Fondo para la Reparación de las Víctimas:Presupuesto para victimarios, no para las víctimas
Bogotá, agosto 23 (CCAJAR). Mientras que el gobierno nacional ha venido implementando desde el 2005 cientos de proyectos productivos, cursos de capacitación, fondos de becas, convenios con grupos económicos, con el fin de facilitar la reinserción de los paramilitares desmovilizados, miles de víctimas del paramilitarismo, esperan pacientemente la lejana posibilidad de ser reparados económicamente por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus seres queridos, mediante el recién puesto en funcionamiento Fondo para la Reparación de las Víctimas.
No obstante dicho Fondo, administrado por la Agencia Presidencial Acción Social, no tiene con qué responder no sólo por que los paramilitares mismos a sabiendas que “únicamente tienen que entregar o denunciar sus bienes de procedencia ilícita” han realizado todo tipo de maniobras jurídicas, entre ellas el testaferrato, el ofrecimiento de bienes no saneados jurídicamente y la devolución de propiedades con proyectos productivos a favor de desmovilizados, sino porque a fecha de 26 de julio, el Fondo para Reparación de las Víctimas “únicamente ha recibido bienes del desmovilizado señor Manuel de Jesús Pirabán, alias “Don Jorge” o “Pirata””, lo que corresponde a dos fincas, una de 910 hectáreas, otra de 995, tres lotes de 200 metros cuadrados cada uno, tres camperos, 152 toros criollos y dos caballos.
De igual manera, a la fecha el Fondo no ha tenido ninguna entrada por donación extranjera, como tampoco de recursos provenientes del presupuesto nacional para su mantenimiento, como si lo tiene paradójicamente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de los Grupos y Personas Alzadas en Armas, que según su director, Frank Joseph Pearl González, tiene un presupuesto de $294.000 millones de pesos, así como 40 proyectos con apoyo del sector privado, y la posibilidad que Estados Unidos comprometa US$51 millones en los próximos tres años.
Según el Alto Consejero, a 31 de enero de este año, el Sistema de Acompañamiento indicaba que de un total de 31.521 desmovilizados de las autodefensas, 26.790 recibía algún tipo de beneficio, entre estos una ayuda humanitaria correspondiente a 358 mil pesos mensuales, aún cuando no asistiera a talleres o a cursos. Del resto, es decir 4.731, no se conocía su paradero.
Y aunque ya se habla de un fracaso total del proceso de reinserción, ya que al parecer parte de los primeros 5.276 millones de pesos invertidos en este proceso, se perdieron, lo cierto es que desde el 2005, el gobierno nacional ha venido implementando lo que en su momento llamo Proyectos Productivos por la Paz, como parte de la base de la creación de proyectos empresariales en las zonas donde se presentaron desmovilizaciones masivas, a saber, Uraba, Suroeste antioqueño, Cundinamarca, Tibú (Norte de Santander), Palmira, Córdoba y el sur del Magdalena.
En efecto, hoy día, de los 2.624 desmovilizados de las autodefensas que debían estar empleados en 41 proyectos económicos en 9 departamentos, menos de la cuarta parte siguen vinculados a ellos. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho de que a pesar que el gobierno desembolsará 600 millones de pesos para trescientos ex paramilitares pertenecientes al bloque de Hernán Giraldo para producir estevia, a julio de este año, quedaban apenas 5 desmovilizados cultivando el endulzante natural.
Así las cosas, resulta inaudito que mientras las víctimas de grupos paramilitares no cuentan con una real asistencia psicológica, o alguna ayuda humanitaria para poder viajar y asistir a las versiones libres de sus verdugos, se debaten entre conseguir el dinero para la manutención de sus familias, el desplazamiento forzado que les ha tocado asumir dadas las amenazas y persecuciones, los paramilitares desmovilizados sigan recibiendo, a pesar del fracaso rotundo del proceso, además de miles de millones de pesos que solo han traído perdidas, asesoría, información en materia de salud, educación, atención psicosocial, capacitación laboral, en cualquiera de los Centros de Referencia dispuestos por el gobierno para tal fin, como en el caso del departamento de Antioquia.
De tal manera, queda claro una vez más que los únicos beneficiados por las decisiones del gobierno con la implementación de la Ley de Justicia y Paz son los paramilitares, mientras las víctimas siguen siendo afectadas y revictimizadas, además que solo serán beneficiarias del Fondo, si logran participar directamente en el incidente de reparación, si pueden acudir y probar que el jefe paramilitar o bloque fue quien cometió el crimen, si el caso en particular tuvo sentencia y claro, si el fondo de reparación llega a conseguir dinero para poder repararlas.
Bien lo decía Mancuso, en una entrevista concedida al Espectador en el 2005 “los proyectos productivos y la vinculación plena a la civilidad de los desmovilizados, nos generan un caudal disponible para cuando lo queramos utilizar como trampolín político”.
En conclusión a la fecha no hay un solo peso para reparar a las victimas, el fondo es una entelequia y un fraude más que sumado a la falta de verdad y de justicia allanará el camino para que las víctimas acudan a la Corte Penal Internacional o a otras instancias para buscar verdad, justicia y reparación.
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