domingo, 21 de octubre de 2007

AMENAZA DE MUERTE EN CONTRA DE LA ABOGADA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS IRENE LÓPEZ, MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO.

Luego de cuatro meses de incesantes hostigamientos en contra de las abogadas miembros de la Corporación Jurídica Yira Castro, consistentes en el allanamiento ilegal a su sede ocurrida el 22 de junio de 2.007 y a una serie de correos electrónicos de amenaza que desde el 24 de julio, se han dirigido en contra de miembros de la CJYC así como del líder de la Coordinadora Nacional de Desplazados –CND, el día de ayer 15 de octubre de 2.007, en la casa de habitación de la abogada BLANCA IRENE LÓPEZ, fue encontrado un mensaje en manuscrito en el que se lee “Bas a morir, disiembre 24 firma señor popo”.

Tememos fundadamente por la vida e integridad física de nuestra compañera, así como por la seguridad de su familia.

Ante los graves hechos denunciados desde el mes de junio, es necesario señalar que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para garantizar la vida y la labor de quienes asumimos en Colombia la defensa de los derechos humanos, es no solo insuficiente, sino además permisiva ante este tipo de hechos de violencia.

Luego de cuatro meses de las iniciales denuncias elevadas por la CJYC ninguna labor judicial se ha adelantado para establecer los responsables de estos hechos, y las investigaciones penales se encuentran suspendidas en espera de trámites burocráticos de reasignación. Por otro lado, las medidas de protección otorgadas por el Ministerio del Interior, demuestran su insuficiencia, dado que ninguna de ellas ha significado el cese de los actos de violencia perpetrados en contra de las miembros de la CJYC. Mientras tanto, seguimos esperando del Gobierno Nacional, el rechazo a este tipo de ataques, así como su respaldo público a la legítima labor que adelantamos a favor de las víctimas del desplazamiento forzado que reclaman, en medio de una coyuntura de impunidad mal llamada “justicia transicional” la satisfacción de sus derechos a la VERDAD , JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.

Corporación Jurídica Yira Castro
Bogotá, Colombia, 15 de octubre de 2.007.

jueves, 4 de octubre de 2007

Valle del Cauca: Florece la resistenciaestudiantil ante la arremetida estatal

Por Jairo Caicedo/Colombia

Cali, octubre 3 (ABP). El Sur occidente Colombiano presenta un panorama preocupante de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Los organismos estatales y paraestatales llevan a cabo continuas acciones en contra del movimiento popular. En el Valle del Cauca específicamente, se han vuelto permanentes los señalamientos y detenciones en contra del movimiento campesino y obrero a la par de las organizaciones populares barrial y cultural.
El ambiente departamental se encuentra signado por la represión hacia todo lo disidente. Es precisamente en este marco donde se inscribe la lucha estudiantil en las universidades del Valle y Nacional de Palmira.
Contra el PND y el recorte a las transferencias:
Las universidades del departamento se sumaron a las jornadas nacionales en contra del Plan Nacional de Desarrollo y del recorte a las transferencias territoriales, que se generaron en todo el país desde mediados del mes de abril hasta finales del mes de mayo de 2007. Como parte de dichas jornadas, se realizaron reuniones informativas sobre el impacto de esta legislación sobre la educación pública nacional. Las masivas jornadas se vieron acompañadas por los señalamientos y detenciones contra la comunidad universitaria que se sumó a la movilización.
En Palmira, del 29 de mayo al 2 de junio, se realizaron movilizaciones combativas con la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional, de la sede Palmira de Univalle, y de los colegios públicos de la ciudad. La respuesta estatal consistió en inundar las manifestaciones con personajes en motos que provocaban a los marchantes y les tomaban fotos. El 30 de mayo varios de estos sujetos amenazaron a los marchantes con “quebrarlos”, al tiempo que unos supuestos trabajadores de la empresa transportadora Coodetrans, que se encontraban armados con pistolas, transmitían por radio los sucesos de la marcha. Varios grupos de policías filmaron la movilización y transitaron en camioneta por los alrededores de la UN al finalizar las actividades. Posteriormente, con la instalación del campamento estudiantil en el campus de la UN, se incrementaron las intimidaciones y el seguimiento a los líderes estudiantiles quienes fueron intimidados por hombres que se movilizaban en camionetas polarizadas que circulaban por la zona constantemente.
En la Universidad del Valle la situación no fue distinta. Con una coyuntura particular, en la que en poco más de un año han sido asesinados cuatro estudiantes de la institución (Jhonny Silva, William Ortiz, Julián Hurtado y, el 3 de agosto pasado, Katherine Soto), y donde los señalamientos contra líderes estudiantiles y trabajadores se han vuelto una constante, la Univalle logró unificar propuestas en torno a la organización y movilización estudiantil contra el gobierno uribista ilegítimo y su legislación antipopular. Los estudiantes participaron activa y combativamente en la jornada del 23 de mayo, donde miembros de la comunidad universitaria fueron agredidos y señalados por parte de efectivos de la Policía Nacional en inmediaciones del Parque de las Banderas. En el marco de las manifestaciones de inconformismo del movimiento estudiantil en la Avenida Pasoancho, fueron detenidos dos estudiantes acusados falsamente de terrorismo y rebelión. Así mismo el campamento estudiantil que se levantó en el edificio de la Administración Central fue amenazado varias veces a altas horas de la noche por camionetas polarizadas que se situaban en las afueras del campus haciendo en dos ocasiones tiros al aire.
A pesar de la intimidación el movimiento secundarista avanza:
Los estudiantes de secundaria del país respondieron con creces al llamado de FECODE de paro nacional indefinido contra el PND y el recorte a las transferencias. En consecuencia los jóvenes estudiantes lideraron un proceso de amplias perspectivas y le dieron lecciones de combatividad y organización al magisterio e incluso a los estudiantes universitarios. El Valle del Cauca no se quedó atrás: los estudiantes de los principales colegios públicos de Tulúa y Buga, y de la casi totalidad de instituciones de Cali y Palmira realizaron tomas, movilizaciones y mítines que permiten vislumbrar un movimiento estudiantil en formación orientado hacia la lucha y la defensa de la educación pública. Los jóvenes secundaristas supieron enfrentar la represión y el terror oficial, así como la indecisión de gran parte de los maestros que no asumieron las jornadas que ellos mismos convocaron. En Cali los estudiantes del Colegio Santa Librada, del Politécnico, el Ciudad de Cali, el Donald Tafur y el INEM sortearon las continuas amenazas de la Policía Nacional de tomarse las instalaciones de sus colegios. Varios compañeros del movimiento estudiantil fueron presos del señalamiento sistemático de miembros de la fuerza pública. Así mismo las instalaciones tomadas fueron frecuentadas por vehículos polarizados y por gente extraña que preguntaba por la identidad de los ocupantes de los edificios. Las movilizaciones por las calles de la ciudad fueron de gran magnitud, y en ellas se demostró el espíritu revolucionario de la próxima generación del movimiento estudiantil.
¡Compañera Katherine Soto Presente!:
El pasado 3 de agosto de 2007 en horas de la madrugada, en inmediaciones del corregimiento de San Cipriano en el municipio de Buenaventura, fue asesinada por parte de efectivos del ejército Katherine Soto y herido gravemente Rolando Quintero, ambos miembros de la comunidad estudiantil de la Universidad del Valle. Cuatro impactos de fusil dieron fin a la vida de Katherine, quien a sus 21 años de edad era profesora del Liceo Latino, activista comunitaria e ingresaba a séptimo semestre de Ciencias sociales. Rolando recibió tres disparos en una de sus piernas y fue trasladado displicentemente por los militares a un centro de atención donde la inasistencia de sus agresores lo obligó a asumir todos los costos médicos que le dejó el atentado.
Ante las denuncias de la comunidad universitaria y de los medios de comunicación, el general de la Tercera Brigada, Leonardo Gómez (posteriormente inmerso en el escándalo de vínculos con el narcotráfico) “admitió” el “error” de sus tropas y señaló como sospechosa la presencia de los estudiantes a esas horas en el sitio. Familiares de Katherine fueron instados por uniformados a no poner demandas en contra del Estado, que ellos “darían plata” y que estuvieran tranquilos. Con el asesinato de la compañera vemos como en menos de dos años como cuatro estudiantes de la Universidad del Valle fueron eliminados por la sistemática acción de los aparatos estatales y paraestatales de represión. Asistimos entonces a una nueva manifestación del terrorismo de Estado: el “errorismo”, en la cual los asesinos encubren sus crímenes como supuestos errores.
La reacción del estudiantado no se hizo esperar y el 7 de agosto, cuando los oficiales de la Tercera Brigada asistían a la misa que en su honor brinda la Arquidiócesis de Cali en la Plaza de Cayzedo, hicieron sentir su voz de protesta y su rechazo al “errorismo” de Estado. Los estudiantes boicotearon hábilmente el festejo de los genocidas y salpicaron a los asesinos con la sangre que han hecho derramar en su accionar represivo en los campos y ciudades de Colombia.
Infiltración en el campus:
El viernes 21 de septiembre de 2007 a las 10:30 AM, a un día de cumplirse los dos años del asesinato de Jhonny Silva por parte de miembros del ESMAD de la Policía Nacional, fue detenido al interior del campus de Univalle un efectivo de dicho cuerpo homicida que se encontraba de civil tomándole fotos a la comunidad estudiantil y realizando actividades de inteligencia en el marco de la estrategia de infiltración de las universidades públicas del país. Los estudiantes lo detectaron, dándole captura y procediendo a tomar la justicia en sus manos. Trabajadores y administrativos de la Universidad llevaron al policía a la Administración Central para asegurarlo y para indagar sobre el infiltrado. El policía lleva cuatro años en el ESMAD y admitió ante las cámaras de un noticiero regional estar llevando a cabo operaciones de inteligencia dentro del campus. La comunidad universitaria exigió la claridad de la Policía Metropolitana sobre sus políticas de infiltración al interior de la institución educativa.

Un futuro de lucha y organización:
La actividad de los jóvenes revolucionarios del Valle del Cauca no se circunscribe solamente a sus reivindicaciones estudiantiles, desde los colegios y universidades se destacan hombres y mujeres para las luchas populares de nuestro pueblo. Los estudiantes han sido activos forjadores de la unidad popular construyendo organizaciones combativas en los barrios y veredas, participando en las luchas del pueblo trabajador y haciendo suyas las exigencias del movimiento campesino del departamento. La coyuntura actual de las universidades del Valle del Cauca, marcada por la desfinanciación neoliberal y el terrorismo de Estado, permite adivinar un futuro cada vez más combativo y revolucionario donde los estudiantes fortalezcan la unidad patriota y bolivariana contra el gobierno ilegítimo de Uribe Vélez. Desde los círculos de estudio hasta el tropel, desde la asamblea hasta la movilización, los estudiantes están levantando las banderas de oposición al régimen y por la construcción de la Nueva Colombia. Serán, sin lugar a dudas, dignos hijos del Libertador y orgullosos seguidores del camino de Hernando González Acosta.
Sin olvido: Luis Fernando Lalinde Lalinde detenido, torturado, desaparecido en 1984



Bogotá, octubre 4 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Hace 23 años, un miércoles 3 de octubre de 1984, Luis Fernando Lalinde Lalinde fue detenido arbitrariamente, torturado, desaparecido forzadamente y ejecutado extrajudicialmente, por efectivos militares adscritos al Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” de la Brigada VIII del ejército, al mando del Capitán Jairo Enrique Piñeros Segura, y de los Subtenientes Jaime Andrés Tejada González, y Samuel Jaimes Soto y el Cabo Segundo Medardo Espinosa Aleiza, durante un operativo realizado en la vereda El Verdúm, del municipio El Jardín, departamento de Antioquia.
Luis Fernando, estudiante de Sociología, de 26 años de edad, militante de un partido de oposición, había salido de su casa en Medellín a realizar una misión humanitaria de auxiliar a un herido. Según testimonios de pobladores de la región, Luis Fernando fue detenido hacia las 5:30 a.m. del 3 de octubre y hacia las 6:00 p.m. fue sacado en un camión del ejército, luego de haber sido torturado.
El ejército negó haberlo detenido y se limitó a reportar la muerte de un supuesto guerrillero no identificado, NN "Jacinto", en hechos ocurridos el 4 de octubre en la vereda El Verdúm, del municipio El Jardín.
El 1 de agosto de 1988, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares afirmó que Luis Fernando Lalinde Lalinde era "Jacinto NN" y que estaba muerto. Hasta ese entonces esta Delegada de la Procuraduría, el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Militares habían negado este hecho. El 16 de septiembre de 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado Colombiano por el "arresto y posterior muerte" de Luis Fernando Lalinde Lalinde.
Debido al profundo amor y a la solidaridad, a la tenacidad, a la persistencia, a la constancia del corazón de su madre, de los sueños compartidos en familia, de la insistencia, de la constancia de Doña Fabiola Lalinde, parte de los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde fueron encontrados años después e inhumados el 19 de noviembre de 1996 en la ciudad de Medellín.
Los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde fueron exhumados finalmente en 1992. A pesar de que Doña Fabiola Lalinde tenía la certeza de que se trataba de su hijo, tuvo que esperar 4 años más a que un análisis de ADN confirmara que los restos de “Nn Jacinto” correspondían a su hijo.
El poder afirmar el derecho a exhumar y el derecho a enterrar no fue nada fácil. Los victimarios crearon múltiples formas de ocultamiento, de tergiversación de la verdad, de las pruebas de su responsabilidad. Desde el 21 de noviembre de 1984 ya se había realizado la primera “exhumación”, en un paraje solitario de la vereda Ventanas del municipio de Riosucio, departamento de Caldas. La primera “necropsia”, con resultado poco confiables porque fue practicada por los mismos victimarios, realizada por el Juzgado 121 de Instrucción Penal Militar, quienes después volvieron a enterrar los restos de Luis Fernando.
Solo hasta el 18 de noviembre de 1996, 12 años después, la Brigada VIII del ejército entregó los restos de Luis Fernando Lalinde Lalinde a la familia.
Doña Fabiola es hoy el sentido de la perseverancia, el principio de la esperanza, a pesar de las presiones, de las mentiras, de los hostigamientos, de las pretensiones de los victimarios de quebrarla moralmente, ella se mantuvo y se mantiene firme como un roble, como esos arbustos en que encontró a su hijo, en apariencia débiles pero forjados en dignidad exigiendo aún justicia.
Ella y su familia son memoria viviente de la dignidad, de la bella obra de arte que es la vida humana, los sueños de democracia, de vida y libertad para todas y todos. Hoy Luis Fernando está presente en cada encuentro de familiares de víctimas, en cada lugar donde se afirma el derecho a la Memoria, a la justicia integral, al derecho a saber, a la reparación integral. Hoy Luis Fernando Lalinde Lalinde está en cada lugar donde Doña Fabiola está presente compartiendo su experiencia en la búsqueda de su hijo, compartiendo su tenacidad en la afirmación de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por ello...
Luis Fernando... en la Memoria. Luis Fernando... Sin Olvido.

martes, 2 de octubre de 2007

SIN OLVIDO: PABLO EMILIO CORDOBA MADRIGAL



Bogotá, octubre 2 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). Hace 20 años, un miércoles 30 de septiembre de 1987, hombres armados de la estrategia militar encubierta denominada Muerte A Secuestradores – MAS, asesinaron al sindicalista Pablo Emilio Córdoba Madrigal, en el corregimiento La Sierra, jurisdicción del municipio de Puerto Nare, departamento de Antioquia.

Pablo Emilio, hombre trabajador de la población de Puerto Nare, miembro de la junta directiva del sindicato de COLCARBUROS y directivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de materiales de la Construcción -SUTIMAC-, había recibido amenazas contra su vida, por su labor sindical y posteriormente por su militancia política en la Unión Patriótica, con la cual llegó a una curul en el consejo municipal.

Pablo Emilio, como dirigente sindical realizó una permanente exigencia ante las directivas de la empresa de Cementos Nare, para que evitaran la continuación de asesinatos de sindicalistas, ya que el propio Gerente de la Empresa de Cementos Nare, Germán Freud, había afirmado públicamente ante los trabajadores sindicalizados que realizaron una protesta en el mes de octubre de 1986, que: "Ustedes rían ahora, que después del 5 de diciembre de este año llorarán" (publicado en el periódico VOZ, en Diciembre de 1988.)

Pablo Emilio denunció ante las autoridades regionales y nacionales las violaciones a los derechos humanos de que eran victimas sindicalistas, pobladores de Puerto Nare y su zona rural, al igual que los miembros de la Unión Patriótica.

Entre las decenas de asesinados y desaparecidos desde 1986, se encuentran Julio Cesar Uribe Rúa, asesinado el 8 de diciembre de 1986, Luis Antonio Gómez, detenido – desaparecido por la policía el 11 de enero de 1987, Marcial González, detenido – desaparecido el 5 de febrero de 1987, Jhoin Alberto Montoya, asesinado el 7 de marzo de 1987, Jesús Antonio Molina, asesinado el 9 de marzo de 1987, Alfonso Miguel Lozano Pérez, asesinado el 30 de marzo de 1987, Mercedes Nevado, detenida – desaparecida por el B-2 del ejército el 11 de junio de 1987.

Posteriormente al asesinato de Pablo Emilio, los crímenes continuaron en Puerto Nare, las nuevas víctimas fueron Gustavo de Jesús Callejas y Héctor Alonso Loaiza Londoño, asesinados el 16 de noviembre de 1987, Víctor Manuel Isaza Uribe, detenido – desaparecido junto con tres pobladores más el 19 de noviembre de 1987, Darío Gómez y Carlos Arturo Salazar, detenidos el 19 de enero de 1988, el primero de ellos fue encontrado asesinado el 25 de febrero del mismo año, mientras que Carlos Arturo se encuentra desaparecido; Jesús Emilio Monsalve Mesa, detenido – desaparecido, torturado y posteriormente asesinado, el 24 de enero de 1988; Juan Bautista Cadavid, asesinado el 25 de enero de 1988; Juan de Jesús Grisales Urrego, asesinado el 3 de febrero de 1988; Héctor Julio Mejía, herido el 8 de febrero de 1988 y a los 8 días falleció; José Alquiver Betancur, José Santos Bermúdez Y Luis Eduardo Apango Quiceno, asesinados el 24 de febrero de 1988; Jesús Aníbal Parra Castrillón, asesinado el 28 de marzo de 1988; José Guillermo Ramírez, asesinado el 22 de abril de 1988; José Manuel Herrera, asesinado el 4 de septiembre de 1988; Milcíades Fernández y dos personas más fueron detenidos, torturados y asesinados el 21 de septiembre de 1988; José Cárdenas, asesinado el 01 de diciembre de 1988, Carlos Alfonso Tobon Zapata, asesinado el 28 de enero de 1989; Juan Rivera, asesinado el 12 de agosto de 1989; Luis Durán, asesinado el 29 de septiembre de 1989; Fredy De Jesús Zapata Arboleda, Norberto De Jesús Arboleda y Francisco Javier Zapata Arboleda, detenidos – desaparecidos por la Fuerza Pública el 22 de octubre de 1990; Albeiro De Jesús Gómez Ramírez, detenido – desaparecido, torturado y asesinado el 13 de febrero de 1991; Danilo Barrera Aguirre, asesinado el 22 de febrero de 1991; Evelio De Jesús Martínez Gómez y Aníbal De Jesús Cano, asesinados el 7 de mayo de 1992; Gustavo Alberto Bedoya Duque, asesinado el 21 de abril de 1993; Jorge Ivan Bedoya Gómez , asesinado el 4 de mayo de 1993; Jorge Jiménez Bustos y Luis Aguirre Marín, desaparecidos el 4 de mayo de 1993; Ángel Parra Zapata, Orlando Gaviria Reina Ester Escobar Parra y Rubén Darío Cadavid, asesinados el 20 de mayo de 1993; Luis Camacho, asesinado el 30 de octubre de 1998… y decenas de pobladores de Puerto Nare, del corregimiento La Sierra, de sindicalistas, de militantes de la Unió Patriótica fueron víctimas de estos crímenes desde 1986 en adelante. Crímenes cometidos por la estrategia militar encubierta del MAS – Muerte A Secuestradores -, con el apoyo de autoridades civiles y militares de la región, del B-2 de la Brigada 14 del ejército, de la Policía local, del DAS y la SIJIN.

Como en el caso de Pablo Emilio, en los demás crímenes la justicia nunca llegó. Crímenes en la Impunidad después de 20 años. De los responsables, entre otros, el Coronel Hernando Navas Rubio, quien según testimonios en el asesinato de Milcíades Fernández el 21 de septiembre de 1988, fue quien dio la orden a los paramilitares Henry de Jesús Pérez Duran; Alonso de Jesús Baquero Agudelo; Wilson de Jesús Pérez Duran, conocido como "Chorólo"; Joaquín Emilio Cataño Hernández; Rafael Iván Cataño Hernández; Jesús Pelaez y los paramilitares conocidos como "Carga Larga" y "Michín", para que torturaran y asesinaran a Milcíades, al gerente de la Caja Agraria de Puerto Nare y a su conductor.

El municipio de Puerto Nare, Magdalena Medio Antioqueño, oculta hoy la memoria de los crímenes de lesa humanidad y ensalza la impunidad en la frase “Puerto Nare, remanso de paz del magdalena medio”. Puerto Nare, escenario de crímenes contra la organización popular, crímenes contra la afirmación del derecho al trabajo, a la asociación, a la libertad de expresión. Crímenes contra la oposición política, contra las organizaciones comunitarias. Crímenes de hace 20 años en la impunidad. Crímenes que hoy se repiten gracias a esa misma impunidad, al olvido.
Por ello,

Pablo Emilio, y las decenas de víctimas de crímenes de lesa humanidad de Puerto Nare… en la memoria…

Pablo Emilio, y las decenas de víctimas de crímenes de lesa humanidad de Puerto Nare… sin olvido

VII Aniversario ANGEL Y CLAUDIA


VII ANIVERSARIO DE LA DETENCION - DESAPARICION DE ANGEL QUITERO Y CLAUDIA MONSALVE
El 6 de Octubre de 2007, se cumple el VII Aniversario de la detención desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve, miembros de la Asociación de Familiares de detenidos desaparecidos, ASFADDES y Defensores de los Derechos Humanos.

Seis años de aprobada la Ley 589, que tipifica la desaparición forzada como delito, ley que dio origen a la creación de la Comisión nacional de b úsqueda de personas desaparecidas y al Mecanismo de b úsqueda urgente, para encontrar con vida a los desparecidos y sancionar ejemplarmente a los responsables de este atroz delito.

Una de las funciones de esta comisión, es conformar los grupos de trabajo para casos específicos, cuyo propósito es el avance e impulso de las investigaciones, para dar con el paradero de las personas desaparecidas forzadamente. El primer grupo de trabajo constituido por la Comisión fue para impulsar y agilizar la investigación que permitiera esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la desaparición forzada de nuestros compañeros Ángel y Claudia.

Seis años esperando respuestas de este grupo, conformado por los organismos investigativos que tienen presencia en esta Comisión del cual no se han obtenido respuestas de, ¿Dónde están?, ¿Que hicieron con ellos? ¿Quién se los llevo?, ¿Por qué se los llevaron?. A pesar de haber entregado en su momento la información requerida para encontrarlos, la falta de compromiso y de voluntad política de los funcionarios encargados de la investigación, han hecho que sus familias sigan viviendo entre la esperanza y desesperanza, entre el dolor por su ausencia forzada y la ilusión de su regreso al hogar.

Para los familiares asociados en ASFADDES se mantiene viva en nuestra memoria los rostros queridos de Angel y Claudia, su alegría, vitalidad y persistencia en el compromiso y lucha en contra de la Desaparición Forzada y en contra de la impunidad.

Por Angel, por Claudia y por los mas de quince mil desaparecidos en Colombia, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por erradicar la Desaparición Forzada, la violación a los Derechos Humanos y la impunidad. Para que nunca mas, ninguna familia sufra el dolor de la ausencia forzada de un ser querido, causado por los enemigos de la vida, de los sueños y de la esperanza de vida digna.

Quedara algo más de nosotr@s, que el gesto o la palabra, este deseo candente de derrotar la impunidad.

No Olvidamos


Nos deben un desfile
Por Juan Cendales


Bogotá, octubre 2 (PCC). Hace veinte años estábamos felices y contentos celebrando en Cali el III Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes. Después de tres días de rumba, debates y actos culturales nos disponíamos a salir desde el parque de la caña en un multicolor desfile que sería la clausura del festival. La rumba de despedida estaba programada en el parque panamericano. Pero las risas, los cantos y la alegría se convirtieron en llanto, rabia y dolor. Hacia las cinco de la tarde recibimos la noticia de que habían matado al dirigente comunista, presidente de la Unión Patriótica y candidato presidencial de la izquierda, Jaime Pardo Leal.

La marcha festiva se convirtió en luctuosa marcha de protesta.
Luego seguirían muchas otras marchas similares. Por otros muertos. Por centenares. Miles. Todos los días mataban un camarada. A veces dos. Cinco. A Pedro Luis Valencia se le metieron una noche a la casa y lo mataron en la cama. Con un carro derribaron la puerta. A Gabriel Jaimes lo acribillaron en plena oficina de la Asamblea de Antioquia. Chucho García fue destrozado con la poderosa bomba que pusieron en la sede de la Juco. Al negro Pepe, lo mismo que a Bernardo, lo mataron en pleno aeropuerto de Bogotá. Miles de historias y de nombres, de rostros, de recuerdos, de rabias. De sentimientos de culpa por estar vivos. Por haber sido impotentes. De ver a los genocidas y a los instigadores de los crímenes pavoneándose por las paginas sociales, las gobernaciones, los ministerios, la presidencia y la diplomacia. Muchos de ellos están hoy en la cárcel, pero sus amigos y compadres buscan aprobar leyes que los indulten.

Jaime Pardo Leal era un hombre honesto. Inteligente. Una persona transparente. Lo mismo que Manuel Cepeda, que Bernardo Jaramillo, que Teófilo Forero, Jose Miller Chacón, José Antequera, Gabriel Jaime Santamaría, Pedro Nel Jiménez, Leonardo Posada. Lo mismo que los cinco mil militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista asesinados en estos 20 años. Veinte años de sobresaltos. De escalofriantes llamadas a las medias noches. Veinte años de torturas, de desapariciones. De exilios. Veinte años de dolor. Pero también de resistencias.
Los días 10 y 11 de octubre vamos a conmemorar con diversos actos estos veinte años de ausencias, de impunidad y de ofensas.

Y aunque estamos cansados de tanto ir a los cementerios, el jueves 11 de octubre iremos al medio día a la tumba de Jaime Pardo Leal en el cementerio central de Bogotá.
Yendo a ella será como ir a la de todos.

Llevaremos una serenata, unas flores y mucha nostalgia. Les diremos que no descansaremos hasta que haya justicia y se sepa la verdad. Hasta que termine el terrorismo de estado y la guerra sucia. Y los criminales sean juzgados en lugar de ser condecorados o nombrados de embajadores, Generales y hasta de héroes.

Pero también les diremos que hoy nuevamente el país se viste, como en los tiempos hermosos de la Unión Patriótica, con banderas amarillas, que como las mariposas de Mauricio Babilonia muestran el camino de los sueños y la libertad. Las banderas del Polo. Esta nueva esperanza que crece a pesar de los que siempre han pisoteado la vida y la dignidad.

Y que a una generación de colombianos nos tienen en deuda el desfile de clausura de un festival. Y la ausencia forzada de tantos y tan entrañables amigos y camaradas.

Pero que por ellos y con ellos seguimos adelante sin desfallecer.

Mi voz la que está gritando!
Mi sueño el que sigue entero.

Y sepan que solo muero
Si ustedes van aflojando.

Porque el que murió peleando
Vive en cada compañero!

lunes, 24 de septiembre de 2007

ALERTA POR INJERENCIA PARAMILITAR EN ELECCIONES DEL PROXIMO OCTUBRE

Bogotá, septiembre 24 (Indymedia). Las elecciones territoriales de octubre próximo podrían solidificar y hasta aumentar el poder paramilitar y parapolítico en la mayor parte del territorio nacional, si persisten las situaciones actuales, según una investigación adelantada por la Fundación Nuevo Arco Iris. Consultadas las estadísticas electorales, los informes sobre aspiraciones políticas, la opinión de especialistas, las proyecciones de dirigentes y las indagaciones de diferentes organizaciones sobre la realidad nacional, la investigación plantea que los grupos paramilitares, desmovilizados o no, mantienen su influencia y controlan el poder político en diferentes regiones del país. La situación podría agravarse también con la presencia de los llamados 'grupos emergentes', como "Águilas Negras", "Los Rastrojos" o la ONG (Organización Nueva Generación), que sin duda interfieren en la voluntad política de amplias zonas del territorio nacional.

Es tal el poder paramilitar que ya no se requiere la violencia para torcer voluntades, sostiene la politóloga e investigadora Claudia López al manifestar que desde el año 2002 controlan regiones no solo de la Costa Atlántica, como muchos creen. “Aunque su influjo en los últimos años ha aumentado en regiones como el departamento de Atlántico y en especial su capital, Barranquilla, y la ciudad de Soledad”, dice. El senador Gustavo Petro estima que si el gobierno mantiene una actitud permisiva frente a ese fenómeno, en el mes de octubre el país tendrá una “retoma" multiplicada al cuadrado, de alcaldías y gobernaciones por parte de lo que él llama las “redes mafiosas” en Colombia”. Asegura que las condiciones culturales y políticas que propiciaron ese fenómeno siguen vigentes, como la compra y venta de votos, el dinero en las campañas y que las redes del paramilitarismo están intactas. “No se han capturado militares comprometidos, ni magistrados, jueces y fiscales que han permitido la impunidad, muchos políticos no han sido tocados. La red mafiosa paramilitar sigue escondida en las desmovilizaciones de unos ejércitos que no son la esencia del paramilitarismo” anota.

En opinión del ex precandidato del liberalismo, Rodrigo Rivera Salazar las condiciones pueden ser iguales a las del pasado y más si hay sectores que utilizan actitudes judiciales como arma para tratar de atacar a los adversarios. Rivera propone primero, que no haya solidaridad de cuerpo en ninguna institución cuyos miembros resulten comprometidos en el escándalo de la parapolítica; segundo que no haya politización de la Justicia y tercero, que no haya ley de punto final. La investigación conlleva a que nada garantiza que los candidatos a las gobernaciones, las alcaldías, los concejos y las asambleas no estén fletados o comprometidos con los grupos que dominan las regiones. O que al menos tengan la “para-bendición” para poder aspirar a un cargo.

Sectores afines al gobierno, como es el caso del ex presidente del Directorio Nacional Conservador, Julio Manzur confían en que el Ejecutivo blinde el proceso electoral y otorgue plenas garantías, en especial porque “el país de la política no está hecho con ángeles y arcángeles y en los partidos puede haber de todo”, afirmó. Para el vocero del liberalismo, senador Juan Fernando Cristo, lamentablemente es evidente que el paramilitarismo mantiene su influencia en varias regiones del país y hay paramilitares de segunda generación, bandas emergentes como las famosas “Águilas Negras”, hecho que reconoce el propio gobierno. Advierte que si en los próximos meses no hay una acción decidida y eficaz del Estado, como no se ha visto hasta ahora, para el desmantelamiento de esas redes mafiosas, las elecciones de octubre estarán intervenidas por los paramilitares. El defensor del Pueblo Volmar Pérez, admite que el proceso electoral tiene serios riesgos, hasta el punto que lanzará un sistema de alertas tempranas dirigidas al gobierno, al conjunto de la fuerza pública sobre el peligro que se cierne sobre las comunidades por la aparición de nuevas estructuras del paramilitarismo en alianza con el narcotráfico.

Los diferentes analistas coinciden en que el paramilitarismo sigue su expansión en el país. Se afianzó de manera fragmentada en partes de Córdoba y Antioquia. Siguió hacia Sucre, saltó a Norte de Santander, de donde se extendió a Magdalena y Cesar. Entró a sangre y fuego a La Guajira, empezó a manejar la política en Bolívar y de manera poderosa ingresó a Barranquilla y casi toda la Costa Norte. Sus tentáculos llegaron al Magdalena Medio en Boyacá y Santander, pasando luego a Barrancabermeja y el área metropolitana de Bucaramanga. En los Llanos Orientales el predominio es muy grande y hasta combaten entre distintos grupos. Y luego empezó a rodear a Bogotá, ingresando con los carteles de la gasolina desde Puerto Salgar hasta Funza, Fontibón e ingresaron con negocios sucios en Corabastos, los Sanandresitos y hasta centros de prostitución. Actualmente controlan sectores de Bosa y Ciudad Bolívar, así todo se oculte o se pretenda desconocer. Pero además están en el Tolima, en el Norte de Valle en asocio con el narcotráfico, e ingresaron con violencia al Cauca y se establecieron en sitios que dominaban las Farc y en cultivos de coca en Caquetá, Putumayo, Nariño y lograron establecer una ruta esencial del narcotráfico a través del Pacífico para sus exportaciones de droga.
Su presencia se siente y su dominio es evidente. “Ya no necesitan acudir a la violencia más cruel, no se necesita matar ni intimidar con los fusiles” agrega la politóloga Claudia López. La investigación de la Fundación Nuevo Arco Iris plantea además varias dudas y muchos interrogantes. ¿Qué tan cierta y con cuántos ha sido la desmovilización de los paramilitares? ¿El escándalo parapolítico podrá variar el mapa de influencia paramilitar en municipios y departamentos? ¿Los partidos políticos podrán blindarse frente a candidatos afines o comprometidos con el paramilitarismo? ¿Tiene razón la oposición cuando sostiene que el gobierno pretende ocultar toda la verdad sobre el paramilitarismo? ¿La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se darán la pela con los dirigentes políticos, aún siendo amigos del Presidente? Si el estado actual se mantiene ¿las elecciones de octubre reflejarán la verdad electoral del país? ¿Se podrá blindar el sistema electoral frente a fraudes como los detectados en varias regiones en los comicios legislativos del año pasado? ¿Se podrá saber si en la Registraduría hay amigos agazapados del paramilitarismo?

PRESENCIA PARAMILITAR EN OPERATIVOS DEL EJERCITO EN EL NORDESTE ANTIOQUEÑO


Medellín, septiembre 24 (Cahucopana). La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denuncia ante las autoridades civiles y militares, y ante las organizaciones sociales nacionales e internacionales la presencia en la zona rural del municipio de Remedios de paramilitares autodenominados “Águilas Negras”, en medio de un fuerte operativo militar adelantado por el Batallón Calibío de la 14a. Brigada del Ejército.

En medio de operativos militares que actualmente se ejercen en la región del nordeste antioqueño por parte de la fuerza pública que se encuentra en las veredas de San Francisco y Dosquebradas, hombres que se identifican como paramilitares de las Águilas Negras vienen sembrando el terror en la comunidad y amenazando campesinos vinculados al proceso organizativo de Cahucopana.

El lunes 17 de septiembre hicieron presencia en la vereda Puerto Nuevo Ité – La Cooperativa, dos hombres armados vestidos de negro, quienes son reconocidos en la región como paramilitares, pues han sido los responsables de la persecución del líder comunitario Henry Hoyos, de la vereda La Troja. En días pasados denunciamos que estos hombres ingresaron a su vivienda y amenazaron a su familia de muerte en caso de no abandonar la región. El señor Hoyos es presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Troja y hace parte de la Corporación Cahucopana.

Estos hechos de violencia contra la comunidad campesina del nordeste antioqueño se presentan luego de que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente de la República, se comprometiera en la ciudad de Barrancabermeja a garantizar la vida y la seguridad de los habitantes del nordeste antioqueño que durante un mes permanecimos en un refugio humanitario en el puerto petrolero, ante las amenazas, los hostigamientos y las ejecuciones extrajudiciales de que somos víctimas por parte del Ejército Nacional.

La presencia de presuntos paramilitares en la antigua zona de influencia del “desmovilizado” Bloque Central Bolívar evidencia la incapacidad del proceso de negociación de desmontar las estructuras paramilitares que, en complicidad con la fuerza pública, han sembrado el terror y la zozobra en nuestros campos.

Por lo tanto exigimos al estado colombiano garantizar la seguridad e integridad de esta familia y de las comunidades asentadas en el nordeste antioqueño.

jueves, 13 de septiembre de 2007

Condenado Ministerio Defensa porasesinato en Norte de Santander

Bogotá, septiembre 13 (CCAJAR). Por su responsabilidad en el asesinato del ex defensor del pueblo, seccional Norte de Santander, Angel Iván Villamizar Luciani, el 12 de febrero de 2001, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de la ciudad de Cúcuta, condenó a la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa, al considerar que dicho homicidio fue perpetrado por paramilitares, con la participación y aquiescencia de miembros de la policía nacional.
Ese día, el vehículo en el que se desplazaba Villamizar, quien se desempeñaba en ese momento como catedrático de la Universidad Libre de la ciudad de Cúcuta, fue abordado por un campero Mitsubishi color verde, un taxi y una motocicleta de donde descendieron varios hombres portando armas de fuego automáticas y escopetas, quienes dispararon contra el costado izquierdo del mismo.
Villamizar quien intentó huir al bajarse de la camioneta por el costado derecho de la misma, fue alcanzado por las balas, siendo ultimado por uno de los sicarios, al lado del vehículo, a pesar de los intentos por repeler el ataque por parte de los escoltas que lo acompañaban.
Según las investigaciones realizadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, los sujetos que perpetuaron el homicidio entre los cuales había varios heridos, fueron trasladados del barrio Sevilla, lugar donde buscaron refugio luego del asesinato, en la patrulla de la policía 20057, perteneciente a la Estación Atalaya de Cúcuta.
Así mismo la Fiscalía logró establecer que Jhony Mauricio Muñoz, conductor de dicha patrulla, un día después del homicidio de Villamizar, sostuvo una conversación telefónica con el paramilitar de alias “el gringo”, en el que éste le comenta que alias “Rumichaca” esta gravemente herido, así como algunas otras llamadas realizadas a este paramilitar entre noviembre de 2000 y enero de 2001, lo que confirma la estrecha relación entre estos y el oficial de la policía.
Villamizar era abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con especialización en derecho penal y criminología del Externado de Colombia. Fue catedrático de la Universidad Libre en Bogotá, de la Universidad Gran Colombia y de la Inca, durante una década. Se desempeñó como Juez Penal y de Instrucción Criminal en Bogotá, Agente especial de la Procuraduría General de la Nación, Subdirector de Investigación y Control de la Aduana.
Ocupó el cargo de defensor regional en Norte de Santander de abril de 1997 a septiembre de 1999, cargo al que renunció debido a las constantes amenazas de grupos paramilitares, Presidente Delgado de la Seccional de Cúcuta de la Universidad Libre desde el 1 de agosto del año 2000, hasta la fecha en que se produjo su homicidio.
El ex defensor regional del pueblo, había denunciado en septiembre de 1999 la violación de derechos humanos en la región del Catatumbo, entre las que se contaba la masacre de 23 personas ocurrida en el corregimiento de la Gabarra, municipio de Tibu, a manos de grupos paramilitares de la región, las que activaron múltiples amenazas y hostigamientos de los que fue víctima, que lo obligaron, no solo a trasladarse por espacio de un año a la ciudad de Bogotá, sino a solicitar protección por parte del Das.
Por el asesinato de Villamizar se ordeno la captura de Carlos Castaño Gil, sindicado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y hurto calificado, y se le profirió resolución de acusación en calidad de autor de homicidio, tentativa de homicidio agravado y concierto para cometer delito de homicidio a Juan Ramón de las Aguas Ospino, alias “Rumichaca”, el paramilitar que como se mencionó anteriormente tenía sus vínculos con el patrullero de la policía Jhonny Muñoz, facilitador de la patrulla en la que lo transportó, luego que fuera herido en los hechos, y sobre quien también pesa una orden de captura, luego de su vinculación a la investigación penal.
La Fiscalía General de la Nación también señala como responsable a Lorenzo Gonzalez Quinchia, alias “Yunda” o “Julián”, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien junto con Jorge Iván Laverde Zapata alias “La Iguana”, son cabecillas del bloque urbano que delinque en los municipios de Zulia, Puerto Santander y el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta.
Contra alias “Julián” se profirió resolución de acusación en calidad de autor intelectual de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio con fines terroristas y autor del delito de concierto para delinquir.

Misión Humanitaria realizará una verificación

AUMENTAN LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN LA REGIÓN DEL BAJO ARIARI, EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO

Comunicado de prensa, Bogotá, D.C., Septiembre de 2007. Con el objetivo de continuar y ampliar la documentación de los más de 50 casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte, desplazamientos forzados cometidos por agentes estatales, entre los años 2006 y 2007, en la región del Bajo Ariari, un conjunto de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, en compañía de Naciones Unidas, ACNUR y el PNDU, entre otras instancias, desarrollarán del 18 al 21 de septiembre próximos, una Misión Humanitaria de verificación y acompañamiento, en la zona en mención.
Esta Misión se organiza, tras evaluar los últimos hechos de persecución y hostigamiento a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos de la región y luego de verificar, tanto el aumento de ejecuciones de campesinos, presentados por el Ejército Nacional como "guerrilleros muertos en combate", como los constantes atropellos por parte de la fuerza pública, de que son víctimas los pobladores del bajo Ariari, en especial de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y Puerto Lleras.
Sobre este punto es importante recordar que el mismo Padre Javier Giraldo S.J, en derecho de petición dirigido al Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, solicitó en días pasados, y ante hechos conocidos y documentados "retirar de sus cargos a los comandantes de la Brigada Móvil No 12 y del Batallón Joaquín París, identificar a todos los integrantes de las tropas que se han movilizado por los caseríos donde se ha perpetrado crímenes de lesa humanidad, así como sus líneas de mando"
En el derecho de petición, que recopila aproximadamente 22 casos sucedidos en lo que va corrido del año 2007, entre ejecuciones extrajudiciales, presentación de "falsos positivos", desplazamientos, amenazas y torturas, el Padre Giraldo, le solicita igualmente no supedite estas peticiones apremiantes a supuestas "investigaciones internas", que además de no contar con credibilidad, "se convierten en la práctica en nuevas agresiones y amenazas contra las víctimas".
La Misión que espera documentar éstos y otros casos más, realizará además, un recorrido por las zonas donde se evidencia el daño causado por fumigaciones recientes, como las veredas Caño Danta, Miravalles, San Pedro, El Jordán, Puerto Toledo, entre otras, que enfrentan en la actualidad una grave emergencia humanitaria.

miércoles, 12 de septiembre de 2007

CICR: Los desplazados en Colombia
aumentan pese a desmovilización de 'paras'


Bogotá, septiembre 12 (CODHES). Según la entidad internacional el país cuenta con el mayor número de desarraigados del planeta. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia se desplazaron 45.000 personas en el 2005, 67.000 en el 2006 y se calcula que se llegará a cerca de 72.000 este año.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) predijo hoy una nueva oleada de desplazados en Colombia por el conflicto interno que vive este país, que cuenta ya con el mayor número de desarraigados del planeta, dijo AFP.

"Este año, si la situación actual continúa, llegaremos a casi 72.000 nuevos refugiados", aseguró la jefa de la delegación colombiana del CICR, Bárbara Hintermann a los medios internacionales en Ginebra. “A pesar de la desmovilización de algunos paramilitares y de la negociaciones en curso, la situación de la población civil no ha mejorado”.

"El CICR ha constatado estos últimos años que las operaciones militares se han intensificado, lo que se refleja en la situación de la población civil", agregó.

Estas cifras, no obstante, son sensiblemente inferiores a las ofrecidas por las autoridades del país, que aseguran que los conflictos guerrilleros provocaron el traslado forzoso de 170.000 personas.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el país con mayor número de desplazados, unos tres millones en total. La entidad también está preocupada por el alto número de minas antipersonales que existen en vastas regiones del país, "que afectan mayoritariamente a los soldados, pero también a los civiles, que son sus víctimas en un 35 por ciento de los casos", aseguró Hintermann.

Consultada sobre quien coloca las minas, Hintermann, dijo que tanto la guerrilla, como los paramilitares.

"Hasta donde nosotros sabemos el gobierno no es responsable de la colocación de las minas, porque firmó el tratado de Otawa", especificó la directora.

Asimismo, la entidad tiene contabilizados 4.000 desaparecidos, una cifra que "presumiblemente" debe ser mucho más elevada, dado que el CICR solo cuenta los casos denunciados por sus propios familiares.

La directora señaló que a pesar de que la semana pasada pudo recuperar los cadáveres de los 11 diputados de Cali secuestrados por la guerrilla y asesinados posteriormente por causas aún por dilucidar, la organización "no tiene contacto con los rehenes".

Colombia sufre una guerra civil desde hace más de 40 años, con dos guerrillas levantadas en armas que se enfrentan tanto al ejército regular como a grupos de paramilitares.


Urrá II, Más violaciones a Nuestros Derechos



Tierralta, septiembre 12 (ONIC). Las comunidades indígenas Emberá Katío del Alto Sinú hacemos un llamado urgente al conjunto de las organizaciones y sectores sociales, a los organismos de derechos humanos, a todas las instituciones ambientalistas a expresar su firme rechazo a los recientes pronunciamientos del gobierno colombiano sobre la construcción de la central hidroeléctrica Urrá II.

¡S.O.S. del pueblo Embera Katio!
Urrá más que energia. Urrá más atropellos. Urrá mas incumplimientos

Este pronunciamiento ha propiciado un ambiente de TERROR en nuestras comunidades y a nuestro pueblo en general, quienes vivimos aún en carne propia los horrores que ha generado la construcción de Urrá I, recordemos que ha sido una época de :

Violaciones de nuestros derechos fundamentales.
De muerte y desaparición de nuestros lideres.
De secuestro de nuestros dirigentes
De desplazamiento de nuestras comunidades.
De señalamientos y hostigamientos.
De hambre.
De pérdida de nuestra cultura.
De deforestación de nuestros bosques.
De pérdida de nuestros territorios ancestrales.
De entrada de cultivos ilícitos.
De atropellos por parte del Estado y de Urrá (como lo señaló en su momento la Corte Constitucional).

Hoy después de 8 años del llenado de Urrá I, continúan los incumplimientos por parte de la Empresa Urrá y del gobierno colombiano, ni siquiera la Corte Constitucional logró que los dueños de este proyecto cumplieran con la mitigación de los daños causados a nuestro pueblo, al contrario de manera arrogante y burlona nos han instado a que demandemos si no aceptamos lo que la empresa nos impone, lo anterior ante la mirada inmóvil y pasividad de los garantes de los diferentes acuerdos.

Por todo lo anterior solicitamos la conformación de una comisión de expertos del nivel internacional a que examinemos conjuntamente los verdaderos impactos generados por Urrá I y la forma en que se han mitigado, que se evalúen los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano y la Empresa Urrá con el Pueblo Embera Katio del Alto Sinú y el conjunto de la población cordobesa afectada.

Pedimos a los amigos y a todos aquellos que han seguido de cerca este proceso a que se pronuncien en contra de la construcción de Urrá II que llevaría consigo m ás atropellos, m ás violaciones, más incumplimientos, y sería una estocada de muerte a nuestro pueblo.

Nos oponemos enérgicamente que tras la “cortina de humo” de resolver el problema de las inundaciones en Montería y otros municipios circundantes, de generar más recursos por concepto de regalías con ocasión de la puesta en funcionamiento de la nueva fase de la hidroeléctrica, realmente se profundice la miseria, desplazamiento, explotación y muerte no solo del Pueblo Embera Katío sino de los sectores sociales más pobres y vulnerables de Córdoba y la región.

La experiencia en Colombia y otros países pobres de la región nos evidencia que los megaproyectos no traen progreso y desarrollo para el Pueblo, sino agudizan la marginación y exclusión social, pues en la práctica contribuyen a forrar los bolsillos de unos pocos que agencian los intereses del capital transnacional.

Ha llegado la hora de tomar posición, de asumir una postura solidaria y comprometida. Es el momento de generar escenarios de discusión sobre los impactos de la construcción de Urrá II, de movilizar a todas las fuerzas vivas de la sociedad a expresar por todos los canales y formas posibles su clara y rotunda oposición a este megaproyecto que nos condena al exterminio como Pueblo y Cultura.

CABILDOS MAYORES DEL RÍO SINÚ Y RÍO VERDE
Resguardo Embera Katío del Alto Sinú

jueves, 6 de septiembre de 2007

No Olvidamos, No Perdonamos, No nos Reconciliamos

SIN OLVIDO 89
PEDRO NEL JIMENEZ OBANDO
Senador de la Unión Patriótica
Asesinado el 1 de septiembre de 1986






JAIR LOPEZ y CRISPULO HILARIO MUÑOZ,
Militantes de la UP del Guaviare, desaparecidos en funeral de PEDRO NEL el 3 de septiembre de 1986


Memoria y Justicia

Hace 21 años, el lunes 1 de septiembre 1986, fue asesinado PEDRO NEL JIMENEZ OBANDO, Senador de la República por la Unión Patriótica – UP, representando al departamento del Meta, por unidades militares que participaron en una actuación encubierta.

Era el medio día de ese lunes, cuando PEDRO NEL fue a recoger a su hija al Colegio Normal Nacional, ubicado sobre la vía a Puerto López , en Villavicencio, cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color negro, marca Yamaha, quienes dispararon contra él en varias ocasiones y luego salieron en dirección a la Brigada 7, donde varios testigos los vieron ingresar.

Posteriormente, dentro de la investigación se conocieron varias declaraciones que sindicaron al Teniente MILLER TARCISIO KOY NUÑEZ, jefe de Inteligencia de la Brigada 7, como el militar que dio la orden de asesinar a PEDRO NEL, la cual es ejecutada por los suboficiales del B-2 de la Brigada 7, Sargento SERVIO TULIO LUNA MEDINA y OVIDIO TABUCO BETANCUR; los informantes ALVARO SERRANO HUMOA, JOSE MARIA SERRANO HUMOA y JUAN BAUTISTA CORREA. La motocicleta fue conducida por un miembro del ejército y quién disparó fue ARNULFO CASTILLO AGUDELO, ex militar conocido como “Rasguño”, quien hacía parte de la estructura paramilitar de VICTOR CARRANZA. (Para mayor información ver Zona 7, proyecto Nunca Más)

Desde 1985, y durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas, que empieza en 1986, los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica eran realizados en el marco del denominado “PLAN BAILE ROJO”, uno de los cinco planes desarrollados por las estructuras militares para exterminar a este grupo político.

El 3 de septiembre de 1986, durante el sepelio de PEDRO NEL, se realizaron permanentes seguimientos militares y al llegar al cementerio, un grupo de seis hombres armados detuvieron y desaparecieron forzadamente a dos militantes de la Unión Patriótica del departamento de Guaviare, JAIR LOPEZ y CRISPULO HILARIO MUÑOZ, quienes se habían trasladado hasta Villavicencio a participar del funeral de PEDRO NEL.

JAIR y CRISPULO, fueron asesinados y sus cadáveres encontrados con señales de tortura en la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacías, el viernes 5 de septiembre de 1986.
PEDRO NEL, abogado, fue Personero Municipal en Villavicencio, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos del Meta, defensor de presos políticos y en su juventud líder estudiantil. Durante varios años fue integrante del Comité regional del Partido Comunista Colombiano, y luego dirigente político. Antes de ser Senador por la Unión Patriótica , fue Concejal en Villavicencio.

Han pasado 21 años de impunidad, de ausencia de justicia. De dolor familiar por la ausencia de PEDRO NEL, de JAIR y CRISPULO. 21 años de impunidad de la estrategia paramilitar desarrollada desde el B-2 de la Brigada 7 en Villavicencio. Estrategia perfeccionada en la lógica de lo encubierto, en el paramilitarismo del Meta en los 80 con Víctor Carranza y hoy ejecuciones extrajudiciales a campesinos del Alto Ariari que son presentados como “guerrilleros muertos en combate”. Del exterminio de la Unión Patriótica en el Meta entre 1985 a 1997, a la desterritorialización del Alto Ariari a partir del 2002. En ambos casos la impunidad ha amparado la continuidad de los crímenes. Por ello,

PEDRO NEL, JAIR, CRISPULO… en la Memoria

PEDRO NEL, JAIR, CRISPULO … Sin Olvido

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2007
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

miércoles, 5 de septiembre de 2007

MIGUEL ANGEL DIAZ: SIN OLVIDO

Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Martínez, tengo 33 años. Desde los 20 años me hice militante del Partido Comunista Colombiano del que hoy soy miembro de la Dirección Regional. Soy sindicalista, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE). De profesión químico restaurador, pero sobre todo, de profesión revolucionario.


He militado en la izquierda colombiana porque creo que es necesario luchar contra las causas que generan desigualdades, la muerte y exclusión; porque creo que es necesario luchar para evitar las violaciones a los Derechos Humanos; porque no debemos dejarnos silenciar por la opresión y estigmatización que el Estado ha ejercido sobre los que creemos en un alternativa política democrática, legítima, justa. Inicie mi vida laboral muy joven, en el sector estatal, COLCULTURA, allí fui fundador del sindicato, despedido junto con Gloria , mi compañera, por la labor sindical, reintegrado en 1984 y nuevamente destituido en 1987 !!!! ”porque no me presente a trabajar”!!!


Con mi compañera Gloria, militante comunista y luchadora incansable por la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación integral, tuve tres hijas. Ángela, la mayor, quien hoy tiene mi edad, 33, la que tenía el ultimo día que me vieron en casa. Luisa Fernanda y Juliana, la menor, tiene casi tantos años como los que me llevan buscando, 24


El 5 de septiembre de 1984 fui desaparecido por el Estado Colombiano. Me encontraba en la puerta de la oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Boyacá (Boyacá) una acción conjunta entre la Policía, agentes del Departamento Administrativo de Seguridad del Estado (DAS) y paramilitares del MAS, fui introducido en un carro Renault 12 blanco al que seguía una motocicleta roja que conducía el detective del DAS rural Jorge Luis Barrero. Este último fue procesado y sentenciado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja a 5 años de prisión, por "secuestro simple". Fue capturado el 17 de julio de 1987 y recluido en la penitenciaría El Barne. El 27 de febrero de 1990, fue puesto en libertad "por pena cumplida y buena conducta".


Dos días después de que me desaparecieran, mi familia fue a buscarme sin obtener respuesta. A los diez días regresaron junto con mis compañeros de lucha y mis amigos para presionar al Estado que me entregaran con vida. Casi se los llevan a ellos también. Tres autobuses con 150 personas fueron rodeados por grupos paramilitares del estado liderados por Pablo Emilio Guarin Vera, diputado liberal (asesinado en 1987), cuyo jefe político era Jaime Castro Castro, Ministro de Gobierno del presidente Belisario Betancourt. El Diputado Pablo Emilio Guarín y el Ministro de Gobierno, Jaime Castro, nunca fueron llamados a declarar.


Otro agente del Estado que estuvo relacionado con la desaparición, fue el Teniente Álvaro Becerra Álvarez, Comandante de Policía de Puerto Boyacá, quien fue llamado a declarar en reiteradas ocasiones y no se presentó. El oficial fue ascendido hasta llegar a Brigadier General
Las investigaciones siguieron bajo una amenaza constante. Sin embargo, a pesar de que algunos pobladores señalan que fui torturado, asesinado y mi cuerpo tirado al río Magdalena, mi familia sigue la lucha por la búsqueda de la verdad, la justicia y contra la impunidad.

martes, 4 de septiembre de 2007

El Baile Rojo


El Baile rojo
Iván Cepeda Castro

El programa Entre Ojos de Caracol Televisión presentó por primera vez en la televisión colombiana el documental El Baile Rojo del antropólogo Yezid Campos, que recoge testimonios de víctimas y sobrevivientes del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica. El nombre del documental corresponde a uno de los cinco planes de exterminio que diseñó el alto mando militar para acabar al movimiento político. Las historias de vida recogidas por Yezid Campos muestran la cruda realidad de este genocidio: la madre de Bernardo Jaramillo cuenta que la jerarquía eclesiástica dio la orden de no oficiar misas para honrar la memoria del candidato a la presidencia asesinado; Imelda Daza, líder política del César, relata cómo fue aniquilado el movimiento en su departamento; Yolanda Palacios narra la masacre ejecutada por el Ejército contra su familia en Fusagasugá; Aída Abella, la presidente de la UP, habla del atentado que la forzó al exilio; Fernando Pardo recuerda el asesinato de su padre Jaime Pardo Leal. La fuerza de estos testimonios ha conmovido profundamente a quienes desde 2003 han visto El Baile Rojo en Colombia y en otros países. Su difusión pública contribuye a despertar la conciencia sobre el significado que tiene la destrucción de toda una colectividad política.

Para comentar el documental fuimos invitados al estudio Carlos Franco, encargado del Programa Presidencial de Derechos Humanos, y yo. Sin ninguna clase de respeto por las víctimas y sobrevivientes del genocidio, el señor Franco sostuvo que diversos “grupos privados” asesinaron a los miembros de la UP porque ellos “combinaban todas las formas de lucha”. Este argumento, que han utilizado en los últimos veinte años las autoridades, no es nada distinto que la promoción de la empatía social con una intencionalidad genocida mediante la justificación de actos criminales.

Ya una vez recurrí a la justicia para que se prohíban esta clase de injurias. En su sentencia T-959/06, la Corte Constitucional rechazó la propaganda de la campaña de reelección del presidente Álvaro Uribe como medio para justificar el genocidio. La Corte afirmó que esa clase de propaganda “desconoce que la Unión Patriótica fue un movimiento político, que participó en justas electorales y que tuvo presencia en distintos cuerpos representativos. El ocultamiento de esta realidad tiene por consecuencia la promoción de una imagen negativa del movimiento y de sus miembros, pues en lugar de ser considerados legítimos actores políticos, se les hace aparecer como responsables de delitos perpetrados en contra de civiles”.

La sociedad colombiana no es conciente de su grave crisis ética. Somos el segundo país del mundo con la más alta tasa de
desplazamiento forzado, con un conflicto de más de cuatro décadas en el que se practican todas las formas de violencia, y en el que se apela a la crueldad extrema para exacerbar el sufrimiento. La idea de que somos una democracia imperfecta enmascara un estado de barbarie. Se trata de una plena inconciencia de las dimensiones y la naturaleza del horror como efecto del prolongado ejercicio de la legitimación de la violencia desde todas las posturas ideológicas, desde el Estado, los grupos armados, los partidos políticos, los medios de comunicación, la iglesia y la academia. En las condiciones de un conflicto armado, cualquier acto justificatorio de los crímenes cometidos es equivalente a una incitación a que se sigan cometiendo. Por eso debería ser considerado un delito apelar a toda modalidad de legitimación pública de la violencia, y en primer lugar, que los gobernantes justifiquen las atrocidades cometidas por el propio aparato estatal.

Notas de Juan Cendales

Mafalda le implora a Raúl Reyes
¡Quiere que diga que le gusta la sopa!

El dirigente guerrillero Raúl Reyes en declaraciones a un periodista expresó, sin mayor profundidad ni detenimiento, que no vería mal un gobierno del Polo democrático.
La cosa pasó desapercibida.


Pero de pronto, algunos días después, el gobierno y sus parlamentarios (los que no están presos todavía) armaron tremendo escándalo. Que no tolerarían la combinación de las formas de lucha, que las elecciones estaban en peligro, que el Polo debería rechazar, que el Polo no rechazó suficientemente. Etc. Etc. Fue tanto el escándalo que algunos se apresuraron a dar explicaciones. De cosas por las cuales el Polo no tiene nada que explicar. No se dieron cuenta, y se comieron la carnada, de que el escándalo era parte de las cortinas de humo que tiende el uribismo para tapar la parapolítica, la paracorrupción, la crisis del paraEjército , entre otros componentes de su podredumbre manifiesta. Como el cuento que pocos ingenuos se comen de la revelación, dos años después, de la desarticulación del plan para volar la plaza de toros de la Macarena . . . gracias a las interceptaciones telefónicas!


La que está feliz y expectante es Mafalda.


Ella, con la malicia y la picardía que les falta a algunos, tan inteligentes y tan estadistas, está implorando una declaración de Raúl Reyes donde diga que le encanta la sopa.
Para que inmediatamente la saquen de todo menú y toda mesa por subversiva y por terrorista.


Jodida la Mafalda, no?

Recupera Cruz Roja 11 cadaveres de los ex diputados del Valle del Cauca


Bogotá, septiembre 4 (La Jornada). El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene ya los cadáveres de los once ex diputados secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2002 y muertos en circunstancias no aclaradas cuando estaban en poder del grupo armado, confirmó a la cadena pública UN Radio, el asesor presidencial José Obdulio García.


Desde el lunes, las FARC habían emitido un comunicado en su página de Internet, fechado el pasado 31 de agosto, en el que decían que, como habían prometido, entregaron al CICR y al ex ministro Álvaro Leyva “la información sobre el lugar donde se encuentran los despojos mortales de los once diputados”.


En efecto, Leyva y los delegados del CICR recibieron las coordenadas donde se encontraban los cadáveres de los legisladores del Congreso local del Valle del Cauca por conducto de una tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada, y encontraron hoy los once cuerpos.


Se suponía que ayer iban a estar de regreso en la ciudad de Cali, donde los esperan los deudos de los diputados y un equipo de forenses de España, Francia y Suiza que tratará de establecer las circunstancias de su muerte, pero el helicóptero en el que viajan no pudo despegar a causa del mal tiempo en la zona, según explicó Gaviria.


El asesor presidencial también reveló que la entrega tuvo lugar en algún lugar entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca que no pudo especificar. Cuestionado por UN Radio sobre la suerte de otro diputado que formaba parte del grupo y, según las FARC, sigue vivo, Gaviria dijo que tampoco tenía esa información.


Los doce legisladores fueron secuestrados en 2002 en la sede legislativa del Valle del Cauca por un grupo de élite de las FARC. En los siguientes cinco años se recibieron varias pruebas de que estaban vivos, pero el 28 de junio pasado la organización guerrillera informó que habían muerto “en medio del fuego cruzado” entre sus milicianos y “un grupo militar sin identificar”.


En su comunicado de ayer, el grupo armado afirmó que no ha logrado identificar “al agresor”, pero que seguirá intentándolo. “Reiteramos nuestra responsabilidad como garantes que éramos de la integridad de los diputados”, agregaron en el texto, al tiempo que rechazaron “enérgicamente las lágrimas de cocodrilo del presidente Álvaro Uribe tratando de eludir la suya”, pues ue el mandatario ha dicho en varias ocasiones que lo que ocurrió fue “un asesinato”.


Los familiares de las víctimas culparon a ambos bandos por la muerte de sus seres queridos. “La guerrilla y el presidente Uribe son los asesinos de mi papá”, dijo Alejandro Orozco, hijo de uno de los fallecidos, después de enterarse de la noticia.

Brigada 17 del Ejercito Nacional torturo y ejecuto a un campesino en Comunidad de Paz de San Jose de Apartado y lo "legalizo" como guerrillero.


Brigada 17 del Ejército Nacional, torturó y ejecutó a un campesino en Comunidad de Paz de San José de Apartadó y lo "legalizó" como guerrillero dado de baja en combate


Nuestra opción por la vida, por intentar vivir un mundo distinto desde la justicia nos obliga a dejar constancia de los horrores que se siguen viviendo en la zona, creemos que esta voz que queda en la historia permitirá a la humanidad poder juzgar a estos asesinos que han causado terror y muerte sistemática.


- El día 31 de agosto de 2007 ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ, campesino de 19 años, salió de su casa a las 3 p.m a recoger leña, su vivienda está ubicada en la vereda la Miranda (a tres horas de San Josesito). Su hermana se quedó esperándolo en la casa toda la tarde y la noche, ya que no llegó. El día domingo 2 de septiembre fueron avisados de que ALFONSO DE JESUS BEDOYA FLOREZ estaba muerto y se encontraba en el hospital de Apartadó.
La familia fue por su cuerpo con el apoyo de la comunidad el lunes 3 de septiembre, allí fueron interrogados por el CTI quienes le preguntaron a la familia de que bando era ALFONSO y cual era su alias, la familia enérgicamente les respondió que su hermano no era de ningún bando ni tenia alias que era un campesino. El CTI les dijo que la Brigada XVII era quien había entregado el cuerpo de ALFONSO. El médico forense le entregó el cuerpo de ALFONSO a su familia y les dijo que había sido torturado bastante y que su muerte había ocurrido hacia la mañana del sábado 1 de septiembre.
La comunidad pidió a la defensoría nacional indagar a la Brigada sobre la muerte de ALFONSO y la respuesta que tuvieron era que ALFONSO había sido dado de baja. ALFONSO había sido buscado en Caracolí (ubicado a quince minutos de San Josesito en dirección a Apartadó) por los paramilitares el domingo 24 de junio, al no encontrarlo le dejaron razón con una hermana que lo tenían que acabar tarde o temprano. ALFONSO fue velado y enterrado en la comunidad el 3 de septiembre en la tarde.
Nuevamente un campesino es asesinado y colocado como un guerrillero, ALFONSO no pertenecía a nuestra comunidad pero si era un campesino reconocido en la zona. Es la perpetuidad de la barbarie, de la total injusticia y ante la muerte no nos arrodillamos ni guardamos silencio, la vida es nuestra defensa y por ello la humanidad no puede dejar de juzgar algún día esta muerte, esta tortura, que evidencia el exterminio a que se está sometiendo la zona. De nuevo un campesino es presentado como guerrillero como hicieron con ARLEN y EDILBERTO, miembros de nuestra comunidad y asesinados por el ejército.
El 1 de septiembre día en que la comunidad recibía el premio de paz de Aquisgran, acción solidaria y de vida de un pueblo hermano, los victimarios le quitaban la vida a ALFONSO, esta alegría y tristeza solo nos da la fuerza para seguir resistiendo civilmente y no permitir que la muerte prevalezca sobre la vida. Nuestra mayor solidaridad a su familia, ALFONSO estará con nosotros en nuestro parque de la memoria, no fue de nuestra comunidad pero su muerte es sangre que nos alienta para seguir trabajando por un mundo donde este horror no siga ocurriendo.


COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Septiembre 4 de 2007

lunes, 3 de septiembre de 2007

SIN OLVIDO 88: NYDIA ERIKA BAUTISTA

NYDIA ERIKA BAUTISTA
Detenida - Desaparecida Forzadamente el 30 de Agosto de 1987

MEMORIA Y JUSTICIA

Hace veinte años, un domingo 30 de agosto, NYDIA ERIKA BAUTISTA fue detenida, desparecida y torturada, por unidades militares adscritas a la Brigada 20 del ejército, en el barrio Casablanca de la ciudad de Bogotá.

NYDIA ERIKA, de 33 años de edad, fue durante su juventud activista estudiantil y en el momento de su desaparición forzada y asesinato era militante del M-19. NYDIA ERIKA había sido detenida y torturada en mayo de 1986 en la ciudad de Cali, por efectivos militares de la Brigada 3 del ejército.

El 22 de enero de 1991, el sargento BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, que en el momento del secuestro de NYDIA ERIKA pertenecía al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano" de la Brigada 20, declaró ante la Procuraduría que “ la Unidad de Operaciones Especializadas del Batallón "Charry Solano" fue la responsable de la desaparición de Nydia Erika Bautista... se llevó a cabo la desaparición con el conocimiento y aprobación del Coronel del Ejército Álvaro Velandia Hurtado”.

Han pasado 20 años de impunidad, de trabas en el proceso de esclarecimiento y de búsqueda de Justicia. El Estado colombiano a hecho caso omiso a las decenas de recomendaciones internacionales que se han dado frente a este crimen de Lesa Humanidad. Los responsables de la desaparición forzada, de la tortura y tratos crueles e inhumanos que padeció NYDIA ERIKA, han recibidos premios y reconocimientos, se mantienen en las altas esferas sociales bogotanas e instruyendo a los nuevos militares.

Es el caso del Brigadier General ®ALVARO HERNAN VELANDIA HURTADO, responsable por acción y omisión de la detención, tortura, desaparición y posterior asesinato de NYDIA ERIKA , como lo estableció el 6 de julio de 1995 un Procurador Delegado para los Derechos Humanos, cuya decisión al concluir una investigación disciplinaria fue que “El Brigadier General Velandía Hurtado, que en el momento de los hechos se desempeñaba como Coronel y Comandante de la XX Brigada , a la que estaba adscrito el Batallón “Charry Solano” del Ejército, había tenido pleno conocimiento de la retención, desaparición forzada, tortura y homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA por hombres bajo su mando, y que había tenido el “deber, el poder y la oportunidad de evitar que se produjera este grave crimen”.

“El 1 de septiembre de 1995, el procurador delegado para los Derechos Humanos dimitió de su cargo y abandonó el país tras haber recibido repetidas amenazas de muerte.” (Aparte de la Declaración Pública de Amnistía Internacional ­ AMR 23/070/2002 (Público) del 9 de julio de 2002. Colombia: Violadores de Derechos Humanos deben ser destituidos y enjuiciados) Ver Documento completo en http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230702002?open&of=ESL-COL

El comunicado de Amnistía Internacional expresaba su preocupación por la decisión tomada por el Consejo de Estado el 23 de mayo del 2002, en la cual se fallaba en contra de la decisión de la Procuraduría de 1995 de destituir al Brigadier General VELANDIA HURTADO, que se hizo efectiva con el Decreto Presidencial el 11 de septiembre de 1995, que ordenó la destitución de VELANDIA HURTADO, como respuesta a la presión nacional e internacional. Antes de hacer efectiva la destitución, el Brigadier General VELANDIA fue condecorado en ceremonia militar del 4 de agosto de 1995.

Actualmente, el Brigadier General ALVARO VELANDIA HURTADO se desempeña como director del Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá (Colombia). VELANDIA, además de ser uno de los responsables de la desaparición forzada y asesinato de NYDIA ERIKA , aparece en un listado elaborado por la Procuraduría en 1983, donde se señala a 58 militares con vínculos paramilitares y se afirma que VELANDIA fue uno de los creadores y líderes del grupo paramilitar M.A.S. (Muerte a Secuestradores). VELANDIA también fue sindicado de ser el autor del atentado contra el sindicalista ARMANDO CALLE en Honda (Tolima) el 3 de mayo de 1982. Hecho por el cual fue absuelto por la Justicia Penal Militar.

Han pasado 20 años de impunidad y hoy desde la memoria , el hijo de NYDIA ERIKA expresa desde sus recuerdos y presencias. 20 años de impunidad, 20 años de insistencia, de búsqueda de justicia, 20 años recogidos en estas palabras de ERICK ARELLANA BAUTISTA:

“… Hablando de canciones y de huellas, miro los ojos nublados del abuelo, que pretenden mirarme sin verte a vos, y me dice que ya tengo tu edad, que está marcado en nuestro destino, si supero las pruebas del camino, este camino de la vida estará abierto para mí muchos años, según el viejo. Entre sus afirmaciones se cuela el humor negro de quienes recuerdan que a muchos se los llevaron en los treinta y tres, como a Cristo, el Cristo rebelde e insurgente, el Cristo obrero, el Cristo estudiante, Cristóbal.

Ya hemos vuelto de esa larga travesía que significa el exilio, a quedarnos en este lugar por donde transitan nuestros pensamientos, que como le oí afirmar a una indígena Embera, es el territorio. Nuestro territorio. Por los caminos andados en este retorno podría decirte que todo permanece igual, que las injusticias son ley, que los asesinos son héroes y que la dignidad humana aún se resiste a ser pisoteada a pesar del exterminio. (…) A veinte años de tu homicidio, los jueces dicen que no hay responsables de tu muerte y recuerdo a Toñín diciendo que tenías veinte años cuando me pariste. Recuerdo tus ojos brillantes como un horizonte y en el río del tiempo puedo afirmar que hoy te extraño, como te extrañé hace veinte, cuando tenías treinta y tres.”

“A mi hijo

A mi Ángel

A mi Erick

Para que en sus

Pocos años se compenetre

Con sus hermanitos

De pueblo

Yo se que ahora no

Lo entiendes

Pero a través de la vida

Te darás cuenta

Y entenderás

Lo que te quise decir.

NYDIA ERIKA BAUTISTA



Es domingo, día de la madre, mi hijo me ha escrito un poema, en el dice que se compromete a continuar el camino de lucha por la dignidad de nuestro pueblo.

Ahora estoy en la clandestinidad, me detuvieron los militares en un allanamiento, después de muchas torturas me dejaron nuevamente en libertad. Para dejarme venir a mi casa me hicieron firmar un documento en el que afirman que durante la detención me trataron bien, que ironía! Que ahora colaboraría con ellos, que mentira! Ese es el precio de mi libertad! Ahora en Bogotá me persiguen, y siento que mis días se esfuman…

Hoy es el día de la primera comunión de mi hijo, ha decidido bautizarse como católico, hace dos días que se llevaron a Cristóbal, siento que ya vienen por mí…

Son nueve hombres, vestidos de civil, están en una camioneta gris, me raptan y me llevan a una nueva sesión de torturas de las cuales saldrán los últimos gritos de este cuerpo, de esta vida.

Alguno da el tiro de gracia, cobardemente, sin mirarme a los ojos, pues me han mantenido vendada todos estos días.

Dejan mi cuerpo en una bolsa plástica en la carretera, allí vienen a enterrarme, como N.N., sin nombre, sin identidad, sin familia, sin referencia alguna a las luchas emprendidas por mí, por nuestra gente.

Aquí en este desierto lleno de muertos sin nombre, permanecerá mi cuerpo, hasta que lo encuentren tres años después. Mientras tanto mi hijo crece, preguntando por mí, por mi paradero, por mi vida…

Pero ahora que mi cuerpo no es más que una prueba de mi existencia, de mi paso por el mundo, ahora justo ahora no lo puedo abrazar…

Mi hijo tuvo que exiliarse por preguntar por mi, por intentar buscar justicia, una década creciendo desterrado, como los miles de exiliados y desplazados por la violencia política de nuestro país. Ahora es uno más de los hijos e hijas que luchan contra la impunidad… contra el olvido… por la memoria nuestra… ¿Víctimas de qué?”



Por ello,

NYDIA ERIKA… En la Memoria

NYDIA ERIKA… SIN OLVIDO



Bogotá, D.C Agosto 30 de 2007
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Nuevas Amenazas de las Aguilas Negras



En Colombia, según Álvaro Uribe, se desmovilizaron los grupos paramilitares, pero lo real es que continúan más activos, desde la cárcel o por fuera de ella.

Cada vez que el gobierno y la administración de ECOPETROL implementan programas de privatización de ECOPETROL, o de entrega de nuestros recursos se incrementan las amenazas contra el sindicato. Como ahora cuando los trabajadores expresan su rechazo a la decisión de la venta de acciones que se iniciara este 27 de agosto.

ANTECEDENTES:


La Unión Sindical Obrera, ha venido en un proceso de lucha y resistencia en defensa de ECOPETROL, proceso que ha sido duramente reprimido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Durante ese largo proceso, la Junta Nacional de la USO , a liderado a los trabajadores en su accionar, presentado propuestas alternativas para que la riqueza se invierta en la mayoría y en defensa de la soberanía nacional.
La USO, ha sido victima permanentemente de violaciones de DDHH. Por esto, se encuentra amparada por medidas cautelares, dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En diciembre de 2001 en el marco del Foro Petrolero de Cartagena, fue secuestrado y asesinado el compañero Aury Sara Marrugo, desde ese momento se reinicia una persecución sistemática e integral contra nuestro sindicato, 7 dirigentes sindicales fueron despedidos en noviembre del 2002, en el 2003 se bloquea la inscripción en el registro sindical de la nueva junta de Cartagena, en el año 2003 se amenaza a Edgar Mojica Vanegas y Rodolfo Vecino dirigentes nacionales de la USO, en el 2004 son despedidos 15 trabajadores de la subdirectiva, en marzo del 2005 se atenta contra Rafael Cabarcas, y además entre los meses de septiembre y octubre intentan el secuestro de los hijos del compañero Rodolfo Vecino a la salida del colegio, el 25 de noviembre de 2006 se atenta contra la compañera de Rodolfo Vecino y en marzo de 2007 se atenta contra la familia de Rodolfo Vecino, todo lo anterior en el marco de la oposición que el sindicato realizaba contra la venta de la refinería de Cartagena, durante estos últimos seis años las amenazas de muerte han sido permanentes en la ciudad de Cartagena.

HECHOS:

El 17 de Agosto, los compañeros HERNANDO MENESES VELAIDES Secretario de Derechos Humanos de la USO Nacional y el Compañero IVAN CEPEDA CASTRO, líder del Movimiento Nacional de Victimas recibieron un panfleto en el cual se condenaba a muerte a los miembros de organizaciones como la USO y a otras organizaciones sociales y políticas, su texto señala: “EL QUE SE QUEDE LO QUEMAMOS NUESTRA AMENAZAS SON UN HECHO GURRILLOS DE CARTAGENA SIGUEN CREYENDO QUE ES UN JUEGO LA MUERTE DE MANUEL LOPEZ NO ES CASUALIDAD ASI QUEDARAN MUCHOS QUE ESTAN EN NUESTRA LISTA NEGRA POR SUS VINCULOS CON LAS FARC Y GRUPOS BOLIVARIANOS RESULTADO DE NUESTRAS LABORES DE INTELIGENCIA CON EL PROPOSITO DE IMPEDIR QUE NUEVAS FUERZAS POLITICAS ALIADAS DE LA IZQUIERDA GUERRILLERA SURJAN EN CARTAGENA NOSOTRO ELEGIREMOS EL 80 % DE LOS DIPUTADOS DE BOLIVAR Y EL 70 % DEL CONSEJO DE CARTAGENA... MUCHOS LIDERES MARICONES SE HAN IDO DE LA CIUDAD USTEDES QUE ESPERAN HIJUEPUTAS O CORRERAN LA MISMA SUERTE DE LOPEZ.................. DE MANERA QUE DESDE NOVIEMBRE HASTA LA FECHA HAN SALIDO VARIOS HP COMO RESULTADO DE NUESTRAS OPERACIONES EN CONJUNTO CON LAS FF MM.............. USTEDES CON SU COMUNISMO BARATO HAN QURIDO COMPRAR CONCIENCIAS ......... SINDICALISTAS, LIDERES SOCIALES, PERIODISTAS ORGANIZACINES VEEDORAS DE LA DEMOCRACIA Y ESTUDIANTES AMIGOS DE LA GUERRILLA DE CARTAGENA SON DECLARADO OBJETIVO MILITAR SABEMOS COMO SE MUEVEN EN LA CIUDAD USTEDES Y SUS FAMILIAS HP NUESTRA AMENAZAS NO SON TEMPORALES MARICONES COMO PIESAN MUCHOS...........”

ULTIMATUM
MUERTE MUERTE MUERTE
REFUNDANDO IDEAS POR UNA CARTAGENA LIBRE DE GUERRILA
AGUILAS NEGRAS (BLOQUE DISIDENTE)

El viernes 31 de Agosto, el compañero RODOLFO VECINO ACEVEDO fue amenazado mediante un correo electrónico que transcribimos a continuación:

“BARRANCA BERMEJA, 31 DE AGOSTO DE 2007

CONFIRMAMOS NUESTROS PROPOSITOS RODOLFO VECINO, CON TODA LA INTELIGENCIA DEL CASO REALI ZADAS EN CARTAGENA, BARRANCA, ARAUCA, ETC, NOS CONFIRMAN QUE TE SALVAST E EN CARTAGENA, TUVISTE SUERTE EN TODAS LAS OPORTUNIDADES PARA ANIQUILARTE, PERO AHORA NO TE VAS A SALVAR DE ESTA, QUE CONSTE QUE SE ADVIRTIO QUE SALIERAS DE CARTAGENA Y NO LO HAS HECHO, HAS SEGUIDO EN LO MISMO Y AHORA NOS ESTAS JODIENDO AQUI EN BARRANCA PERO TE QUEREMOS ADVERTIR POR ULTIMA VEZ QUE NO CREO QUE CUENTES CON LA MISMA SUERTE AQUI Y EN NINGUN LUGAR DE NUESTRO TERRITORIO COLOMBIANO, NO NOS SUBESTIMES, TE LLEGO LA HORA, QUE CONSTE QUE VAS A DEJAR A UNA VIUDA Y CUATRO HIJOS, RECUERDA CUANDO LOS BUSCARON Y EL ATENTADO A TU MUJER POR EQUIVOCACION POR QUE SABES QUE ERA PARA TI. MALPARIDO TE VAMOS A BAJAR SABEMOS TODOS TUS MOVIMIENTOS. TE DECLARAMOS OBJETIVO MILITAR. NO TE SALVARAS NI LOS GUERRILLEROS QUE TE CUIDAN, NI BLINDAJE NI NADA, NUESTRO PLAN DE ANIQUILAMIENTO CONTRA TODOS LOS LIDRES SINDICALES Y TODOS LOS GUERRILLEROS Y GUERRILLERAS Y.M.R.G.L, ETC YA ESTA LISTO. YA NOS TIENES MAMADOS , MALPARIDO RODOLFO CON TUS IDEALES DE MIERDA.

TENEMOS SUFICIENTE PODERIO MILITAR Y DE INTELIGENCIA, SEGUIMOS CON FIRMEZA. ¡TIENEN QUE CUMPLIR LO QUE ORDENAMOS¡ HIJOS DE PUTAS ¡YA VERAN LO QUE LES ESPERAN¡ YA ESTA LA ORDEN LISTA”.

AGUILAS NEGRAS UNIDAS DE COLOMBIA

Ante la gravedad de estos hechos, la Junta Directiva Nacional y la Comisión de DDHH y PAZ de la USO , al igual que la CUT , se comunicaron con el Ministerio del Interior, el DAS, la Policía Nacional , para que de inmediato se iniciara una investigación sobre las amenazas y se garantizara la vida del compañero RODOLFO VECINO y su familia.

SOLICITUDES Y RESPONSABILIDADES:

Ante la negligencia de brindar la protección necesaria para ejercer la actividad sindical y social, responsabilizamos al Estado Colombiano de cualquier atentado en contra de la vida de los compañeros RODOLFO VECINO ACEVEDO, HERNANDO MENESES VELAIDES e IVAN CEPEDA CASTRO, sus familia y demás integrantes de la dirigencia sindical de la USO y organizaciones sociales.
Solicitamos a las organizaciones sociales y sindicales, organismos defensores de DDHH, a pronunciarse en contra de dichas amenazas y desarrollar todas las acciones que respalden la protección de la vida de los compañeros.
Exigimos al gobierno nacional y a ECOPETROL, se brinden de inmediato todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de RODOLFO VECINO su familia y los demás miembros del sindicato.


JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA USO


COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS USO