio Gómez, detenido – desaparecido por la policía el 11 de enero de 1987, Marcial González, detenido – desaparecido el 5 de febrero de 1987, Jhoin Alberto Montoya, asesinado el 7 de marzo de 1987, Jesús Antonio Molina, asesinado el 9 de marzo de 1987, Alfonso Miguel Lozano Pérez, asesinado el 30 de marzo de 1987, Mercedes Nevado, detenida – desaparecida por el B-2 del ejército el 11 de junio de 1987.

Posteriormente al asesinato de Pablo Emilio, los crímenes continuaron en Puerto Nare, las nuevas víctimas fueron Gustavo de Jesús Callejas y Héctor Alonso Loaiza Londoño, asesinados el 16 de noviembre de 1987, Víctor Manuel Isaza Uribe, detenido – desaparecido junto con tres pobladores más el 19 de noviembre de 1987, Darío Gómez y Carlos Arturo Salazar, detenidos el 19 de enero de 1988, el primero de ellos fue encontrado asesinado el 25 de febrero del mismo año, mientras que Carlos Arturo se encuentra desaparecido; Jesús Emilio Monsalve Mesa, detenido – desaparecido, torturado y posteriormente asesinado, el 24 de enero de 1988; Juan Bautista Cadavid, asesinado el 25 de enero de 1988; Juan de Jesús Grisales Urrego, asesinado el 3 de febrero de 1988; Héctor Julio Mejía, herido el 8 de febrero de 1988 y a los 8 días falleció; José Alquiver Betancur, José Santos Bermúdez Y Luis Eduardo Apango Quiceno, asesinados el 24 de febrero de 1988; Jesús Aníbal Parra Castrillón, asesinado el 28 de marzo de 1988; José Guillermo Ramírez, asesinado el 22 de abril de 1988; José Manuel Herrera, asesinado el 4 de septiembre de 1988; Milcíades Fernández y dos personas más fueron detenidos, torturados y asesinados el 21 de septiembre de 1988; José Cárdenas, asesinado el 01 de diciembre de 1988, Carlos Alfonso Tobon Zapata, asesinado el 28 de enero de 1989; Juan Rivera, asesinado el 12 de agosto de 1989; Luis Durán, asesinado el 29 de septiembre de 1989; Fredy De Jesús Zapata Arboleda, Norberto De Jesús Arboleda y Francisco Javier Zapata Arboleda, detenidos – desaparecidos por la Fuerza Pública el 22 de octubre de 1990; Albeiro De Jesús Gómez Ramírez, detenido – desaparecido, torturado y asesinado el 13 de febrero de 1991; Danilo Barrera Aguirre, asesinado el 22 de febrero de 1991; Evelio De Jesús Martínez Gómez y Aníbal De Jesús Cano, asesinados el 7 de mayo de 1992; Gustavo Alberto Bedoya Duque, asesinado el 21 de abril de 1993; Jorge Ivan Bedoya Gómez , asesinado el 4 de mayo de 1993; Jorge Jiménez Bustos y Luis Aguirre Marín, desaparecidos el 4 de mayo de 1993; Ángel Parra Zapata, Orlando Gaviria Reina Ester Escobar Parra y Rubén Darío Cadavid, asesinados el 20 de mayo de 1993; Luis Camacho, asesinado el 30 de octubre de 1998… y decenas de pobladores de Puerto Nare, del corregimiento La Sierra, de sindicalistas, de militantes de la Unió Patriótica fueron víctimas de estos crímenes desde 1986 en adelante. Crímenes cometidos por la estrategia militar encubierta del MAS – Muerte A Secuestradores -, con el apoyo de autoridades civiles y militares de la región, del B-2 de la Brigada 14 del ejército, de la Policía local, del DAS y la SIJIN.

Como en el caso de Pablo Emilio, en los demás crímenes la justicia nunca llegó. Crímenes en la Impunidad después de 20 años. De los responsables, entre otros, el Coronel Hernando Navas Rubio, quien según testimonios en el asesinato de Milcíades Fernández el 21 de septiembre de 1988, fue quien dio la orden a los paramilitares Henry de Jesús Pérez Duran; Alonso de Jesús Baquero Agudelo; Wilson de Jesús Pérez Duran, conocido como "Chorólo"; Joaquín Emilio Cataño Hernández; Rafael Iván Cataño Hernández; Jesús Pelaez y los paramilitares conocidos como "Carga Larga" y "Michín", para que torturaran y asesinaran a Milcíades, al gerente de la Caja Agraria de Puerto Nare y a su conductor.

El municipio de Puerto Nare, Magdalena Medio Antioqueño, oculta hoy la memoria de los crímenes de lesa humanidad y ensalza la impunidad en la frase “Puerto Nare, remanso de paz del magdalena medio”. Puerto Nare, escenario de crímenes contra la organización popular, crímenes contra la afirmación del derecho al trabajo, a la asociación, a la libertad de expresión. Crímenes contra la oposición política, contra las organizaciones comunitarias. Crímenes de hace 20 años en la impunidad. Crímenes que hoy se repiten gracias a esa misma impunidad, al olvido.

Por ello,

Pablo Emilio, y las decenas de víctimas de crímenes de lesa humanidad de Puerto Nare… en la memoria…

Pablo Emilio, y las decenas de víctimas de crímenes de lesa humanidad de Puerto Nare… sin olvido

VII Aniversario ANGEL Y CLAUDIA

VII ANIVERSARIO DE LA DETENCION - DESAPARICION DE ANGEL QUITERO Y CLAUDIA MONSALVE

El 6 de Octubre de 2007, se cumple el VII Aniversario de la detención desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve, miembros de la Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos, ASFADDES y Defensores de los Derechos Humanos.

Seis años de aprobada la Ley 589, que tipifica la desaparición forzada como delito, ley que dio origen a la creación de la Comisión nacional de b úsqueda de personas desaparecidas y al Mecanismo de b úsqueda urgente, para encontrar con vida a los desparecidos y sancionar ejemplarmente a los responsables de este atroz delito.

Una de las funciones de esta comisión, es conformar los grupos de trabajo para casos específicos, cuyo propósito es el avance e impulso de las investigaciones, para dar con el paradero de las personas desaparecidas forzadamente. El primer grupo de trabajo constituido por la Comisión fue para impulsar y agilizar la investigación que permitiera esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la desaparición forzada de nuestros compañeros Ángel y Claudia.

Seis años esperando respuestas de este grupo, conformado por los organismos investigativos que tienen presencia en esta Comisión del cual no se han obtenido respuestas de, ¿Dónde están?, ¿Que hicieron con ellos? ¿Quién se los llevo?, ¿Por qué se los llevaron?. A pesar de haber entregado en su momento la información requerida para encontrarlos, la falta de compromiso y de voluntad política de los funcionarios encargados de la investigación, han hecho que sus familias sigan viviendo entre la esperanza y desesperanza, entre el dolor por su ausencia forzada y la ilusión de su regreso al hogar.

Para los familiares asociados en ASFADDES se mantiene viva en nuestra memoria los rostros queridos de Angel y Claudia, su alegría, vitalidad y persistencia en el compromiso y lucha en contra de la Desaparición Forzada y en contra de la impunidad.

Por Angel, por Claudia y por los mas de quince mil desaparecidos en Colombia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por erradicar la Desaparición Forzada, la violación a los Derechos Humanos y la impunidad. Para que nunca mas, ninguna familia sufra el dolor de la ausencia forzada de un ser querido, causado por los enemigos de la vida, de los sueños y de la esperanza de vida digna.

Quedara algo más de nosotr@s, que el gesto o la palabra, este deseo candente de derrotar la impunidad.

No Olvidamos

Nos deben un desfile
Por Juan Cendales

Bogotá, octubre 2 (PCC). Hace veinte años estábamos felices y contentos celebrando en Cali el III Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes. Después de tres días de rumba, debates y actos culturales nos disponíamos a salir desde el parque de la caña en un multicolor desfile que sería la clausura del festival. La rumba de despedida estaba programada en el parque panamericano. Pero las risas, los cantos y la alegría se convirtieron en llanto, rabia y dolor. Hacia las cinco de la tarde recibimos la noticia de que habían matado al dirigente comunista, presidente de la Unión Patriótica y candidato presidencial de la izquierda, Jaime Pardo Leal.

La marcha festiva se convirtió en luctuosa marcha de protesta.
Luego seguirían muchas otras marchas similares. Por otros muertos. Por centenares. Miles. Todos los días mataban un camarada. A veces dos. Cinco. A Pedro Luis Valencia se le metieron una noche a la casa y lo mataron en la cama. Con un carro derribaron la puerta. A Gabriel Jaimes lo acribillaron en plena oficina de la Asamblea de Antioquia. Chucho García fue destrozado con la poderosa bomba que pusieron en la sede de la Juco. Al negro Pepe, lo mismo que a Bernardo, lo mataron en pleno aeropuerto de Bogotá. Miles de historias y de nombres, de rostros, de recuerdos, de rabias. De sentimientos de culpa por estar vivos. Por haber sido impotentes. De ver a los genocidas y a los instigadores de los crímenes pavoneándose por las paginas sociales, las gobernaciones, los ministerios, la presidencia y la diplomacia. Muchos de ellos están hoy en la cárcel, pero sus amigos y compadres buscan aprobar leyes que los indulten.

Jaime Pardo Leal era un hombre honesto. Inteligente. Una persona transparente. Lo mismo que Manuel Cepeda, que Bernardo Jaramillo, que Teófilo Forero, Jose Miller Chacón, José Antequera, Gabriel Jaime Santamaría, Pedro Nel Jiménez, Leonardo Posada. Lo mismo que los cinco mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista asesinados en estos 20 años. Veinte años de sobresaltos. De escalofriantes llamadas a las medias noches. Veinte años de torturas, de desapariciones. De exilios. Veinte años de dolor. Pero también de resistencias.
Los días 10 y 11 de octubre vamos a conmemorar con diversos actos estos veinte años de ausencias, de impunidad y de ofensas.

Y aunque estamos cansados de tanto ir a los cementerios, el jueves 11 de octubre iremos al medio día a la tumba de Jaime Pardo Leal en el cementerio central de Bogotá.
Yendo a ella será como ir a la de todos.

Llevaremos una serenata, unas flores y mucha nostalgia. Les diremos que no descansaremos hasta que haya justicia y se sepa la verdad. Hasta que termine el terrorismo de estado y la guerra sucia. Y los criminales sean juzgados en lugar de ser condecorados o nombrados de embajadores, Generales y hasta de héroes.

Pero también les diremos que hoy nuevamente el país se viste, como en los tiempos hermosos de la Unión Patriótica, con banderas amarillas, que como las mariposas de Mauricio Babilonia muestran el camino de los sueños y la libertad. Las banderas del Polo. Esta nueva esperanza que crece a pesar de los que siempre han pisoteado la vida y la dignidad.

Y que a una generación de colombianos nos tienen en deuda el desfile de clausura de un festival. Y la ausencia forzada de tantos y tan entrañables amigos y camaradas.

Pero que por ellos y con ellos seguimos adelante sin desfallecer.

Mi voz la que está gritando!

Mi sueño el que sigue entero.

Y sepan que solo muero

Si ustedes van aflojando.

Porque el que murió peleando

Vive en cada compañero!

ALERTA POR INJERENCIA PARAMILITAR EN ELECCIONES DEL PROXIMO OCTUBRE

Bogotá, septiembre 24 (Indymedia). Las elecciones territoriales de octubre próximo podrían solidificar y hasta aumentar el poder paramilitar y parapolítico en la mayor parte del territorio nacional, si persisten las situaciones actuales, según una investigación adelantada por la Fundación Nuevo Arco Iris. Consultadas las estadísticas electorales, los informes sobre aspiraciones políticas, la opinión de especialistas, las proyecciones de dirigentes y las indagaciones de diferentes organizaciones sobre la realidad nacional, la investigación plantea que los grupos paramilitares, desmovilizados o no, mantienen su influencia y controlan el poder político en diferentes regiones del país. La situación podría agravarse también con la presencia de los llamados 'grupos emergentes', como "Águilas Negras", "Los Rastrojos" o la ONG (Organización Nueva Generación), que sin duda interfieren en la voluntad política de amplias zonas del territorio nacional.

Es tal el poder paramilitar que ya no se requiere la violencia para torcer voluntades, sostiene la politóloga e investigadora Claudia López al manifestar que desde el año 2002 controlan regiones no solo de la Costa Atlántica, como muchos creen. “Aunque su influjo en los últimos años ha aumentado en regiones como el departamento de Atlántico y en especial su capital, Barranquilla, y la ciudad de Soledad”, dice. El senador Gustavo Petro estima que si el gobierno mantiene una actitud permisiva frente a ese fenómeno, en el mes de octubre el país tendrá una “retoma" multiplicada al cuadrado, de alcaldías y gobernaciones por parte de lo que él llama las “redes mafiosas” en Colombia”. Asegura que las condiciones culturales y políticas que propiciaron ese fenómeno siguen vigentes, como la compra y venta de votos, el dinero en las campañas y que las redes del paramilitarismo están intactas. “No se han capturado militares comprometidos, ni magistrados, jueces y fiscales que han permitido la impunidad, muchos políticos no han sido tocados. La red mafiosa paramilitar sigue escondida en las desmovilizaciones de unos ejércitos que no son la esencia del paramilitarismo” anota.

En opinión del ex precandidato del liberalismo, Rodrigo Rivera Salazar las condiciones pueden ser iguales a las del pasado y más si hay sectores que utilizan actitudes judiciales como arma para tratar de atacar a los adversarios. Rivera propone primero, que no haya solidaridad de cuerpo en ninguna institución cuyos miembros resulten comprometidos en el escándalo de la parapolítica; segundo que no haya politización de la Justicia y tercero, que no haya ley de punto final. La investigación conlleva a que nada garantiza que los candidatos a las gobernaciones, las alcaldías, los concejos y las asambleas no estén fletados o comprometidos con los grupos que dominan las regiones. O que al menos tengan la “para-bendición” para poder aspirar a un cargo.

Sectores afines al gobierno, como es el caso del ex presidente del Directorio Nacional Conservador, Julio Manzur confían en que el Ejecutivo blinde el proceso electoral y otorgue plenas garantías, en especial porque “el país de la política no está hecho con ángeles y arcángeles y en los partidos puede haber de todo”, afirmó. Para el vocero del liberalismo, senador Juan Fernando Cristo, lamentablemente es evidente que el paramilitarismo mantiene su influencia en varias regiones del país y hay paramilitares de segunda generación, bandas emergentes como las famosas “Águilas Negras”, hecho que reconoce el propio gobierno. Advierte que si en los próximos meses no hay una acción decidida y eficaz del Estado, como no se ha visto hasta ahora, para el desmantelamiento de esas redes mafiosas, las elecciones de octubre estarán intervenidas por los paramilitares. El defensor del Pueblo Volmar Pérez, admite que el proceso electoral tiene serios riesgos, hasta el punto que lanzará un sistema de alertas tempranas dirigidas al gobierno, al conjunto de la fuerza pública sobre el peligro que se cierne sobre las comunidades por la aparición de nuevas estructuras del paramilitarismo en alianza con el narcotráfico.

Los diferentes analistas coinciden en que el paramilitarismo sigue su expansión en el país. Se afianzó de manera fragmentada en partes de Córdoba y Antioquia. Siguió hacia Sucre, saltó a Norte de Santander, de donde se extendió a Magdalena y Cesar. Entró a sangre y fuego a La Guajira, empezó a manejar la política en Bolívar y de manera poderosa ingresó a Barranquilla y casi toda la Costa Norte. Sus tentáculos llegaron al Magdalena Medio en Boyacá y Santander, pasando luego a Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga. En los Llanos Orientales el predominio es muy grande y hasta combaten entre distintos grupos. Y luego empezó a rodear a Bogotá, ingresando con los carteles de la gasolina desde Puerto Salgar hasta Funza, Fontibón e ingresaron con negocios sucios en Corabastos, los Sanandresitos y hasta centros de prostitución. Actualmente controlan sectores de Bosa y Ciudad Bolívar, así todo se oculte o se pretenda desconocer. Pero además están en el Tolima, en el Norte de Valle en asocio con el narcotráfico, e ingresaron con violencia al Cauca y se establecieron en sitios que dominaban las Farc y en cultivos de coca en Caquetá, Putumayo, Nariño y lograron establecer una ruta esencial del narcotráfico a través del Pacífico para sus exportaciones de droga.

Su presencia se siente y su dominio es evidente. “Ya no necesitan acudir a la violencia más cruel, no se necesita matar ni intimidar con los fusiles” agrega la politóloga Claudia López. La investigación de la Fundación Nuevo Arco Iris plantea además varias dudas y muchos interrogantes. ¿Qué tan cierta y con cuántos ha sido la desmovilización de los paramilitares? ¿El escándalo parapolítico podrá variar el mapa de influencia paramilitar en municipios y departamentos? ¿Los partidos políticos podrán blindarse frente a candidatos afines o comprometidos con el paramilitarismo? ¿Tiene razón la oposición cuando sostiene que el gobierno pretende ocultar toda la verdad sobre el paramilitarismo? ¿La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se darán la pela con los dirigentes políticos, aún siendo amigos del Presidente? Si el estado actual se mantiene ¿las elecciones de octubre reflejarán la verdad electoral del país? ¿Se podrá blindar el sistema electoral frente a fraudes como los detectados en varias regiones en los comicios legislativos del año pasado? ¿Se podrá saber si en la Registraduría hay amigos agazapados del paramilitarismo?

PRESENCIA PARAMILITAR EN OPERATIVOS DEL EJERCITO EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO

Medellín, septiembre 24 (Cahucopana). La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante las autoridades civiles y militares, y ante las organizaciones sociales nacionales e internacionales la presencia en la zona rural del municipio de Remedios de paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, en medio de un fuerte operativo militar adelantado por el Batallón Calibío de la 14a. Brigada del Ejército.

En medio de operativos militares que actualmente se ejercen en la región del nordeste antioqueño por parte de la fuerza pública que se encuentra en las veredas de San Francisco y Dosquebradas, hombres que se identifican como paramilitares de las Águilas Negras vienen sembrando el terror en la comunidad y amenazando campesinos vinculados al proceso organizativo de Cahucopana.

El lunes 17 de septiembre hicieron presencia en la vereda Puerto Nuevo Ité – La Cooperativa, dos hombres armados vestidos de negro, quienes son reconocidos en la región como paramilitares, pues han sido los responsables de la persecución del líder comunitario Henry Hoyos, de la vereda La Troja. En días pasados denunciamos que estos hombres ingresaron a su vivienda y amenazaron a su familia de muerte en caso de no abandonar la región. El señor Hoyos es presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Troja y hace parte de la Corporación Cahucopana.

Estos hechos de violencia contra la comunidad campesina del nordeste antioqueño se presentan luego de que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, se comprometiera en la ciudad de Barrancabermeja a garantizar la vida y la seguridad de los habitantes del nordeste antioqueño que durante un mes permanecimos en un refugio humanitario en el puerto petrolero, ante las amenazas, los hostigamientos y las ejecuciones extrajudiciales de que somos víctimas por parte del Ejército Nacional.

La presencia de presuntos paramilitares en la antigua zona de influencia del “desmovilizado” Bloque Central Bolívar evidencia la incapacidad del proceso de negociación de desmontar las estructuras paramilitares que, en complicidad con la fuerza pública, han sembrado el terror y la zozobra en nuestros campos.

Por lo tanto exigimos al estado colombiano garantizar la seguridad e integridad de esta familia y de las comunidades asentadas en el nordeste antioqueño.

Condenado Ministerio Defensa porasesinato en Norte de Santander

Bogotá, septiembre 13 (CCAJAR). Por su responsabilidad en el asesinato del ex defensor del pueblo, seccional Norte de Santander, Angel Iván Villamizar Luciani, el 12 de febrero de 2001, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de la ciudad de Cúcuta, condenó a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa, al considerar que dicho homicidio fue perpetrado por paramilitares, con la participación y aquiescencia de miembros de la policía nacional.
Ese día, el vehículo en el que se desplazaba Villamizar, quien se desempeñaba en ese momento como catedrático de la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta, fue abordado por un campero Mitsubishi color verde, un taxi y una motocicleta de donde descendieron varios hombres portando armas de fuego automáticas y escopetas, quienes dispararon contra el costado izquierdo del mismo.
Villamizar quien intentó huir al bajarse de la camioneta por el costado derecho de la misma, fue alcanzado por las balas, siendo ultimado por uno de los sicarios, al lado del vehículo, a pesar de los intentos por repeler el ataque por parte de los escoltas que lo acompañaban.
Según las investigaciones realizadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, los sujetos que perpetuaron el homicidio entre los cuales había varios heridos, fueron trasladados del barrio Sevilla, lugar donde buscaron refugio luego del asesinato, en la patrulla de la policía 20057, perteneciente a la Estación Atalaya de Cúcuta.
Así mismo la Fiscalía logró establecer que Jhony Mauricio Muñoz, conductor de dicha patrulla, un día después del homicidio de Villamizar, sostuvo una conversación telefónica con el paramilitar de alias “el gringo”, en el que éste le comenta que alias “Rumichaca” esta gravemente herido, así como algunas otras llamadas realizadas a este paramilitar entre noviembre de 2000 y enero de 2001, lo que confirma la estrecha relación entre estos y el oficial de la policía.
Villamizar era abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con especialización en derecho penal y criminología del Externado de Colombia. Fue catedrático de la Universidad Libre en Bogotá, de la Universidad Gran Colombia y de la Inca, durante una década. Se desempeñó como Juez Penal y de Instrucción Criminal en Bogotá, Agente especial de la Procuraduría General de la Nación, Subdirector de Investigación y Control de la Aduana.
Ocupó el cargo de defensor regional en Norte de Santander de abril de 1997 a septiembre de 1999, cargo al que renunció debido a las constantes amenazas de grupos paramilitares, Presidente Delgado de la Seccional de Cúcuta de la Universidad Libre desde el 1 de agosto del año 2000, hasta la fecha en que se produjo su homicidio.
El ex defensor regional del pueblo, había denunciado en septiembre de 1999 la violación de derechos humanos en la región del Catatumbo, entre las que se contaba la masacre de 23 personas ocurrida en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibu, a manos de grupos paramilitares de la región, las que activaron múltiples amenazas y hostigamientos de los que fue víctima, que lo obligaron, no solo a trasladarse por espacio de un año a la ciudad de Bogotá, sino a solicitar protección por parte del Das.
Por el asesinato de Villamizar se ordeno la captura de Carlos Castaño Gil, sindicado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado, y se le profirió resolución de acusación en calidad de autor de homicidio, tentativa de homicidio agravado y concierto para cometer delito de homicidio a Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias “Rumichaca”, el paramilitar que como se mencionó anteriormente tenía sus vínculos con el patrullero de la policía Jhonny Muñoz, facilitador de la patrulla en la que lo transportó, luego que fuera herido en los hechos, y sobre quien también pesa una orden de captura, luego de su vinculación a la investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación también señala como responsable a Lorenzo Gonzalez Quinchia, alias “Yunda” o “Julián”, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien junto con Jorge Iván Laverde Zapata alias “La Iguana”, son cabecillas del bloque urbano que delinque en los municipios de Zulia, Puerto Santander y el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta.
Contra alias “Julián” se profirió resolución de acusación en calidad de autor intelectual de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio con fines terroristas y autor del delito de concierto para delinquir.

Misión Humanitaria realizará una verificación

AUMENTAN LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REGIÓN DEL BAJO ARIARI, EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO

Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Septiembre de 2007. Con el objetivo de continuar y ampliar la documentación de los más de 50 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte, desplazamientos forzados cometidos por agentes estatales, entre los años 2006 y 2007, en la región del Bajo Ariari, un conjunto de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, en compañía de Naciones Unidas, ACNUR y el PNDU, entre otras instancias, desarrollarán del 18 al 21 de septiembre próximos, una Misión Humanitaria de verificación y acompañamiento, en la zona en mención.
Esta Misión se organiza, tras evaluar los últimos hechos de persecución y hostigamiento a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos de la región y luego de verificar, tanto el aumento de ejecuciones de campesinos, presentados por el Ejército Nacional como "guerrilleros muertos en combate", como los constantes atropellos por parte de la fuerza pública, de que son víctimas los pobladores del bajo Ariari, en especial de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras.
Sobre este punto es importante recordar que el mismo Padre Javier Giraldo S.J, en derecho de petición dirigido al Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, solicitó en días pasados, y ante hechos conocidos y documentados "retirar de sus cargos a los comandantes de la Brigada Móvil No 12 y del Batallón Joaquín París, identificar a todos los integrantes de las tropas que se han movilizado por los caseríos donde se ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, así como sus líneas de mando"
En el derecho de petición, que recopila aproximadamente 22 casos sucedidos en lo que va corrido del año 2007, entre ejecuciones extrajudiciales, presentación de "falsos positivos", desplazamientos, amenazas y torturas, el Padre Giraldo, le solicita igualmente no supedite estas peticiones apremiantes a supuestas "investigaciones internas", que además de no contar con credibilidad, "se convierten en la práctica en nuevas agresiones y amenazas contra las víctimas".
La Misión que espera documentar éstos y otros casos más, realizará además, un recorrido por las zonas donde se evidencia el daño causado por fumigaciones recientes, como las veredas Caño Danta, Miravalles, San Pedro, El Jordán, Puerto Toledo, entre otras, que enfrentan en la actualidad una grave emergencia humanitaria.

CICR: Los desplazados en Colombia
aumentan pese a desmovilización de 'paras'

Bogotá, septiembre 12 (CODHES). Según la entidad internacional el país cuenta con el mayor número de desarraigados del planeta. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia se desplazaron 45.000 personas en el 2005, 67.000 en el 2006 y se calcula que se llegará a cerca de 72.000 este año.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) predijo hoy una nueva oleada de desplazados en Colombia por el conflicto interno que vive este país, que cuenta ya con el mayor número de desarraigados del planeta, dijo AFP.

"Este año, si la situación actual continúa, llegaremos a casi 72.000 nuevos refugiados", aseguró la jefa de la delegación colombiana del CICR, Bárbara Hintermann a los medios internacionales en Ginebra. “A pesar de la desmovilización de algunos paramilitares y de la negociaciones en curso, la situación de la población civil no ha mejorado”.

"El CICR ha constatado estos últimos años que las operaciones militares se han intensificado, lo que se refleja en la situación de la población civil", agregó.

Estas cifras, no obstante, son sensiblemente inferiores a las ofrecidas por las autoridades del país, que aseguran que los conflictos guerrilleros provocaron el traslado forzoso de 170.000 personas.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el país con mayor número de desplazados, unos tres millones en total. La entidad también está preocupada por el alto número de minas antipersonales que existen en vastas regiones del país, "que afectan mayoritariamente a los soldados, pero también a los civiles, que son sus víctimas en un 35 por ciento de los casos", aseguró Hintermann.

Consultada sobre quien coloca las minas, Hintermann, dijo que tanto la guerrilla, como los paramilitares.

"Hasta donde nosotros sabemos el gobierno no es responsable de la colocación de las minas, porque firmó el tratado de Otawa", especificó la directora.

Asimismo, la entidad tiene contabilizados 4.000 desaparecidos, una cifra que "presumiblemente" debe ser mucho más elevada, dado que el CICR solo cuenta los casos denunciados por sus propios familiares.

La directora señaló que a pesar de que la semana pasada pudo recuperar los cadáveres de los 11 diputados de Cali secuestrados por la guerrilla y asesinados posteriormente por causas aún por dilucidar, la organización "no tiene contacto con los rehenes".

Colombia sufre una guerra civil desde hace más de 40 años, con dos guerrillas levantadas en armas que se enfrentan tanto al ejército regular como a grupos de paramilitares.

Urrá II, Más violaciones a Nuestros Derechos



Tierralta, septiembre 12 (ONIC). Las comunidades indígenas Emberá Katío del Alto Sinú hacemos un llamado urgente al conjunto de las organizaciones y sectores sociales, a los organismos de derechos humanos, a todas las instituciones ambientalistas a expresar su firme rechazo a los recientes pronunciamientos del gobierno colombiano sobre la construcción de la central hidroeléctrica Urrá II.

¡S.O.S. del pueblo Embera Katio!
Urrá más que energia. Urrá más atropellos. Urrá mas incumplimientos

Este pronunciamiento ha propiciado un ambiente de TERROR en nuestras comunidades y a nuestro pueblo en general, quienes vivimos aún en carne propia los horrores que ha generado la construcción de Urrá I, recordemos que ha sido una época de :

Violaciones de nuestros derechos fundamentales.
De muerte y desaparición de nuestros lideres.
De secuestro de nuestros dirigentes
De desplazamiento de nuestras comunidades.
De señalamientos y hostigamientos.
De hambre.
De pérdida de nuestra cultura.
De deforestación de nuestros bosques.
De pérdida de nuestros territorios ancestrales.
De entrada de cultivos ilícitos.
De atropellos por parte del Estado y de Urrá (como lo señaló en su momento la Corte Constitucional).

Hoy después de 8 años del llenado de Urrá I, continúan los incumplimientos por parte de la Empresa Urrá y del gobierno colombiano, ni siquiera la Corte Constitucional logró que los dueños de este proyecto cumplieran con la mitigación de los daños causados a nuestro pueblo, al contrario de manera arrogante y burlona nos han instado a que demandemos si no aceptamos lo que la empresa nos impone, lo anterior ante la mirada inmóvil y pasividad de los garantes de los diferentes acuerdos.

Por todo lo anterior solicitamos la conformación de una comisión de expertos del nivel internacional a que examinemos conjuntamente los verdaderos impactos generados por Urrá I y la forma en que se han mitigado, que se evalúen los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano y la Empresa Urrá con el Pueblo Embera Katio del Alto Sinú y el conjunto de la población cordobesa afectada.

Pedimos a los amigos y a todos aquellos que han seguido de cerca este proceso a que se pronuncien en contra de la construcción de Urrá II que llevaría consigo m ás atropellos, m ás violaciones, más incumplimientos, y sería una estocada de muerte a nuestro pueblo.

Nos oponemos enérgicamente que tras la “cortina de humo” de resolver el problema de las inundaciones en Montería y otros municipios circundantes, de generar más recursos por concepto de regalías con ocasión de la puesta en funcionamiento de la nueva fase de la hidroeléctrica, realmente se profundice la miseria, desplazamiento, explotación y muerte no solo del Pueblo Embera Katío sino de los sectores sociales más pobres y vulnerables de Córdoba y la región.

La experiencia en Colombia y otros países pobres de la región nos evidencia que los megaproyectos no traen progreso y desarrollo para el Pueblo, sino agudizan la marginación y exclusión social, pues en la práctica contribuyen a forrar los bolsillos de unos pocos que agencian los intereses del capital transnacional.

Ha llegado la hora de tomar posición, de asumir una postura solidaria y comprometida. Es el momento de generar escenarios de discusión sobre los impactos de la construcción de Urrá II, de movilizar a todas las fuerzas vivas de la sociedad a expresar por todos los canales y formas posibles su clara y rotunda oposición a este megaproyecto que nos condena al exterminio como Pueblo y Cultura.

CABILDOS MAYORES DEL RÍO SINÚ Y RÍO VERDE
Resguardo Embera Katío del Alto Sinú