Bogotá, septiembre 24 (Indymedia). Las elecciones territoriales de octubre próximo podrían solidificar y hasta aumentar el poder paramilitar y parapolítico en la mayor parte del territorio nacional, si persisten las situaciones actuales, según una investigación adelantada por la Fundación Nuevo Arco Iris. Consultadas las estadísticas electorales, los informes sobre aspiraciones políticas, la opinión de especialistas, las proyecciones de dirigentes y las indagaciones de diferentes organizaciones sobre la realidad nacional, la investigación plantea que los grupos paramilitares, desmovilizados o no, mantienen su influencia y controlan el poder político en diferentes regiones del país. La situación podría agravarse también con la presencia de los llamados 'grupos emergentes', como "Águilas Negras", "Los Rastrojos" o la ONG (Organización Nueva Generación), que sin duda interfieren en la voluntad política de amplias zonas del territorio nacional. Es tal el poder paramilitar que ya no se requiere la violencia para torcer voluntades, sostiene la politóloga e investigadora Claudia López al manifestar que desde el año 2002 controlan regiones no solo de la Costa Atlántica, como muchos creen. “Aunque su influjo en los últimos años ha aumentado en regiones como el departamento de Atlántico y en especial su capital, Barranquilla, y la ciudad de Soledad”, dice. El senador Gustavo Petro estima que si el gobierno mantiene una actitud permisiva frente a ese fenómeno, en el mes de octubre el país tendrá una “retoma" multiplicada al cuadrado, de alcaldías y gobernaciones por parte de lo que él llama las “redes mafiosas” en Colombia”. Asegura que las condiciones culturales y políticas que propiciaron ese fenómeno siguen vigentes, como la compra y venta de votos, el dinero en las campañas y que las redes del paramilitarismo están intactas. “No se han capturado militares comprometidos, ni magistrados, jueces y fiscales que han permitido la impunidad, muchos políticos no han sido tocados. La red mafiosa paramilitar sigue escondida en las desmovilizaciones de unos ejércitos que no son la esencia del paramilitarismo” anota.
En opinión del ex precandidato del liberalismo, Rodrigo Rivera Salazar las condiciones pueden ser iguales a las del pasado y más si hay sectores que utilizan actitudes judiciales como arma para tratar de atacar a los adversarios. Rivera propone primero, que no haya solidaridad de cuerpo en ninguna institución cuyos miembros resulten comprometidos en el escándalo de la parapolítica; segundo que no haya politización de la Justicia y tercero, que no haya ley de punto final. La investigación conlleva a que nada garantiza que los candidatos a las gobernaciones, las alcaldías, los concejos y las asambleas no estén fletados o comprometidos con los grupos que dominan las regiones. O que al menos tengan la “para-bendición” para poder aspirar a un cargo.
Sectores afines al gobierno, como es el caso del ex presidente del Directorio Nacional Conservador, Julio Manzur confían en que el Ejecutivo blinde el proceso electoral y otorgue plenas garantías, en especial porque “el país de la política no está hecho con ángeles y arcángeles y en los partidos puede haber de todo”, afirmó. Para el vocero del liberalismo, senador Juan Fernando Cristo, lamentablemente es evidente que el paramilitarismo mantiene su influencia en varias regiones del país y hay paramilitares de segunda generación, bandas emergentes como las famosas “Águilas Negras”, hecho que reconoce el propio gobierno. Advierte que si en los próximos meses no hay una acción decidida y eficaz del Estado, como no se ha visto hasta ahora, para el desmantelamiento de esas redes mafiosas, las elecciones de octubre estarán intervenidas por los paramilitares. El defensor del Pueblo Volmar Pérez, admite que el proceso electoral tiene serios riesgos, hasta el punto que lanzará un sistema de alertas tempranas dirigidas al gobierno, al conjunto de la fuerza pública sobre el peligro que se cierne sobre las comunidades por la aparición de nuevas estructuras del paramilitarismo en alianza con el narcotráfico.
Los diferentes analistas coinciden en que el paramilitarismo sigue su expansión en el país. Se afianzó de manera fragmentada en partes de Córdoba y Antioquia. Siguió hacia Sucre, saltó a Norte de Santander, de donde se extendió a Magdalena y Cesar. Entró a sangre y fuego a La Guajira, empezó a manejar la política en Bolívar y de manera poderosa ingresó a Barranquilla y casi toda la Costa Norte. Sus tentáculos llegaron al Magdalena Medio en Boyacá y Santander, pasando luego a Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga. En los Llanos Orientales el predominio es muy grande y hasta combaten entre distintos grupos. Y luego empezó a rodear a Bogotá, ingresando con los carteles de la gasolina desde Puerto Salgar hasta Funza, Fontibón e ingresaron con negocios sucios en Corabastos, los Sanandresitos y hasta centros de prostitución. Actualmente controlan sectores de Bosa y Ciudad Bolívar, así todo se oculte o se pretenda desconocer. Pero además están en el Tolima, en el Norte de Valle en asocio con el narcotráfico, e ingresaron con violencia al Cauca y se establecieron en sitios que dominaban las Farc y en cultivos de coca en Caquetá, Putumayo, Nariño y lograron establecer una ruta esencial del narcotráfico a través del Pacífico para sus exportaciones de droga.
Su presencia se siente y su dominio es evidente. “Ya no necesitan acudir a la violencia más cruel, no se necesita matar ni intimidar con los fusiles” agrega la politóloga Claudia López. La investigación de la Fundación Nuevo Arco Iris plantea además varias dudas y muchos interrogantes. ¿Qué tan cierta y con cuántos ha sido la desmovilización de los paramilitares? ¿El escándalo parapolítico podrá variar el mapa de influencia paramilitar en municipios y departamentos? ¿Los partidos políticos podrán blindarse frente a candidatos afines o comprometidos con el paramilitarismo? ¿Tiene razón la oposición cuando sostiene que el gobierno pretende ocultar toda la verdad sobre el paramilitarismo? ¿La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se darán la pela con los dirigentes políticos, aún siendo amigos del Presidente? Si el estado actual se mantiene ¿las elecciones de octubre reflejarán la verdad electoral del país? ¿Se podrá blindar el sistema electoral frente a fraudes como los detectados en varias regiones en los comicios legislativos del año pasado? ¿Se podrá saber si en la Registraduría hay amigos agazapados del paramilitarismo?
