El Baile rojo
Iván Cepeda Castro
El programa Entre Ojos de Caracol Televisión presentó por primera vez en la televisión colombiana el documental El Baile Rojo del antropólogo Yezid Campos, que recoge testimonios de víctimas y sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. El nombre del documental corresponde a uno de los cinco planes de exterminio que diseñó el alto mando militar para acabar al movimiento político. Las historias de vida recogidas por Yezid Campos muestran la cruda realidad de este genocidio: la madre de Bernardo Jaramillo cuenta que la jerarquía eclesiástica dio la orden de no oficiar misas para honrar la memoria del candidato a la presidencia asesinado; Imelda Daza, líder política del César, relata cómo fue aniquilado el movimiento en su departamento; Yolanda Palacios narra la masacre ejecutada por el Ejército contra su familia en Fusagasugá; Aída Abella, la presidente de la UP, habla del atentado que la forzó al exilio; Fernando Pardo recuerda el asesinato de su padre Jaime Pardo Leal. La fuerza de estos testimonios ha conmovido profundamente a quienes desde 2003 han visto El Baile Rojo en Colombia y en otros países. Su difusión pública contribuye a despertar la conciencia sobre el significado que tiene la destrucción de toda una colectividad política.
Para comentar el documental fuimos invitados al estudio Carlos Franco, encargado del Programa Presidencial de Derechos Humanos, y yo. Sin ninguna clase de respeto por las víctimas y sobrevivientes del genocidio, el señor Franco sostuvo que diversos “grupos privados” asesinaron a los miembros de la UP porque ellos “combinaban todas las formas de lucha”. Este argumento, que han utilizado en los últimos veinte años las autoridades, no es nada distinto que la promoción de la empatía social con una intencionalidad genocida mediante la justificación de actos criminales.
Ya una vez recurrí a la justicia para que se prohíban esta clase de injurias. En su sentencia T-959/06, la Corte Constitucional rechazó la propaganda de la campaña de reelección del presidente Álvaro Uribe como medio para justificar el genocidio. La Corte afirmó que esa clase de propaganda “desconoce que la Unión Patriótica fue un movimiento político, que participó en justas electorales y que tuvo presencia en distintos cuerpos representativos. El ocultamiento de esta realidad tiene por consecuencia la promoción de una imagen negativa del movimiento y de sus miembros, pues en lugar de ser considerados legítimos actores políticos, se les hace aparecer como responsables de delitos perpetrados en contra de civiles”.
La sociedad colombiana no es conciente de su grave crisis ética. Somos el segundo país del mundo con la más alta tasa de
desplazamiento forzado, con un conflicto de más de cuatro décadas en el que se practican todas las formas de violencia, y en el que se apela a la crueldad extrema para exacerbar el sufrimiento. La idea de que somos una democracia imperfecta enmascara un estado de barbarie. Se trata de una plena inconciencia de las dimensiones y la naturaleza del horror como efecto del prolongado ejercicio de la legitimación de la violencia desde todas las posturas ideológicas, desde el Estado, los grupos armados, los partidos políticos, los medios de comunicación, la iglesia y la academia. En las condiciones de un conflicto armado, cualquier acto justificatorio de los crímenes cometidos es equivalente a una incitación a que se sigan cometiendo. Por eso debería ser considerado un delito apelar a toda modalidad de legitimación pública de la violencia, y en primer lugar, que los gobernantes justifiquen las atrocidades cometidas por el propio aparato estatal.
Iván Cepeda Castro
El programa Entre Ojos de Caracol Televisión presentó por primera vez en la televisión colombiana el documental El Baile Rojo del antropólogo Yezid Campos, que recoge testimonios de víctimas y sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. El nombre del documental corresponde a uno de los cinco planes de exterminio que diseñó el alto mando militar para acabar al movimiento político. Las historias de vida recogidas por Yezid Campos muestran la cruda realidad de este genocidio: la madre de Bernardo Jaramillo cuenta que la jerarquía eclesiástica dio la orden de no oficiar misas para honrar la memoria del candidato a la presidencia asesinado; Imelda Daza, líder política del César, relata cómo fue aniquilado el movimiento en su departamento; Yolanda Palacios narra la masacre ejecutada por el Ejército contra su familia en Fusagasugá; Aída Abella, la presidente de la UP, habla del atentado que la forzó al exilio; Fernando Pardo recuerda el asesinato de su padre Jaime Pardo Leal. La fuerza de estos testimonios ha conmovido profundamente a quienes desde 2003 han visto El Baile Rojo en Colombia y en otros países. Su difusión pública contribuye a despertar la conciencia sobre el significado que tiene la destrucción de toda una colectividad política.
Para comentar el documental fuimos invitados al estudio Carlos Franco, encargado del Programa Presidencial de Derechos Humanos, y yo. Sin ninguna clase de respeto por las víctimas y sobrevivientes del genocidio, el señor Franco sostuvo que diversos “grupos privados” asesinaron a los miembros de la UP porque ellos “combinaban todas las formas de lucha”. Este argumento, que han utilizado en los últimos veinte años las autoridades, no es nada distinto que la promoción de la empatía social con una intencionalidad genocida mediante la justificación de actos criminales.
Ya una vez recurrí a la justicia para que se prohíban esta clase de injurias. En su sentencia T-959/06, la Corte Constitucional rechazó la propaganda de la campaña de reelección del presidente Álvaro Uribe como medio para justificar el genocidio. La Corte afirmó que esa clase de propaganda “desconoce que la Unión Patriótica fue un movimiento político, que participó en justas electorales y que tuvo presencia en distintos cuerpos representativos. El ocultamiento de esta realidad tiene por consecuencia la promoción de una imagen negativa del movimiento y de sus miembros, pues en lugar de ser considerados legítimos actores políticos, se les hace aparecer como responsables de delitos perpetrados en contra de civiles”.
La sociedad colombiana no es conciente de su grave crisis ética. Somos el segundo país del mundo con la más alta tasa de
desplazamiento forzado, con un conflicto de más de cuatro décadas en el que se practican todas las formas de violencia, y en el que se apela a la crueldad extrema para exacerbar el sufrimiento. La idea de que somos una democracia imperfecta enmascara un estado de barbarie. Se trata de una plena inconciencia de las dimensiones y la naturaleza del horror como efecto del prolongado ejercicio de la legitimación de la violencia desde todas las posturas ideológicas, desde el Estado, los grupos armados, los partidos políticos, los medios de comunicación, la iglesia y la academia. En las condiciones de un conflicto armado, cualquier acto justificatorio de los crímenes cometidos es equivalente a una incitación a que se sigan cometiendo. Por eso debería ser considerado un delito apelar a toda modalidad de legitimación pública de la violencia, y en primer lugar, que los gobernantes justifiquen las atrocidades cometidas por el propio aparato estatal.
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