La interceptación ilegal de líneas telefónicas por parte de las agencias estatales de seguridad es una práctica que ha hecho carrera en Colombia y, en el pasado, convirtió a Medellín y el Valle de Aburrá en un laboratorio óptimo.
Por Juan Diego Restrepo E
Escuchar las conversaciones con medios técnicos no se puede considerar como un hecho aislado del contexto de guerra que rodea al país ni del afán del Estado por restringir las libertades civiles y los derechos individuales en aras de imponer su concepción de seguridad democrática.
La piedra del último escándalo, que da cuenta de conversaciones de ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia) que evidencian sus actividades delictivas, y de por lo menos 94 personas más, entre funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas, miembros de
Medellín vivió entre diciembre de 1997 y febrero de 2001 una verdadera ‘feria’ de interceptaciones ilegales de líneas telefónicas, muchas de ellas de diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. En total, se ‘chuzaron’ 1.808 líneas utilizando firmas falsas de fiscales.
Al proceso de investigación penal y disciplinario fueron vinculados un funcionario de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y seis miembros de la Policía Nacional , entre ellos el coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien se desempeñó entre 1997 y 1999 como comandante del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Pese a su incierta situación jurídica, fue nombrado en agosto de 2002 por el presidente Álvaro Uribe Vélez como Secretario de Seguridad de la Casa de Nariño.
Ambas situaciones revelan la fragilidad de la madurez política de las esferas del Estado relacionadas con la seguridad nacional y las flaquezas del Estado de Derecho. No sólo se violan garantías mínimas como el derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, reconocidos en
Sin lugar a dudas, con estas interceptaciones se están socavando las condiciones esenciales para que la democracia se afiance en el país, así se esté argumentando, como lo ha hecho el general (r) Guillermo Chávez, ex director de Inteligencia de
Las ‘chuzadas’ de Medellín
A finales de noviembre de 2000, una serie de hechos, todos fatales, le permitieron establecer a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de
El primero de ellos fue la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de
En el proceso de investigación que buscaba dar con el paradero de ambos defensores de derechos humanos, se descubrió que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida. Los investigadores quisieron constatar qué autoridad había dado la orden de interceptación dado que una línea telefónica sólo puede ser interceptada de manera legal si hay autorización del fiscal de conocimiento y la aprobación de
Tras una visita a la central telefónica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), miembros del CTI solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de Asfaddes. La documentación entregada por los funcionarios de EPM demostraba que las órdenes estaban en regla: aparecían diligenciados y firmados, tal cual lo indican los protocolos judiciales, y en papel membreteado de
Esta sucesión de hechos irregulares llevó a los investigadores del CTI a revisar órdenes similares y se encontraron cientos de órdenes de interceptación telefónicas falsas, elaboradas y enviadas desde el comando de
Ante estas evidencias, el 18 de abril del 2001
En declaraciones a la prensa en esa época, el general Jorge Daniel Castro Castro, quien para esos años de desempeñaba como comandante de
Tras escucharlos en indagatoria y comprobar que no existió “indicio grave de responsabilidad”, el 30 de mayo de ese año
Para nada sirvió la solicitud de un agente de
“Soy un agente de
“La colaboración –explicó– se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG que tuvieran que ver con la subversión”.
Hacia la impunidad
En el proceso de investigación fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez, agente de
El homicidio ocurrió en la mañana 4 de abril de
Pero no bastó asegurar su silencio con su muerte. Durante un allanamiento a su residencia, realizado por la fiscal Marilyn Monsalve, se pretendía buscar información que aportara pruebas de las interceptaciones ilegales. Hallaron una caja con papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. El material implicaba aún más a quienes comandaron el Gaula de
Pese a todas las adversidades y a la decisión de
En su decisión,
“Aun así –continúa el Ministerio Público– consciente de la ilegalidad de su proceder, consintió y aprobó la realización de las interceptaciones por fuera del marco constitucional y legal. Además, con su conducta interfirió de manera arbitraria e injusta en la vida privada de las personas afectando con ello un servicio de naturaleza esencial, como lo es el de justicia, poniendo en riesgo el principio de transparencia y lealtad, toda vez que con su actuar por fuera de la ley, pretendió entre otros fines, lograr éxitos en las investigaciones confiadas al Gaula (...) sacrificando derechos reconocidos en
El mismo día de conocido el fallo,
Lo que vino después fue una cadena de decisiones que favorecieron a Santoyo Velasco. La primera de ellas fue la del Consejo de Estado, que determinó que el oficial podrá seguir en el servicio activo mientras se resuelve su petición de nulidad del fallo proferido por
Caminos contradictorios
Es paradójico el camino recorrido por el coronel Santoyo Velasco si compara su caso con el de los 11 generales llamados a retiro el 14 de mayo pasado, entre ellos el general Jorge Daniel Castro Castro, director de
De acuerdo con el propio Gobierno Nacional, las grabaciones y la filtración fueron realizadas por personal de
Pero ante la filtración de estas conversaciones, la reacción del Gobierno Nacional no fue la de esperar resultados de investigaciones, tal como se le aplicó al caso del ex comandante del Gaula en Medellín, sino la de considerar las interceptaciones telefónicas como “un procedimiento totalmente inaceptable, ilegal y contrario a la política del gobierno, a las instrucciones que en tal sentido han impartido el Presidente de
De inmediato, el Presidente de
Y justo el martes 29 de mayo, en el Congreso de
En esencia, y contrario a las reacciones iniciales del Gobierno Nacional, el procedimiento mediante el cual se obtuvieron esas grabaciones no es ilegal, puesto que, de acuerdo con el general Naranjo y el Fiscal General de
Lo que sí fue considerado ‘ilegal’ por las propias autoridades fue la filtración de las grabaciones a la revista Semana, un acto que le permitió al país darse cuenta que el respeto a las libertades civiles y los derechos individuales, sobre todo los relacionados con la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no son tan sólidos cuando se trata de consolidar la seguridad democrática.
Además, este nuevo escándalo permite establecer que cuando se trata de obtener beneficios mediante estos mecanismos antidemocráticos, el Estado puede buscar las alternativas para proteger a quienes infringieron la ley, como en el caso del coronel Mauricio Santoyo Velasco, o de someter al escarnio público a todo un cuerpo de generales, como ocurrió la mañana del 15 mayo. Todo depende, en esencia, del interés político del momento.
Agencia de Prensa IPC de Medellín, Colombia.
(57 4) 284 90 35
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